El Parlamento italiano ha aprobado una ley impulsada por el primer ministro, Silvio Berlusconi, que convierte la inmigración ilegal en delito, con lo que establece una de las normativas más estrictas en la materia de toda Europa.

La ley de seguridad interior e inmigración ha sido aprobada con 295 votos en favor, 255 en contra y 3 abstenciones y ha sido duramente criticada por la Iglesia católica y por el presidente de la República, Giorgio Napolitano.

El sí final de la Cámara a este proyecto de ley ha llegado después de la aprobación, el miércoles, a través de un voto de confianza, de tres enmiendas presentadas por el Gobierno sobre inmigración, criminalidad y seguridad ciudadana.

La ley convierte en delito "la inmigración y la residencia" ilegal y, aunque no conllevará penas de cárcel, las sanciona con multas de entre 5.000 y 10.000 euros, además de obligar a denunciar ante la Justicia a culaquier inmigrante en situación clandestina. Tan sólo los médicos que atiendan a estos inmigrantes y los directores de centros educativos quedarán exentos de esta obligación.

También incrementa de dos a seis meses la retención de inmigrantes en los centros de identificación y retención.

En materia de inmigración se prevén, además, penas de cárcel para los que alquilen una casa a un inmigrante sin papeles y la introducción de una tasa que oscilará entre los 80 y los 200 euros para los inmigrantes que soliciten o tengan que renovar su permiso de trabajo.

En materia de seguridad interior, la medida más llamativa, aprobada bajo la presión del partido anti-inmigración de la Liga Norte, es la posibilidad de establecer "rondas de ciudadanos" para llevar a cabo patrullas que podrán señalar a las fuerzas del orden situaciones que denoten un riesgo. 

La ley, que también prevé el registro de las personas sin hogar, deberá pasar próximamente por el Senado, aunque no se teme por su aprobación porque el Gobierno de Berlusconi tiene una cómoda mayoría. 

A favor y en contra

"Cerramos las puertas (de la inmigración) y las dejamos entreabiertas para aquellos que vienen a trabajar e integrarse", ha resumido Berlusconi, quien ha asegurado que el 76% de los italianos apoya la postura del Gobierno.

Berlusconi ha añadido que esta ley "era necesaria" y que el Gobierno no podía dejar que "la situación fuera como la que había con la izquierda, que incentivaba la inmigración clandestina. Teníamos que lanzar una señal".

La discusión y aprobación de este proyecto de ley ha provocado el enfrentamiento entre el partido en el Gobierno, el Pueblo de la Libertad (PDL), y el opositor Partido Demócrata (PD).

También ha provocado el rechazo de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI), que denuncia que con este proyecto de ley se ignora el objetivo de la integración social de los inmigrantes.

Por su parte, el presidente de la República de Italia, Giorgio Napolitano, ha criticado a la "retórica pública que no duda en incorporar acentos de intolerancia o xenofobia".

Ha subrayado la necesidad de iniciar "un nuevo ciclo de desarrollo" que no dañe "los niveles de equidad y cohesión social alcanzados" y añadido que para hacer frente a los "desafíos que provienen de la pobreza vieja y la nueva" no se puede responder únicamente con "la mera conservación y la defensa de los intereses nacionales".