ANA MARTÍN PLAZA - MADRID El recibo de la luz se mantendrá congelado para cinco millones de hogares españoles en los próximos cuatro años, hasta 2012. Así lo ha anunciado tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega. En total, se beneficiarán diez millones de españoles.

Podrán acogerse al llamado 'bono social' los consumidores que tengan contratada una potencia de hasta 3 kilovatios en su primera vivienda, a los que se aplicará automáticamente, y podrán pedirlo también las familias numerosas, aquellas que tengan todos sus miembros en paro y quienes perciban pensiones mínimas.

Esta medida se incluye dentro del real decreto de ley que ha aprobado el Consejo de Ministros para poner fin al déficit tarifario (diferencia entre los ingresos del sistema eléctrico y los costes de la producción de esa energía) acumulado desde el año 2000. A día de hoy todavía quedan por pagar 14.000 millones de los 16.000 a los que ascendía la deuda.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha explicado que con esta medida "se pone freno a la deuda con las eléctricas" y se "libera a los ciudadanos del pago de una hipoteca con la que nunca han tenido que ver".

Para garantizar la liquidez del sistema, en la situación actual de restricción del crédito, el Estado avalará hasta con 10.000 millones de euros el déficit tarifario pendiente de titulizar a través de un fondo de nueva creación.

El Gobierno, ha explicado De la Vega, aportará además a través de los Presupuestos Generales del Estado 1.500 millones de euros para asumir el coste de la producción eléctrica en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.

Por su parte, las compañías eléctricas, además de asumir el coste del bono social, deberán asumir el coste de la gestión de residuos radiactivos y del combustible gastado. Supondrá un gasto de 2.700 milllones.

Garantizar la sostenibilidad del sistema

En la nota sobre el Consejo de Ministros, el Gobierno asegura que el real decreto "garantiza la sostenibilidad futura del sistema eléctrico" y articula un mecanismo de protección para "los consumidores más vulnerables".

El Gobierno asegura que la abultada deuda del sistema eléctrico "amenaza su continuidad". La actual situación, recoge la nota, "impide la competencia en el mercado eléctrico" y "dificulta las inversiones en el sector".

Para garantizar la liquidez, se crea precisamente un fondo de titulización. El Estado avalará con hasta 10.000 millones de euros los valores que emita relativos a los déficits tarifarios reconocidos y pendientes de cesión a terceros.

Asimismo, avalará los derechos de cobro generados entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2012 que se cedan al fondo.

Con este sistema se garantiza que a partir de este ejercicio no se produzcan más déficits.