La administración Obama ha declarado formalmente que los gases de efecto invernadero suponen un peligro para la salud pública. Lisa Jackson, responsable de la EPA -Agencia de Protección Medioambiental-, ha señalado que "la amenaza del cambio climático es real" y que la administración Obama asume su responsabilidad con la ciencia y las generaciones venideras.

La calificación de peligro para la salud es el resultado final de un proceso que se inició en 2007. Entonces, el Tribunal Supremo ordenó a la EPA que investigase si los gases de efecto invernadero podían calificarse como contaminantes bajo la Ley de Aire Limpio. El pasado mes de abril, la administración Obama ya dio el primer paso y los tachó de amenaza.

Margen de actuación sin el Congreso

Detrás de la calificación de peligro para la salud pública se abre una puerta mucho más sustanciosa. Permitiría al Gobierno de EE.UU. imponer recortes en la emisión de CO2. Incluso si el Congreso tumbara el proyecto de ley que se tramita actualmente en el Senado.

Como mínimo, supone un acicate para que el Congreso apruebe la legislación. Es la vía preferida por Obama. De hecho, Lisa Jackson ha señalado que la decisión es "complementaria" del Legislativo y que espera trabajar estrechamente con ellos.

Si fracasara, la administración podría regular por su cuenta la emisión de todos los contaminantes, desde los coches a las centrales térmicas, pasando por el colmado de la esquina y la construcción de un edificio. Y podría hacerlo a partir de la próxima primavera para las principales empresas.

En teoría, y según los borradores, quedarían exentas las que emitan menos de 25.000 toneladas de CO2 anuales. Pero está por ver que la exención pasara la criba de los tribunales.

Argumentos para Obama en Copenhague

En cualquier caso, la decisión da munición a Obama para acudir a la cumbre de Copenhague con algo más que buenas palabras. El Presidente se ha comprometido a reducir las emisiones un 17% en el año 2020, sobre los niveles de 2005. Pero hasta ahora, el compromiso dependía de que el Congreso aprobara la ley y el Senado diera su visto bueno a un futuro tratado.

Como ha señalado Jackson, la decisión de la EPA es una "clara demostración de nuestro compromiso en Copenhague". No es gratuito, "si fracasamos en la reducción de los gases de efecto invernadero, el planeta que dejaríamos a la siguiente generación sería muy diferente del actual", ha augurado.