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Arranca en la Audiencia Provincial de Valladolid, el juicio de la "Operación Churruca" contra ocho presuntos narcos a los que se les incautaron 59 kilos de cocaína en mayo de 2025, tras, supuestamente, traerlos de Galicia para distribuirlos en Castilla y León y Asturias. La Fiscalía solicita para ellos condenas que suman 86 años de cárcel en total.

La sesión de hoy se ha ocupado de las cuestiones previas de las partes. Los cuatro abogados de la defensa han solicitado la anulación del juicio y la libre absolución de todos los acusados, argumentando irregularidades en la instrucción del caso, como la falta de pruebas de una supuesta vigilancia que motivó la autorización por parte de la jueza para instalar micrófonos en los vehículos de los acusados.

Otra de las supuestas irregularidades denunciadas por la defensa es una supuesta ruptura de la cadena de custodia de la droga incautada, al aparecer 40 de los kilos de cocaína meses después de su supuesta destrucción.

Mañana martes declarará de forma telemática desde la cárcel de Topas, Luis Fernández, el exjefe antidroga de la Policía Nacional de Valladolid que instruyó el caso antes de ser detenido por quedarse, presuntamente, con esos 40 kilos de cocaína del alijo.

El juicio se prolongará hasta el próximo martes 24 de noviembre.

#YaTDigo - El Senado, hasta hace poco relegado en política a un segundo plano, ha cobrado una especial relevancia de cara a las elecciones del 29 de noviembre. Los bloques de izquierda y derecha han firmado acuerdos electorales para maximizar el voto a la Cámara Alta.

¿Por qué interesa tanto ahora la cámara de representación territorial? ¿Qué papel puede jugar en la próxima legislatura?

Nos lo cuenta @patricianavarr

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La UCO ha vuelto a registrar la casa del exministro socialista José Luis Ábalos, en el marco de una pieza separada del llamado caso Koldo en la que ya han sido detenidas seis personas. Lo ha ordenado el juez de la audiencia Nacional, Ismael Moreno, tras recibir un informe de la UCO que apuntaría a nuevos amaños en la concesión de obras públicas.

Los agentes, que también han acudido a dependencias de Adif para requerir información, han realizado registros en ciudades como Madrid, Valencia, Sevilla o Córdoba, buscan depósitos y criptoactivos relacionados con posibles delitos de organización criminal, blanqueo y tráfico de influencias.

Imagen: EFE/Biel Aliño

Seis personas han sido detenidas en el marco de una nueva operación de la UCO, referida a una pieza separada del caso Koldo que se ha declarado secreta. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, abrió esta nueva investigación tras recibir un informe de la Unidad Central Operativa. Desde primera hora de la mañana se han llevado a cabo registros simultáneos en varias localizaciones de Madrid, Valencia, Córdoba y Sevilla.

Entre los detenidos está Cristian Abel Corvillo, chófer de Pedro Sánchez durante las primarias que le enfrentaron a Susana Díaz, y la pareja del exministro José Luis Ábalos, Andrea de la Torre.

Imagen: Matias Chiofalo

Baltasar Garzón, abogado y exmagistrado de la Audiencia Nacional, critica al Tribunal Supremo por las medidas cautelares impuestas ante los recursos interpuestos contra la ley de nietos. Según Garzón, lo que ha hecho el Alto Tribunal ha sido "variar el objeto del procedimiento" y lo ha convertido en "la suspensión, cuando no eliminación" del derecho de sufragio activo. Tilda esta decisión de "muy grave" y cree que si los afectados continúan interponiendo recursos, "se ganará" en el Tribunal Constitucional o en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque "adultera el proceso electoral" y "no tiene sustento jurídico".

En este sentido, el exmagistrado de la Audiencia Nacional sostiene que la independencia del poder judicial "está garantizada", aunque cree que existen una serie de "casos emblemáticos" que demuestran la "decadencia" del sistema judicial y que está produciendo efectos "muy nocivos".

En cuanto a la dimisión del ministro de Transportes Óscar Puente, Garzón califica de "acto de coherencia política" la renuncia de Puente. Señala que debería haber producido antes, aunque se atendió "suficientemente" y se asumió la responsabilidad política. Lo que sí le reprocha al exministro de Transportes es "no respetar el derecho a la presunción de inocencia", cuando apuntó a un error humano el accidente ferroviario en Urda. Es por ello que insiste en encontrar la fórmula de "garantizar el derecho a la información, el investigar sobre los casos que están vivos en los procesos y a la vez respetar esa presunción" para no incurrir en "consecuencias muy perversas".