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La presidencia española de turno de la UE ha recabado el apoyo de doce socios comunitarios a su propuesta de directiva para una orden europea de protección de víctimas, medida especialmente urgente en los casos de violencia doméstica.
El objetivo es que la persona que cuenta con medidas de protección en su país no las pierda al traspasar la frontera.
Una disposición de reconocimiento judicial mutuo que permite, por ejemplo, que se mantenga una orden de alejamiento para el agresor si sigue a su víctima hasta otro país de la UE.
En la actualidad no hay base legal comunitaria que permita a un Estado reconocer la protección dictada para una víctima en otro miembro de la UE, por lo que es necesario volver a pedir amparo en caso de cambiar de país.
Aunque ningún país se muestra contrario al objetivo mismo de la propuesta de directiva, algunos Estados miembros como Reino Unido o Alemania han presentado reservas por las dificultades técnicas y jurídicas que supondría la aplicación de la norma, explicaron a Efe fuentes diplomáticas.
Y es que la protección de víctimas se regula en algunos sistemas legales por la vía civil y en otros por la penal, y también existen diferencias por ejemplo en las autoridades que pueden dictarlas según cada país (jueces, policías o incluso asistentes sociales).
En cambio, según las mismas fuentes, países vecinos como Portugal, Francia o Italia no han mostrado objeciones.
Según los datos remitidos por los países de la UE, en 2008 se dictaron hasta 73.000 medidas de protección, la mayoría en casos de violencia de género.
El texto prevé que la orden europea entre en vigor sólo cuando lo pida la víctima y que se ejecuten en el nuevo país medidas equivalentes a las que obtendría en el suyo, si no existe una acción igual.
La autoridad competente del Estado de emisión de la orden la transmitirá a su homóloga del país donde debe ejecutarse "por cualquier medio que deje constancia escrita y en condiciones que permitan a la autoridad competente del país de destino determinar su autenticidad".
Las autoridades del país al que se desplace la víctima podrán denegar el reconocimiento de la orden europea si "la protección se deriva de una pena o medida que haya sido objeto de amnistía conforme al Derecho del Estado donde deba ejecutarse" o "si la persona causante del peligro goza de inmunidad".
Aunque el Estado de destino respete y ejecute lo dictado en otro país, no por ello tiene jurisdicción sobre el caso, quedando todavía el conocimiento del mismo en manos del país donde se dictaron las medidas por primera vez.
A partir de aquí, los representantes de los Veintisiete deben preparar un borrador definitivo, que será después sometido a la aprobación de los ministros de Justicia e Interior de la UE y el Parlamento Europeo.
España se ha propuesto que la directiva sea aprobada durante su presidencia, hasta el 30 de junio, ya que extender la protección a las víctimas de la violencia de género a toda la UE es una de sus prioridades (pdf) que ha establecido para su mandato.
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