Un centro de menores de Madrid encierra a los chavales hasta 72 horas en salas de castigo

  • Se trata del centro de Picón del Jarama, en Madrid
  • El informe del Defensor del Pueblo relata las irregularidades cometidas
  • La Comunidad ha negado los hechos y asegura que "no se ata" a nadie
  • Un ex trabajador de un centro en Azuqueca de Henares denuncia vejaciones a los menores
EUROPA PRESS - MADRID 

El centro de protección para la atención a menores con trastornos de conducta de Picón de Jarama, en la Comunidad de Madrid, encierra a los chavales ingresados hasta 72 horas en salas de castigo, una humillación que se repite en la mitad de los seis centros de estas características que existen en la región en otras modalidades, como las contenciones físicas de gran violencia.

Así se desprende del informe monográfico sobre los centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social elaborado por el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, y que será remitido a la Comisión Mixta Congreso-Senado de relaciones con la entidad.

Según el texto, que analiza 27 de los 58 centros existentes en todo el país, algunos tienen salas de contención o aislamiento, donde los chavales deberían permanecer unos minutos para garantizar la seguridad e integridad física del personal y de los ingresados en una situación de tensión. Sin embargo, en el centro de Picón de Jarama, los menores explicaron al Defensor del Pueblo que "la estancia puede prolongarse hasta 72 horas, con salidas de una hora al patio cada 24 horas", a pesar de que el máximo admitido por la dirección del centro es de un día de reclusión.

Además, y aunque los expertos del Defensor no pudieron constatarlo visualmente, los chavales les hablaron de la existencia de una 'sala de tiempo fuera', de reducido tamaño, con las paredes cubiertas de goma negra y sin ventanas, donde llegan a permanecer en ocasiones hasta una hora.

En cualquier caso, ésta no es la única humillación a la que se somete a los jóvenes con problemas psíquicos que están ingresados, quienes sufren en muchas ocasiones prohibiciones de asistencia a centros escolares, de salida al patio durante una semana, desnudos integrales sin justificación y sin permiso del juez, o donde incluso son maniatados.

Así, por ejemplo, en el mismo centro de Picón de Jarama se realizan las contenciones violentas incluso a los ingresados más pequeños, consistentes en mantener al niño "contra el suelo y bocabajo, y con un exceso tal de agresividad que, en ocasiones, provoca lesiones físicas". Además, los chavales denuncian que tanto el personal de seguridad como los educadores "juegan a veces a hacer contenciones".

La Comunidad de Madrid niega los hechos

La Comunidad de Madrid ha negado que se vulneren los derechos de los jóvenes o que se maniate a alguien en el centro de menores de Picón, aunque aseguró que oirá sus quejas y colaborará para "encontrar la mejor fórmula de funcionamiento de la institución en beneficio de los que allí residen".

Concretamente, la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, de quien depende el único centro de menores regional de adaptación psicosocial de menores, afirmó que aún no conocen el informe del Defensor del Pueblo pero, cuando se lo presente, responderán a sus preguntas y objeciones "para llevar a cabo alguna recomendación y colaborar en mejorar la vida de estos jóvenes".

El departamento que dirige Engracia Hidalgo destacó que los 42 niños de entre 14 y 17 años internos en Picón son violentos y presentan, en algunos casos, problemas de droga y autolesiones. "Los niños que llegan al centro presentan trastornos de conducta muy severos y hay que aplicar medidas concretas para que no dañen al resto ni a sí mismos. Pero no se ata a nadie", replicó un portavoz.

Eso sí, las paredes están acolchadas, el mobiliario está anclado al suelo y no hay cortinas ni objetos metálicos para no provocar daño físico y autolesiones, para evitar intentos de suicidio, como el que acabó el 2 de diciembre con la vida de uno de los internos, de 12 años.

Una docena de denuncias

Esta situación ha llevado a que muchos de estos centros tengan varias denuncias en su contra por episodios de violencia. En el caso de Picón de Jarama, por ejemplo, un menor presentó una denuncia el pasado 10 de julio manifestando que, tras una discusión con una compañera, los vigilantes del centro lo habían llevado a su habitación y lo habían "reducido a la fuerza".

Dos meses más tarde, el Instituto Madrileño del Menor y la Familia recibió otra queja de un menor que decía haber sido atacado por un empleado de la seguridad, que le asestó "dos golpes en la cabeza con la plaqueta mecánica utilizada para detectar metales en los cacheos", lo que le ocasionó una brecha con diagnóstico de traumatismo encefalocraneal.

