DANIEL FLORES - MADRID El Gobierno prosigue las negociaciones para tratar de cuadrar la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica, un reparto extremadamente complejo que se centra en cómo asignar los 11.000 millones de euros adicionales que el Gobierno, según las últimas informaciones, está ofreciendo a las Comunidades Autónomas.

En realidad, la cifra concreta no es oficial y no se conocerá hasta que el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que el Ejecutivo pretende convocar el 15 de julio, apruebe el acuerdo. Sin embargo, es seguro que la aportación complementaria del Gobierno ha crecido en los últimos meses, desde los 8.000 millones de euros que ofrecía en abril; ahora, se especula incluso con que alcance los 12.000 millones.

Esta cifra es sólo una pequeña parte del montante total de la financiación autonómica, que repartirá más 120.000 millones de euros (en 2007, último año con datos oficiales, fueron 114.356,9 millones de euros) entre las regiones de régimen común -Navarra y País Vasco, acogidas a un régimen foral, permanecen al margen-.

Aportación adicional del Estado

Ahí se incluyen los impuestos cedidos total o parcialmente a las Comunidades Autónomas: en el nuevo modelo las regiones gestionarán la mitad del IRPF y del IVA, frente al 33% y 35%, respectivamente, del actual, así como el 58% de los impuestos especiales, por el 40% anterior.

Los ingresos obtenidos por esos tributos se complementan con el Fondo de Suficiencia, una serie de transferencias del Estado que intenta compensar a las regiones por la diferencia entre sus necesidades de financiación y su capacidad recaudatoria. En los últimos años ha repartido más de 30.000 millones de euros, aunque para algunas regiones ha sido muy reducido o incluso negativo (Madrid o Baleares), ya que tienen una elevada capacidad fiscal.

Es en este capítulo, que sirve de cierre al modelo, donde se centra la negociación, y en concreto en esos 11.000 millones de euros adicionales que el Gobierno ofrece a las CC.AA., aunque aún no se conozcan los criterios del reparto (en el modelo actual, la población supone el 94%, la superficie el 4,2%, la dispersión el 1,2% y la insularidad el 0,6% del fondo general, aunque existen fondos complementarios y modulaciones posteriores) ni las cantidades finales que recibirá cada región.

¿Cuánto pide cada región?

Así las cosas, y aunque el Gobierno defiende que está negociando al mismo tiempo con todas las regiones, el principal escollo parece ser la cantidad que recibirá Cataluña. La última oferta de la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, sería de 3.100 millones de euros, que serían más de 5.000 en 2011, pero, mientras el PSC parece aceptar esa cifra, ERC, su socio en el tripartito, exige al menos 3.800 millones de euros.

No obstante, el viceprimer secretario y portavoz del PSC, Miquel Iceta, ha matizado este sábado que la última oferta de financiación prevé que Cataluña reciba en 2009 entre 2.100 y 2.200 millones de euros, una cuantía que ascenderá a entre 2.500 y 2.600 millones en 2010, entre 2.800 y 2.900 millones en 2011 y entre 3.400 y 3.600 millones en 2012, año en que el nuevo modelo estará plenamente vigente.

En cualquier caso, la cifra ha provocado la reacción de otras regiones, especialmente de las gobernadas por el PP, que denuncian que Cataluña reciba en torno a un tercio de los recursos adicionales. Así, el conseller de Economía de la Comunidad Valenciana, Gerardo Camps, ha señalado que, si Cataluña recibe 3.100 millones, su región debería contar con 1.800.

El Gobierno de Madrid, por su parte, reclama una cifra similar a la de Cataluña, rondando los 3.000 millones de euros, según ha indicado el consejero de Economía, Antonio Beteta. Su homóloga andaluza, Carmen Martínez Aguado, estima por su parte que Andalucía debería recibir entre 1.300 y 1.700 millones, en función de si se reparten 9.000 o 12.000 millones de euros.

Además, el nuevo modelo incorpora el objetivo de la nivelación, que busca que el 75% del dinero se distribuya de forma que se reduzcan las diferencias que ahora existen entre las regiones en financiación por habitante, con el fin último de que todos los ciudadanos disfruten de un nivel similar de prestaciones públicas, al menos en los servicios básicos (educación y sanidad, esencialmente). Todo ello deberá cuadrarlo Salgado en los próximos días.