EFE - Madrid El presunto etarra Aitor García Justo, entregado hoy por las autoridades francesas para un periodo de tres meses, será juzgado en la Audiencia Nacional por una veintena de actos de violencia callejera y por haber ejercido labores de información sobre posibles objetivos de la banda terrorista ETA.

Aitor García Justo se integró en Jarrai en 1992 y se le atribuye la participación en numerosos actos de terrorismo urbano junto a su hermano Asier.

Ambos atentaron presuntamente en una veintena de ocasiones contra diversos objetivos de la 'kale borroka', como sedes de partidos políticos, oficinas de Correos, el INEM, autobuses o patrullas de la Ertzaintza.

Además, se le considera autor de la colocación de un artefacto explosivo en la sede del sindicato de la policía autonómica vasca ERNE, que no llegó a explotar.

De forma paralela, también ejerció labores de información para ETA sobre posibles objetivos.

Detenido en Francia en 2003 y condenado a 12 años

García Justo, nacido en Hernani (Guipúzcoa) el 5 de septiembre de 1974, fue detenido en mayo de 2003 por la Policía Judicial francesa, en una operación desarrollada de forma conjunta con los servicios de información de la Policía española.

El arresto se produjo en la localidad de Saintes, a unos 90 kilómetros de Burdeos, donde fue localizado junto a otros tres presuntos miembros de ETA, entre ellos Ainhoa García Montero, considerada entonces la máxima responsable del aparato de comandos de ETA.

El pasado 30 de marzo fue condenado en Francia a 12 años de prisión por los delitos de robo de vehículos, receptación, falsificación, posesión de placas falsas de matrícula, posesión ilegal de armas y municiones y de documentación falsa, entre otros cargos.

Un presunto miembro de los GRAPO, entregado por terrorismo

Por otro lado, las autoridades francesas también han entregado este viernes, a petición de la Audiencia Nacional por un delito de terrorismo, al presunto miembro de los GRAPO Carlos Pisonero Alonso.

Pisonero Alonso fue arrestado en París en enero de 1998 a raíz de una orden internacional de busca y captura emitida en marzo de 1992 por la Justicia española.

Se le acusa de haber cometido, junto a su hermano, un robo a mano armada en una oficina de recaudación de Madrid en junio de 1981.

A la salida del robo se produjo un tiroteo en el que falleció un policía municipal.