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Ricardo Cazorla ha pasado su primera noche libre tras ser absuelto de tres delitos de violación

El hombre al que el Tribunal Supremo (TS) absolvió esta semana después de que la Audiencia Provincial de Las Palmas lo condenara en julio de 2009 a 36 años de prisión por violar a tres jóvenes en Gran Canaria pedirá ser indemnizado por los dos años y siete meses que ha pasado en prisión.

Además, esa indemnización, que su abogado, Sergio Armario, prevé tener cuantificada la próxima semana, también buscará un resarcimiento por los daños morales que se han causado a su defendido con este proceso.

El condenado y absuelto este martes por el TS, Ricardo Santiago C.C., salió de prisión a las pocas horas de que el Alto Tribunal, que aún no ha dictado sentencia, tomara la decisión de absolverle al estimar que es científicamente imposible que sea el autor de las violaciones por las que cumplía una pena de cárcel.

Su letrado, que llevó esta causa por el turno de oficio, ha considerado que se ha cometido "un error" con su defendido, ya que contra él "no había pruebas de cargo", sino las "declaraciones de tres víctimas que fueron violadas por una persona que tenía el mismo modus operandi".

Además, ha subrayado que "estas chicas que ahora identifican sin ningún género de dudas" a su "cliente, hace diez años ya habían identificado a otros y declarado que nunca le vieron la cara".

Factores que lo hacían imposible

A juicio del abogado, "había muchos factores que hacían casi imposible" que su defendido "fuera el autor" de las tres violaciones que se le imputaban.

Entre ellas citó el hecho de que hubieran transcurrido diez años desde que se cometieran los hechos denunciados por las víctimas, que éstas en 1997 declararan no haber visto la cara de su agresor, o la adicción a la heroína y la minusvalía psíquica del 66% que sufre el ahora absuelto como consecuencia de un atropello sufrido en 1995, que le dejó "al borde de la muerte".

La Sala de lo Penal del TS ha decidido absolver a Ricardo Santiago C. y estimar el recurso que éste interpuso contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial en julio del año pasado porque con las pruebas de ADN de las que se dispone no se le puede condenar. La sentencia, de la que es ponente el magistrado Adolfo Prego, será redactada en los próximos días.

La Audiencia Provincial de las Palmas consideró probado que las tres violaciones tuvieron lugar entre el 13 y el 17 de noviembre de 1997. Por ello, le impuso 36 años de cárcel, 12 por cada violación, así como una indemnización total de 30.000 euros y una multa de 1.000 euros por tres faltas de lesiones.