El ex dictador uruguayo "Goyo" Alvarez, condenado a 25 años de prisión

• Condenado por delito de 'homicidio especialmente agravado' de 37 opositores
• Se le acusa de traslados clandestinos de detenidos de Argentina a Uruguay
• Fue presidente "de facto" desde 1981 hasta 1985
• El próximo domingo se vota la Ley de Caducidad en Uruguay

El ex dictador uruguayo "Goyo" Álvarez a su llegada a los juzgados en 2007.

La Justicia uruguaya ha condenado este jueves al ex dictador uruguayo Gregorio 'Goyo' Álvarez a una sentencia de 25 años de prisión por "homicidio especialmente agravado" de 37 opositores y por un delito de "lesa humanidad".

Álvarez había ingresado en prisión en diciembre de 2007 acusado de "reiterados delitos de desaparición forzada" y traslados clandestinos de detenidos desde Argentina a Uruguay cuando era jefe del Ejército, entre 1977 y 1978, en plena dictadura uruguaya (1973-1985).

Fue el juez Luis Charles el encargado de comunicarle al ex dictador la sentencia impuesta tras ser declarado culpable de esos delitos, por el que se le ha aplicado la máxima pena contemplada, 25 años,  que había sido solicitada por la fiscal Mirtha Guianze.

Álvarez no ha llegado a presentarse este jueves ante el Juzgado de la calle Misiones de Montevideo, que lleva su caso, tras alegar problemas de salud, según han confirmado fuentes judiciales.

"Goyo" fue comandante en jefe del Ejército uruguayo entre 1978 y 1979, y presidente "de facto" desde 1981 hasta el fin de la dictadura en 1985.

La Fiscalía ha entendido, durante su procesamiento, que Álvarez debía estar al tanto de los traslados clandestinos de militantes del Grupo de Acción Unificadora (GAU) y el Partido Comunista Revolucionario (PCR) ocurridos entre Buenos Aires y Montevideo en esa época.

El juez Charles también ha anunciado este jueves la pena de 20 años de prisión al marino retirado Juan Carlos Larcebeau, acusado también de "homicidio especialmente agravado", referido a 29 personas.

En declaraciones al Canal 4 de televisión, el abogado denunciante, Oscar López Goldaracena, ha señalado que esta condena supone una "dignificación de las víctimas" y ha subrayado la importancia de que se reconozcan los hechos como crímenes de lesa humanidad.

La Ley de Caducidad se vota en tres días

Estas sentencias se conocen a apenas tres días de que en Uruguay se vote en plebiscito la anulación de la llamada Ley de Caducidad, que, tras ser aprobada en 1986 y ratificada en 1989, ha garantizado la impunidad a los militares y policías responsables de crímenes y violaciones de derechos humanos durante la dictadura uruguaya.

La causa abierta contra Álvarez había sido declarada por el Gobierno uruguayo al margen del amparo de la Ley de Caducidad al referirse su procesamiento al delito de "desaparición forzosa", relacionado con las acciones del llamado Plan Cóndor.

Este programa de represión aunó los esfuerzos de varias dictaduras latinoamericanas en los años setenta, entre ellas la uruguaya y la argentina, para acabar con opositores y disidentes, tanto en los propios territorios nacionales como en los de los países integrados en el plan.

El lunes pasado, la Suprema Corte de Justicia de Uruguay declaró la inconstitucionalidad en tres de sus artículos aplicados a un caso concreto de la Ley de Caducidad.

Esa inconstitucionalidad ya había sido reclamada hace unos meses por el Parlamento y el Ejecutivo uruguayos