La ONU estima que los abusos, incluyendo al menos 387 violaciones, cometidas por rebeldes en el verano de 2010 en 13 aldeas en el norte de Kivu, en la República Democrática del Congo (RDC), podrían constituir "delitos de lesa humanidad" de acuerdo con su informe presentado este miércoles.

"Debido al hecho de que estos ataques fueron bien planificados y fueron abusos sistemáticos y precisos pueden constituir crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra" de acuerdo con la Corte Penal Internacional (CPI) indica la proporción de ONU investigadores.

Las víctimas

La ONU atribuye la violencia a un grupo de 200 hombres, compuesto por fuerzas rebeldes hutus del Ejército Democrático para la Liberación de Ruanda (FDLR), las milicias Mai-Mai y los miembros de las fuerzas del coronel Emmanuel Nsengiyumva.

El informe, elaborado por la Oficina Conjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (UNJHRO) indica que, basándose en las pruebas que han logrado reunir hasta el momento, por lo menos 387 civiles han sido violados por estos combatientes, entre ellos 300 mujeres, 23 hombres, 55 niñas y nueve niños.

Además, al menos 923 casas y tiendas han sido saqueadas por 42 de los atacantes, mientras que 116 civiles han sido secuestrados y obligados a realizar trabajos forzosos.

Pero además de estas víctimas, objetivo de los rebeldes por considerarles a favor del apoyar al gobierno, podría haber muchas más, según la ONU.

"Los investigadores concluyen que la mayoría de las violaciones, realizadas con una maldad vil por grupos de hombres, se han cometido en presencia de los hijos de las víctimas y otros miembros de sus familias y comunidades", se lamenta el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, en un comunicado.

Pruebas previas

Ya en un informe preliminar sobre el tema publicado en septiembre de 2010, la ONU había tratado este tema que describía como  la "violación de miedo", señalando que también se había logradp impedir algunos abusos gracias a la colaboración entre el ejército congoleño y la misión de la ONU en República Democrática del Congo, MONUSCO.

Sin embargo, "hasta la fecha, el progreso de la justicia militar no es suficiente", concluye el informe, señalando además que las autoridades solo han abierto una investigación contra los Mai-Mai.

"Con la excepción del teniente coronel Mayele (líder de los Mai-Mai), ninguno de los autores de estas graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario han sido arrestados o acusados".

Además, en esto ha influido el hecho de que la investigación judicial sobre las violaciones ha tenido que ser suspendida por cuestiones de seguridad de 150 testigos y víctimas, algo que se debe, según denuncia, a la "ausencia de medidas adecuadas" para protegerlos.