El Congreso aprueba la reforma de la ley de extranjería, rechazada por PP, UPyD y ERC-IU-ICV

Casi 300 enmiendas incorporadas durante la tramitación

Finalmente, de las 732 enmiendas presentadas por los grupos, sin contar con la devolución a la totalidad planteada en su momento por PP, PNV y ERC-IU-ICV, el Congreso ha aceptado casi 300.

Junto al rechazo del PP, IU-ERC-ICV y Unión, Progreso y Democracia -éste último por opinar que se restringen los derechos del inmigrante-, el BNG se ha abstenido, mientras que el Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria, Convergencia i Unió y el PSOE han respaldado la norma.

Durante su intervención, el portavoz de Inmigración del PP, Rafael Hernando, ha asegurado que esta reforma no servirá para frenar las "avalanchas" de inmigrantes en situación irregular. A su juicio, la ley es una mera reforma cosmética, que ha desaprovechado la ocasión de cambiar el actual modelo migratorio, responsable de que España se haya convertido en el "coladero" de ilegales de la UE y en territorio propicio para las mafias.

Tras lamentar que el texto no prohíbe las regularizaciones masivas, una de las principales reclamaciones de su partido, ha acusado al Gobierno de no promocionar la integración del inmigrante, una persona a la que se reconocen derechos pero "no obligaciones".

Ha considerado también una barbaridad que las comunidades autónomas y las organizaciones no gubernamentales puedan asumir la tutela de los menores extranjeros no acompañados y que las CCAA puedan formalizar convenios en temas migratorios con otros países.

Un inmigrante sin papeles podrá ser retenido en un centro hasta 60 días

Durante su turno de intervención, el portavoz de IU-ICV, Joan Herrera, ha acusado al Gobierno socialista de optar por un "discurso duro" y entre los principales puntos de rechazo ha mencionado la ampliación del periodo de internamiento de los extranjeros.

A partir de la aprobación de la ley, los centros de internamiento de inmigrantes podrán retenerlos hasta un plazo máximo de 60 días, en lugar de los 40 días actuales.

Precisamente, este es el principal escollo por el que el BNG no ha dado su apoyo a la ley, pues -ha afirmado su diputada Olaia Fernández Davila-, no es razonable que una persona que presuntamente ha delinquido pueda ser detenido un máximo de 40 días, y un inmigrante que ha incurrido en una sanción administrativa (no tener papeles) pueda serlo durante 60 días.

Será posible traspasar la tutela de menores a ONG y CCAA

El nuevo texto "blinda" las competencias autonómicas, permite el traspaso de la tutela de menores no acompañados a las comunidades autónomas y a las ONG y regula la situación de las víctimas de trata sexual o de los malos tratos, algo que ha valorado CiU durante su intervención.

Con la nueva ley las comunidades autónomas que sean competentes podrán conceder permisos iniciales de trabajo y de residencia circunscrita a su propio territorio, establecer relaciones con terceros países para la contratación y tramitación de visados y cobrar las tasas y sanciones administrativas pertinentes.

Además podrán certificar el nivel de integración de los inmigrantes, asumir o traspasar la tutela de menores no acompañados y establecer acuerdos con los países de origen para procurar la "atención e integración social de los menores".

En cuanto a los menores no acompañados, el nuevo texto afirma que el Estado y las Comunidades Autónomas "podrán establecer convenios con organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades dedicadas a la protección de los menores, con el fin de atribuirles la tutela ordinaria" de los mismos.

AI y varias ONG, en contra de la aprobación de la reforma

La responsable de Política Interior y Derechos Humanos de Amnistía Internacional, Virginia Álvarez, ha afirmado que el texto aprobado tiene "más sombras que luces". Entre los temas que "más preocupan" a AI se encuentra el que se siga utilizando la inscripción en el padrón municipal como medio de control migratorio, cuando es un requisito indispensable para acceder a la sanidad y a la educación.

Además, ha criticado el que se haya incrementado el plazo de internamiento de 40 a 60 días y, sobre todo que aquellas personas que solicitan asilo o un 'habeas corpus' puedan ver incrementado este plazo hasta 12 días más. "El internamiento debería ser el último recurso", ha argumentado.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Cáritas y la Red Acoge también han subrayado negativamente este incremento en el período máximo de internamiento.

Estas tres ONG han llamado también la atención especialmente sobre la restricción, "de manera injusta", a la reagrupación familiar de los ascendientes de la persona inmigrante, lo que perjudicará gravemente el proceso de integración social.