El Consejo de Estado avisó al Gobierno de que no sería "lo más adecuado" permitir que las empresas de seguridad privada que  protegerán a los pesqueros españoles en el Indico puedan comprar las armas de guerra que portarán a bordo.

Según consta en su dictamen, opinó que "sería más prudente  garantizar la propiedad pública de tales armas".

No obstante, el Ejecutivo ha decidido permitir a las empresas que compren esas armas, previa autorización del Ministerio de Interior y  el Ministerio de Defensa, según un procedimiento que incluye mecanismos de control para su almacenamiento y  traslado.

"En un Estado como España -uno de cuyos principales problemas es  la existencia de movimientos terroristas organizados-, no parece lo  más adecuado permitir la adquisición de tales tipos de armas de  guerra por los particulares, cualquiera que sea la circunstancia y  finalidad", advierte el Consejo de Estado en el dictamen, que fue  redactado por su Comisión Permanente.

Esta institución sostiene además que el hecho de que empresas  privadas puedan comprar, sacar y volver a introducir en España armas  de guerra "no parece responder" al "laudable propósito" de impedir la  proliferación y el "tráfico ilícito" de armas que el Ejecutivo ha  proclamado en otras leyes.

El Gobierno no está obligado a tener en cuenta el dictamen

El dictamen del Consejo de Estado es preceptivo pero no es  vinculante y, de hecho, el Ejecutivo no ha atendido su propuesta de  que las armas sean de titularidad pública y luego el Gobierno fije  "condiciones" para su "posesión y uso por los servicios de seguridad  privada".

El Gobierno sí ha atendido la recomendación del Consejo de Estado de no regular mediante real decreto el calibre máximo de las armas de  guerra que podrán utilizarse a bordo y ha optado por precisarlo en la orden ministerial.

En contra del nacimiento de un "paraejército privado"

Otra de las advertencia de este órgano es que el Estado español  podría ser responsable de eventuales infracciones del Derecho  Internacional si la seguridad de los buques quedara a cargo de  "compañías militares privadas", una figura que está regulada en Reino  Unido y que constituye un "verdadero paraejército privado".

El Gobierno ha optado por dejar claro, en la orden ministerial,  que la protección de los pesqueros españoles sólo pueden llevarla a  cabo de empresas "de ámbito estatal" e inscritas "en el registro correspondiente del Ministerio del Interior".

El Consejo de Estado apoya la actuación de los vigilantes en aguas somalíes

Por otro lado, el Consejo de Estado está de acuerdo en que los  vigilantes armados a bordo de estos buques podrán actuar también en  aguas territoriales somalíes, puesto que Somalia se considera un  Estado fallido y la ONU ha dado luz verde a que se intervenga en  aguas territoriales de Somalia "para evitar los actos de piratería".

Esa autorización se refiere sólo a buques de guerra pero el  Consejo cree que puede extenderse a los "instrumentos armados que  garantizan la seguridad de los pesqueros" por "analogía" y porque la  Constitución establece que el mantenimiento de la seguridad es, en  cualquier caso, una competencia del Estado.