RTVE.es - MADRID Amnistía Internacional (
AI) denuncia que los esfuerzos de España en 2008 para controlar la inmigración, en colaboración con la Unión Europea (UE) y algunos países africanos,
"pusieron en peligro los derechos" de los inmigrantes y de las personas que han solicitado asilo.
Así lo afirma esta organización en su informe sobre "
El estado de los Derechos Humanos en el mundo" correspondiente a 2009.
España está además a la misma altura que Turquía, Kazajistán, Rusia, Ucrania y Uzbekistán a la hora de ofrecer una respuesta judicial a las denuncias de tortura y malos tratos de detenidos para obtener confesiones y el año pasado
fue el octavo país del mundo que más armas exportó a otras naciones.
El documento también subraya las dificultades con que se encuentran las
víctimas de violencia machista para denunciar y conseguir protección.
AI critica que en España las denuncias de tortura
no son investigadas de forma independiente y que se sigue considerando que estas denuncias son parte de una estrategia para desacreditar al Estado. También señalan que los casos judiciales avanzan con
lentitud y escasa diligencia, y que se imponen penas leves a los agentes a los que se declara culpables.
En este contexto, la directora de la organización para España, Eva Suárez-Llanos, ha explicado que "no se trata de comparar países, ni de decir que un país tortura más y mejor que otro, es que es inaceptable la tortura, haya un caso o mil".
- Violencia contra mujeres y niñas
En 2008, según datos del gobierno,
70 mujeres murieron a manos de su pareja o ex pareja, 34 de ellas eran de nacionalidad extranjera.
Tres años después de la promulgación de una ley contra la violencia de género, las mujeres que habían sido víctimas de tales abusos continuaban encontrando obstáculos para obtener asistencia médica y acceder a la justicia en algunas partes de España. Las mujeres migrantes en situación irregular se enfrentaban a dificultades especiales.
- Solicitudes de asilo rechazadas
Otro de los aspectos que la organización reprocha a España, Turquía, Ucrania y Rusia, entre otros, es que
rechazan a solicitantes de asilo, que devuelven a países donde "corren peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos".
En nuestro país, el informe detalla el caso de Murad Gasayev, un ciudadano ruso de origen checheno que fue extraditado a Rusia "a pesar de que existían indicios de que correría riesgo de sufrir tortura y otros malos tratos".
También el caso del sirio Basel Ghalyoun, absuelto de su implicación en el 11-M y cuyo permiso de residencia había caducado. Fue expulsado y devuelto a su país pese a las advertencias de que podía correr riesgo de tortura y detención arbitraria. Al llegar a Siria, Ghalyoun fue detenido y recluido en régimen de incomunicación en un lugar no revelado, según denuncia AI.
Miles de inmigrantes y solicitantes de asilo han seguido
arriesgando sus vidas al intentar llegar a España a través de peligrosas rutas marítimas y terrestres.
En el informe se critica las medidas aplicadas por Europa para controlar la migración y se detalla que al menos
250 personas migrantes detenidas en España fueron devueltas a Malí durante 2008, como lo fueron otro centenar de migrantes detenidos y recluidos en Libia durante meses. "Algunos de ellos denunciaron que habían sido golpeados por las fuerzas de seguridad españolas y libias", precisa AI.
Los acuerdos de readmisión firmados entre España y numerosos países del norte y oeste de África no incluyen garantías adecuadas en materia de derechos humanos.
Al concluir el año aún no se habían desarrollado los protocolos de procedimiento y el proceso de
localización de fosas que exigía la Ley de Memoria Histórica, promulgada en diciembre de 2007.
En octubre, la Audiencia Nacional abrió una investigación sobre una cifra estimada de
114.266 desapariciones forzadas ocurridas durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura de Franco.
La fiscalía recurrió la apertura del proceso y alegó que los presuntos delitos habían prescrito. El 2 de diciembre, la Audiencia Nacional se declaró no competente para investigar crímenes de esa índole y dio por cerrada la investigación.
Sin embargo, el juez instructor falló que los juzgados de instrucción territoriales eran competentes para investigar esos crímenes si se habían cometido en su jurisdicción. El 26 de diciembre remitió información a varios juzgados territoriales para que continuasen investigando presuntos casos de desapariciones forzadas, así como la
sustracción ilegal de 30.960 niños y niñas a sus familias.
