El pleno del Congreso debatirá este jueves las enmiendas a la totalidad que PP, CiU, BNG y UPyD han presentado a los dos proyectos de ley que regulan el nuevo sistema de financiación autonómica, aprobado el pasado mes de julio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
El nuevo modelo fue apoyado por todas las comunidades gobernadas por los socialistas y por Canarias, Cantabria y la ciudad de Ceuta, mientras que contó con la abstención de las comunidades del PP y de Melilla. Lo cerró la recién nombrada ministra de Economía Elena Salgado después de que su predesor Pedro Solbes no pudiera cuadrar su sudoku.
El sistema tendrá cuatro fondos: de garantía de servicios públicos fundamentales --se incluyen sanitarios, educativos y sociales--, de suficiencia global, de cooperación y de competitividad para reducir las diferencias de financiación per cápita.
El sistema también da a las regiones más capacidad de regular sus impuestos propios y cede una mayor parte de los estatales, hasta el 50% del IRPF y el IVA, y el 58% de los Impuestos Especiales. Finalmente, el sistema se completará con un
fondo adicional de 11.700 millones de euros.
Para evitar que el nuevo sistema inicie su tramitación parlamentaria, PP, CiU, BNG y UPyD han presentado hasta 20 enmiendas a la totalidad de los diferentes proyectos de ley que conformarán el nuevo modelo de financiación, fundamentalmente la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.
El PP quiere que se retire el nuevo modelo porque considera que "consagra la desigualdad de los ciudadanos cuando deban recibir prestaciones sociales". La portavoz de los populares en la Cámara Baja, Soraya Sáenz de Santamaría, ha considerado que el nuevo modelo "fomenta la desigualdad entre los españoles" y no tiene "consenso ni transparencia", por lo que "perjudica a los más débiles".
Por su parte, CiU ha justificado su enmienda en el hecho de que el modelo no se corresponde "en absoluto" con lo previsto en el Estatuto de Cataluña, va a perjudicar "notablemente" las economías familiares de los catalanes y rompe la bilateralidad prevista en el Estatuto.
El BNG pide la devolución por entender que el modelo es poco transparente, no refuerza la autonomía financiera de las comunidades y no cuenta con elementos correctores de los desequilibrios territoriales, especialmente en Galicia.
Entre tanto UPyD cree que el nuevo modelo "vacía aún más las ya vacías arcas del Estado", y considera que el nuevo modelo de financiación está definido por el Estatuto de Cataluña y fue con los partidos del tripartito con los que el Gobierno "hizo el acuerdo", extendido luego al resto de comunidades autónomas.
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