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La polémica ley de inmigración de Arizona, la Ley SB1070, entra en vigor este jueves, como estaba previsto, aunque descafeinada. Las secciones más controvertidas han quedado en suspenso por orden judicial. La justicia ha dado la razón al presidente Barack Obama en su pulso con la gobernadora republicana Jay Brewer.
La orden de bloquear parcialmente la ley la ha dado la jueza federal Susan Bolton. En su dictamen de Phoenix, la jueza ha ordenado el bloqueo concreto de tres puntos clave, incluida la obligación de los agentes de Policía a comprobar el estatus migratorio de una persona a la que hayan detenido por otras razones.
También queda en suspenso la aplicación de otra sección que obliga a los inmigrantes a llevar encima siempre la documentación que demuestre que se encuentran de manera legal en el país.
Igualmente se suspende la sección que convertía en delito el que los inmigrantes indocumentados pudieran pedir empleo en lugares públicos.
La jueza Bolton ha explicado que tomó la decisión porque bajo la nueva ley, "hay una probabilidad sustancial de que los agentes detendrán erróneamente a inmigrantes legales".
"Al aplicar esta medida, Arizona impondría una carga 'extraordinaria, inusual y característica' a los inmigrantes ilegales que sólo el Gobierno Federal tiene autoridad para imponer", añadió en su dictamen.
La ley de inmigración SB1070, quedó promulgada por la gobernadora de Arizona, Jay Brewer, el pasado mes de abril.
El presidente de EE.UU. ha criticado en numerosas ocasiones la ley, a la que ha calificado como "mal concebida". El pasado 6 de julio decidió recurrirla.
La medida afronta en total siete demandas, entre ellas la del Departamento de Justicia, que alega que los estados no deben usurpar la competencia del Gobierno federal para decidir la política migratoria.
La Secretaria del Trabajo de los Estados Unidos, Hilda Solís, nacida en ese país, de padre mexicano y madre nicaragüense, ha expresado su beneplácito por el fallo y ha afirmado que la decisión de la jueza protegerá a personas "como yo" de ser detenidos o entregar documentos.
Por su parte, la Gobernadora republicana de Arizona, Jay Brewer, ha considerado el dictamen de la jueza federal Susan Bolton como "una piedra en el camino", pero ha asegurado que "la batalla no ha hecho más que empezar".
Se calcula que en Arizona hay cerca de 460.000 inmigrantes ilegales, la mayor parte de ellos hispanos y en todo EE.UU. residen unos 12 millones de indocumentados.
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