La exhibición obligatoria de crucifijos en las aulas es contraria al derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus creencias y al de libertad de religión de los alumnos, según ha estimado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha condenado a Italia por ello a pagar 5.000 euros a una madre que había denunciado esta situación.

La corte se ha pronunciado de manera unánime a propósito de una reclamación de una ciudadana italiana, residente en la localidad de Abano Terme, que pidió la retirada de los crucifijos de las aulas en las que estudiaban sus hijos, de 11 y 13 años.

El tribunal de Estrasburgo considera que "la exhibición obligatoria del símbolo de una determinada confesión en instalaciones utilizadas por las autoridades públicas, y especialmente en aulas" restringe los derechos paternos a educar a sus hijos "en conformidad con sus convicciones".

El fallo agrega que esa exhibición del símbolo cristiano también limita "el derecho de los niños a creer o no creer".

Italia lo ve una decisión "ideológica"

El ministro de Educación italiano ha rechazado la decisión "ideológica" del tribunal y ha subrayado que la presencia del crucifijo en las escuelas "no significa una adhesión al catolicismo, sino un símbolo de nuestra tradición".

"La historia de Italia discurre también a través de sus símbolos, si los suprimimos acabamos con una parte de nosotros mismos. En nuestro país nadie quiere imponer la religión católica", ha añadido.

El caso fue presentado al Tribunal por Soile Lautsi, una madre italiana residente en Abano Terme, con dos hijos de 11 y 13 años, respectivamente, que en el curso 2001-2002 asistieron a clase en el instituto público "Vittorino da Feltre", de esa localidad (noreste de Italia).

Pugna judicial

Lautsi vio que las aulas tenían un crucifijo y estimó que eso era contrario al principio de secularidad en el que pretendía que se educara a sus hijos; presentó una reclamación pero la dirección de la escuela decidió dejar los símbolos religiosos en su lugar.

El Gobierno italiano defiende que el crucifijo es una enseña nacional

Posteriormente, reclamó ante las autoridades regionales, que llevaron el asunto al Tribunal Constitucional italiano, ante el cual el Gobierno defendió que la exhibición del crucifijo era "natural" porque no sólo es un símbolo religioso sino la "enseña" de la única iglesia citada en la Constitución italiana (la Iglesia Católica).

El Constitucional italiano se pronunció posteriormente, el 15 de diciembre de 2004, y consideró que no tenía jurisdicción sobre el asunto al estar relacionado con normas estatutarias y no legislativas.

Un tribunal administrativo se pronunció en marzo de 2005 y falló en contra de la demandante al considerar que el crucifijo es tanto un símbolo de la "historia y la cultura" italianas, "y, consecuentemente, de la identidad italiana", así como de los principios de "igualdad, libertad y tolerancia", según un comunicado del Tribunal de Estrasburgo.

Posteriormente, el 13 de febrero de 2006, el Consiglio di Stato rechazó la demanda porque consideró por su parte que el crucifijo se había convertido "en uno de los valores seculares de la Constitución italiana y representaba los valores de la vida civil".

El asunto fue después llevado al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que ahora estima que la presencia del crucifijo -la Corte precisa que se trata de su exhibición obligatoria en instituciones públicas- "podría interpretarse fácilmente por alumnos de todas las edades como un signo religioso".

"Molesta" para otras religiones y ateos

Aunque el Tribunal estima que esa exhibición "puede ser alentadora para los alumnos religiosos", añade que también puede ser "molesta" para los que practiquen otras religiones o sean ateos.

El Estado debe abstenerse de imponer creencias, estima el tribunal

"El Estado debía de abstenerse de imponer creencias en lugares de los que dependen las personas. En concreto, se debía observar una neutralidad confesional en el contexto de la educación pública", precisa el Tribunal en su decisión sobre el caso entre Lautsi y el Estado italiano.

En el fallo se agrega que este caso afecta a la educación pública, "donde la asistencia a clase era obligatoria independientemente de la religión, y donde el objetivo debería ser estimular el pensamiento crítico de los alumnos".

En su fallo, explica que, de manera unánime, el Tribunal consideró que, en el caso presentado por la demandante, se produjo una violación de los artículos 2 y 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.