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González Pons tacha de mentiroso a Rubalcaba y le recuerda que aunque el PP encargó el SITEL no se usó porque era ilegal

El PP culpa a Rubalcaba de que la española sea "una sociedad vigilada"

  • Pons denuncia el sistema de interceptación de comunicaciones SITEL

  • Considera que es "inconstitucional e ilegal" y cuestiona el derecho a la intimidad

  • Presentarán una proposición no de ley para garantizar la privacidad de las comunicaciones

  • Rubalcaba replica que SITEL lo contrató el Gobierno del PP

  • El ministro acusa al PP de "intentar librar" a sus compañeros implicados en Gürtel

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El responsable de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha acusado al ministro Alfredo Pérez Rubalcaba de ser el responsable de que la española sea "una sociedad vigilada", ya que Interior emplea un sistema de interceptación de comunicaciones que cuestiona el derecho a la intimidad. Por su parte, Rubalcaba ha replicado que el sistema fue contratado por el Gobierno del PP.

González Pons, en una conferencia de prensa celebrada en la sede nacional del PP, ha adelantado que el grupo popular en el Congreso registrará este miércoles mismo una proposición no de ley al respecto con el fin de garantizar la privacidad de las conversaciones telefónicas de los ciudadanos, y de paso, reforzar las garantías de los derechos civiles, consagrados en la Constitución.

Para conseguir el mayor respaldo posible de los demás grupos parlamentarios, el vicesecretario de Comunicación del PP ha desvinculado su denuncia del caso Gürtel.

"Esto no tiene nada que ver" -con el citado caso, cuyo nombre ha evitado pronunciar-, ha afirmado antes de recordar: "En los últimos tiempos hemos podido ver cómo funcionan algunas instituciones, pero lo que denunciamos hoy tiene una importancia que sobrepasa con mucho cualquier avatar que atraviese ahora el Partido Popular".

El polémico sistema SITEL

La denuncia la ha basado González Pons en el mecanismo del sistema de interceptación de comunicaciones, SITEL, que emplea el Ministerio de Interior para efectuar diversas investigaciones.

Tal y como ha explicado el dirigente del PP, el mencionado sistema desvía una comunicación telefónica a un centro de almacenaje de datos que en verdad "no existe", ya que no tiene dirección ni se conoce quien lo dirige.

Sin embargo, ese centro "inexistente" registra "el cien por cien" de las llamadas y el resto de la información asociada, es decir, datos personales del emisor y del receptor con los que "perfectamente" es posible trazar "un perfil biográfico o psicológico", en palabras de Pons.

Al centro accede un "agente facultado" que selecciona la información pertinente para la investigación y acto seguido la acumula en un dvd.

Aquí aparecen algunas irregularidades, a juicio del dirigente del PP, toda vez que "no hay ninguna autoridad que certifique la autenticidad de lo grabado", por lo que el dvd "puede ser manipulado".

Además, como quiera que el disco contiene parte de la información registrada, el resto de la que se ha interceptado y no se incluye en el disco pasa a almacenarse, sin encriptar, en el centro referido, y "nadie la custodia", ha dicho Pons.

El proceso acaba con la llegada del dvd a la autoridad judicial, pero en este punto también surgen irregularidades, pues el juez conoce la información seleccionada, no el resto, sobre la que no hace nada porque desconoce el sistema SITEL. Sólo una minoría de magistrados lo conoce, según ha puntualizado.

Un sistema "inconstitucional e ilegal"

SITEL es, para el responsable de Comunicación del PP, "inconstitucional e ilegal" porque vulnera la Carta Magna y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en este último caso en lo que se refiere a la limitación del secreto de comunicaciones cuando lo autoriza el juez.

González Pons ha denunciado que tal sistema "está en manos de Interior" y no de la autoridad judicial.

Ha recordado, con todo, que cuando gobernaba el PP se creó un sistema como SITEL para combatir el terrorismo, la pornografía infantil y el narcotráfico. Sin embargo, nunca se puso en funcionamiento porque informes del Consejo General del Poder Judicial, del Ministerio de Justicia y del Departamento de Defensa señalaban que no había cobertura legal para ello.

Actualmente, ha apuntado, se emplea para usos muy distintos de los tres mencionados.

Rubalcaba dice que lo contrató el PP

Por su parte, el ministro del Interior, en una rueda de prensa urgente, ha recordado que el sistema integrado de interceptación telefónica SITEL fue contratado por el Gobierno del PP y ha ligado las críticas de este partido al mismo a la intervención de comunicaciones en la investigación del caso Gürtel.

Rubalcaba ha contestado diciendo que SITEL fue contratado por el actual presidente del PP, Mariano Rajoy, en su etapa de vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, y puesto en marcha por su sucesor en el departamento, Ángel Acebes, y la entonces subsecretaria de Interior y hoy secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

"Lo que más me preocupa es que para intentar librar a sus compañeros o conmilitones del PP presuntamente implicados en el caso Gürtel, el PP cuestione el trabajo de un sistema integrado que compraron Rajoy y De Cospedal, que puso operativo Acebes y en el que están las investigaciones autorizadas judicialmente de todo el terrorismo y de todo el narcotráfico", ha dicho Rubalcaba.

El titular de Interior ha señalado, además, que SITEL es un sistema "mucho más garantista" que el anterior y ha insistido en que en España "como sabe perfectamente el PP, no hay ninguna intervención telefónica que no esté autorizada por los jueces, con SITEL o sin SITEL, antes o ahora".

Para contestar a lo que el ministro ha tildado de "gravísimas acusaciones", Interior ha entregado a los periodistas copias de los contratos que permitieron la creación y puesta en marcha de SITEL.

En el primero de ellos, firmado el 24 de octubre de 2001 para la "adquisición e instalación de un sistema integrado de interceptación legal de comunicaciones (Proyecto SITEL)", aparece la firma de Mariano Rajoy. El segundo, que prorrogaba por seis meses el plazo de ejecución del proyecto, está fechado el 21 de marzo de 2003 y firmado por María Dolores de Cospedal, que el 30 de septiembre de ese año suscribió una nueva prórroga del proyecto por dos meses, hasta el 30 de noviembre de 2003.

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