Obama ya tiene una reforma de la Sanidad para firmar y convertir en ley. Pase lo que pase con las enmiendas en el Senado la próxima semana, ya que ambas cámaras han aprobado el mismo proyecto. Más centrista que las dos primeras versiones. Un compromiso entre ambas.
El alcance de la reforma se mide en primer lugar por los grandes números. Extiende la cobertura sanitaria a 32 millones de ciudadanos. El 95% de los menores de 65 años tendrán asistencia médica, comparado con el 83% actual. Los mayores ya la tienen a través del Medicare, lo más parecido a nuestro sistema público en Estados Unidos. Los jóvenes, hasta 26 años, estarán cubiertos por la póliza de sus padres.
Quedan fuera los inmigrantes ilegales, al menos 11 millones de personas, 20 millones según otros cálculos. No podrán comprar una póliza en el nuevo mercado de seguros. Algo que han tenido que tragar a su pesar los congresistas hispanos. También se cae la opción pública que aprobó en noviembre la Cámara de Representantes, para disgusto del ala liberal. El sistema sanitario seguirá siendo esencialmente privado.
Pero tan importante como la extensión de la cobertura sanitaria es el fin de los abusos de las compañías aseguradoras. La reforma acaba con el más sangrante: negar la póliza a aquellos clientes por su historial médico, especialmente a los niños. Tener SIDA o un infarto supone no poder comprar un seguro, aunque se tenga el dinero.
Del mismo modo, la reforma pone coto a las subidas indiscriminadas de las pólizas. El caso más escandaloso ha sido el incremento de un 39% de la compañía californiana Anthem Blue Cross. Pero subidas del 10% anual están a la orden del día. También acaba con otro abuso: la cancelación de la póliza cuando el cliente más lo necesita, en la camilla de la sala de urgencias, a cuenta de la letra pequeña.
La reforma sanitaria cuesta algo menos de un billón -con B- de dólares, acorde con un sector que representa un sexto de la economía norteamericana. 940.000 millones de dólares a lo largo de los próximos diez años.
La reforma trata de atajar el creciente coste de la Sanidad y la presión de una población que envejece. En ese periodo, los ajustes introducidos permitirán reducir el déficit en casi 140.000 millones de dólares, según la Oficina Presupuestaria, un órgano independiente. Y más de un billón en la siguiente década, según los demócratas.
El proyecto se financia a partir de 2018 con un impuesto sobre las pólizas más caras y completas, las llamadas "Cadillac". Para disgusto de los sindicatos. Además hay otro gravamen sobre las rentas por intereses y dividendos de las familias más ricas: más de 250.000 dólares anuales.
Para extender la cobertura sin alterar la esencia privada del sistema, se crea un nuevo mercado de seguros a escala nacional. Y se ayuda con subsidios federales a las familias con menos ingresos: menos de 88.200 dólares anuales.
En el meollo de la reforma, se exige a casi todo el mundo que adquiera una póliza, a riesgo de multa. Para los más pobres, los que ingresan menos de 29.327 dólares anuales para una familia de cuatro miembros, se amplía la cobertura del Medicaid, un seguro público.
Además, se acaba con el llamado "doughnut hole". Un agujero que cargaba sobre el paciente el pago íntegro de los medicamentos cuyo coste está entre 3.000 y 6.000 dólares. Se financia ahora con una nueva tasa sobre las farmacéuticas.
El aborto ya está limitado por ley: no se puede pagar con fondos federales. Aquellas personas que adquieran una póliza que lo cubra en en el nuevo mercado, tendrán que pagar aparte la parte correspondiente.
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