RTVE.es / AGENCIAS - MADRID El magistrado Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha impuesto una fianza de 955.000 euros al diputado regional del PP Benjamín Martín Vasco tras imputarle los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capital y falsedad y negarse éste a declarar.

Asimismo, el magistrado ha imputado los mismos delitos y ha decidido mantener en prisión provisional al ex secretario de organización del Partido Popular en Galicia Pablo Crespo, que permanece en la cárcel desde el pasado mes de febrero por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por su presunta participación en una trama de corrupción ligada a cargos del PP.

El juez ha decidio imponer una fianza a Martín Vasco a petición del Ministerio Fiscal para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran declararse procedentes, si bien esta decisión judicial es susceptible de recurso.

Sin palabras hasta conocer el sumario

Antes Martín Vasco se ha negado a declarar ante Pedreira hasta que se levante el secreto de sumario amparándose en el artículo 24 de la Constitución al igual que hiciera la semana pasada el parlamentario Alfonso Bosch, según ha informado su abogado Pedro Colino.

El diputado autonómico es el segundo aforado madrileño que comparece como imputado ante el Tribunal de Madrid. El magistrado ya acusó la semana pasada al parlamentario autonómico del PP Alfonso Bosch de participar en la trama encabezada por Francisco Correa.

Martín Vasco abandonó el pasado 18 de febrero la presidencia de la comisión de investigación del supuesto 'caso de espionaje', que se cerró poco después, y presentó el pasado 2 de abril su dimisión como portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid para que su implicación en la Operación Gürtel no perjudicara al Grupo Parlamentario.

Según recogen las conversación grabadas a Felisa Jordán, una de las imputadas, Martín Vasco recibió 30.000 euros de las empresas relacionadas con Correa, cabecilla de la trama de corrupción investigada por la Audiencia Nacional.

Crespo y  Senín si declaran

Por su parte, Pablo Crespo ha declarado ante el juez Pedreira durante dos horas y media en la sede del TSJM, a la que ha sido trasladado en un furgón de la Policía Nacional desde la prisión en la que se encuentra desde el pasado mes de febrero. A su llegada al tribunal, el ex secretario de organización del PP gallego aseguraba a los medios de comunicación que se encontraba "perfectamente" y "con ganas de declarar".

Crespo era -según las investigaciones de Garzón- junto a Antoine Sánchez -también en prisión-, el número dos de Francisco Correa, que le puso al frente de sus sociedades en España.

Pedreira también ha tomado declaración hoy durante aproximadamente una hora a Adrián Senín, un empleado de la sociedad Orange Market, al que ha imputado igualmente los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad.

Orange Market era la filial en Valencia de la principal empresa de Correa, Special Events, dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes. Según Garzón, este último regalaba al presidente valenciano, Francisco Camps, trajes y otros objetos de valor. Esta parte del procedimiento penal está siendo investigada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Implicaciones en el caso

El Tribunal de Madrid atribuye a los diputados autonómicos Alberto López Viejo, Martín Vasco y Bosch Tejedor la percepción "de importantes cantidades de dinero en atención a sus actividades de mediación e influencia, con motivo de la adjudicación de contratos a varias empresas relacionadas" con Correa.

En el auto de inhibición, Garzón acusó a López Viejo, Martín Vasco y Bosch de haber cobrado 1,2 millones de euros en comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas a las empresas lideradas por el 'cerebro' de la trama Francisco Correa.  El juez les imputó delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad y asociación ilícita.

El juez de la Audiencia Nacional acusó a Martín Vasco de conseguir adjudicaciones de proyectos urbanísticos a favor de la empresa Martinsa en el Ayuntamiento de Arganda del Rey. Se le imputó también el facilitar la entrada de Easy Concept en Arganda mediante la adjudicación de contratos públicos entre 2005 y 2007.