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El Tribunal General de la Unión Europea ha suspendido provisionalmente el levantamiento de la inmunidad de los eurodiputados Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, los tres con escaño en el Parlamento Europeo por JxCAT. La justicia europea ha decidido otorgárselas cinco días antes de que la Eurocámara retome de nuevo sus sesiones en Estrasburgo, evitando así que las autoridades francesas puedan detenerles ante una hipotética euroorden que pudiera emitir el Tribunal Supremo.

El catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, Jordi Nieva-Fenoll, cree que el juez Llarena acierta al plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las euroórdenes contra Puigdemont, Comín y Ponsatí. "Lo que está haciendo la justicia belga con las euroórdenes de España no es aceptable. Uno no puede decirle a un juez de un estado amigo que no respeta los derechos fundamentales. Estamos en un mismo espacio en el que rige la confianza mutua entre tribunales y no puede ser que un juez belga diga que no entrega a una persona a otro estado porque no se fía de lo que van a hacer cuando llegue allí", ha asegurado el catedrático.

Nieva-Fenoll ha explicado que ahora se abren dos escenarios: que la justicia belga decida no pronunciarse hasta que no lo haga el Tribunal de Luxemburgo, aunque no tiene obligación de hacerlo, o que Llarena decida retirar por segunda vez las euroórdenes, algo que, según el catedrático, es delicado porque podría dar una imagen negativa de España.

El pleno del Parlamento Europeo (PE) ha aprobado este martes retirar la inmunidad a los eurodiputados Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, como solicitó la Justicia española en enero de 2020, una decisión que permitirá ahora reactivar las euroórdenes en su contra para que puedan ser juzgados en España por su papel en el 'procés'. Los eurodiputados españoles en el Parlamento Europeo se han pronunciado mayoritariamente a favor, si bien los socios del Gobierno de coalición, PSOE y Podemos, han votado divididos. Carles Puigdemont ha anunciado este martes que recurrirá ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Foto:  JOHN THYS / AFP

La abogada general del Tribunal de la Unión considera que España vulnera la normativa europea por la explotación desmesurada del acuífero de Doñana, algo que puede afectar a su hábitat protegido. Se trata de un dictamen previo que suele ser muy tenido en cuenta por el tribunal a la hora de dictar una sentencia que llegaría en breve, según fuentes jurídicas. Las organizaciones ecologistas de las que partió la denuncia piden que se tomen medidas urgentes y recuerdan que la situación actual del acuífero es aún peor que la que sufrió durante la gran sequía de los años 90.