El caso más sangrante en la Comunidad de Madrid es el del centro Tetuán, gestionado por la Fundación Internacional O'Belén y ya cerrado por el Defensor ante las múltiples irregularidades que presentaba. Entre otras cosas, en estas instalaciones se cerraban las puertas blindadas de las habitaciones durante las horas de descanso nocturno.

En una ocasión, una menor encerrada sufrió un ataque de pánico y solicitó salir pero, al no ser escuchada, comenzó a dar patadas contra la puerta y, presa del terror, la joven empezó a "cortarse los brazos con la cuchilla de un sacapuntas", siendo finalmente reducida "de forma contundente". Finalmente hubieron de intervenir tanto los bomberos como la policía, y se produjo un motín con diversas fugas.

"Una cárcel para niños"

Un ex trabajador del centro de acogida para menores que gestiona la Fundación Internacional O'Belén en Azuqueca de Henares (Guadalajara) ha denunciado haber presenciado malos tratos y vejaciones a los niños internos como los que recoge en su informe monográfico el Defensor del Pueblo.

Este educador social que prefiere mantener el anonimato, explicó que trabajó en el mencionado centro entre 2004 y 2006, periodo durante el que fue testigo de cómo los responsables infligían castigos de "contención salvaje" como "encerrar ocho horas a un niño en un cuarto de baño porque había eructado en el desayuno".

Según explicó, situaciones como ésta le llevaron a interponer una queja ante el Defensor del Pueblo al poco tiempo de comenzar a trabajar en el centro, aunque no abandonó el empleo porque "había otros educadores que también intentaban proteger a los niños". "Es una cárcel para niños, con una normativa interna que es peor que la de un centro de reforma", denunció el educador social, para después incidir en que no se trata de un centro para menores con problemas de delincuencia, sino de un espacio de acogida.

Entre los castigos que el educador dice haber presenciado, destaca el uso de "contenciones salvajes en una celda de aislamiento" o espacios utilizados como tales. Asimismo, señala el uso continuado de un "trato vejatorio, con insultos y malas formas".

No obstante, el trabajador denuncia que no se trata de una práctica excepcional. "Este es el modelo a seguir. En O'Belén quizá sean los salvajes entre los salvajes, pero se sabe que este modelo de disciplina se está utilizando en otros centros, igual que en otros países europeos, pero mueve demasiado dinero como para intervenir", aseguró.

Dos casos de suicidio

El caso más lamentable es el de un menor marroquí de 13 años que, el 2 de diciembre de 2008, falleció en circunstancias aún poco claras mientras estaba en el mismo alojamiento. De hecho, este suceso fue el que motivó que el Defensor del Pueblo ampliara su investigación de las regiones de Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón y Valencia a todo el territorio nacional.

Las rejas en las ventanas son otro de los habituales en los centros de atención a menores con trastorno de conducta. En concreto, de las instalaciones de la Comunidad de Madrid al menos dos, La Berzosa y Sirio I, las tienen. De hecho, en el segundo "las ventanas tienen barrotes y las puertas carecen de picaportes, de modo que sólo pueden abrirlas los educadores", según relata el informe.

Además, en el centro de Picón de Jarama "los educadores hacen habitualmente uso de lo que llaman 'collejas educativas'", y hay contratado personal de seguridad para que controlen a los chavales cuando se produce alguna crisis.

Falta de recursos

Otro problema de este tipo de instalaciones es la falta de recursos frente al incremento de menores ingresados. Así, los profesionales señalan que "hay un gran número de menores que circulan de centro en centro y no acaban de encontrar una respuesta acertada a sus necesidades".

Esto provoca retrasos en la aplicación de los programas, por lo que los chavales acaban pasando más tiempo del recomendado teóricamente en estos centros. Por ejemplo, mientras la media efectiva de permanencia se sitúa entre el año y los dos años en la mayoría de los centros, algún chaval ha llegado a estar hasta cinco años en Sirio I.

En la Comunidad de Madrid existen seis centros de este tipo (10% del total nacional) que suman 129 plazas (19% del total). Adscritos al Instituto Madrileño del Menor y la Familia, deben garantizar, entre otras cosas, la integración de los jóvenes en los recursos escolares, culturales, asociativos y sanitarios, así como garantizar su escolarización.

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