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Desde el Hotel de la Reconquista de Oviedo, con motivo de la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025, hablamos con el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón. Junts someterá a votación de su militancia la decisión del equipo de Puigdemont sobre la posible ruptura con el PSOE. A este respecto el socialista cree que "aquí no hay lógica ninguna": "Entonces sería absolutamente impredecible saber qué va a hacer Puigdemont y la gente, esta especie de guardia de corps que le rodea. Aquí no se puede seguir ningún criterio de racionalidad. Yo me atrevo a prever qué puede pasar", expone Barbón.

Sobre la legislatura, Barbón considera que la idea de una moción de censura es algo "histriónico". "¿Quién ve a Vox y al Partido Popular pacta con Junts una moción de censura?... Ya sería el colmo, pero yo no le veo recorrido a esa cuestión. La cuestión es si quieren bloquear conjuntamente la legislatura. Lo cierto es que han tomado decisiones muy preocupados. Hay un fenómeno que preocupa mucho a Cataluña y es la nación catalana. Y ahí está la madre del cordero, ahí está el problema. A Junts no le preocupa nada la gobernabilidad de España. Le preocupa el espacio que le está comiendo esta nueva formación de extrema derecha independentista". Entrevista completa en RNE Audio.

El expresidente de Cataluña y líder de Junts, Carles Puigdemont, reunirá el próximo lunes en Perpiñán a la cúpula de su partido para decidir si mantienen su apoyo al Gobierno y si estarían dispuestos a respaldar una moción de censura del PP contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Ante estas amenazas de sus socios de investidura, Sánchez ha respondido que los cambios pueden ser para "avanzar o involucionar" y ha reiterado su compromiso de cumplir todos los acuerdos que tiene con la formación catalana.

Aunque desde el Gobierno le han quitado hierro al asunto, temen que Junts esté cayendo en manos del PP. Por su parte, el dirigente de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, ha insistido en que la legislatura no debería ni haber empezado: "El señor Sánchez está pidiendo tiempo para prolongar la agonía".

Imagen: FE/EPA/OLIVIER MATTHYS

Irene Montero, eurodiputada y secretaria política de Podemos. Sobre la advertencia de ayer por parte de Nogueras (Junts) al presidente del Gobierno durante la sesión de control, Montero sostiene que decidir cuándo se convocan elecciones depende exclusivamente del presidente del Gobierno y del PSOE, no de ningún socio. "Todavía el Gobierno no nos ha enseñado los Presupuestos. Imaginamos que querrá llevarlos al Congreso a las bravas. Esto nos hace pensar que lo hacen para perderla y decir que los demás no te han querido apoyar. Los presupuestos pueden ser una buena excusa del PSOE para convocar elecciones", añade Montero.

"Si quieren los votos de Podemos para esos PGE, tienen que deshacer ese aumento del gasto militar", apunta. Montero cree que ese dinero tiene que destinarse a los servicios de emergencias, servicios públicos y la sanidad pública. Sobre este asunto, Irene Montero indica que el sistema público de salud se encuentra en una "situación crítica" y "hay vidas de mujeres que están en riesgo por una gestión homicida del PP en Andalucía o en Valencia y que tiene que ver con la privatización de los servicios públicos, de la que también el PSOE es parte", critica la dirigente morada. Entrevista completa en RNE Audio.

Nuevo choque entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso por la corrupción. Los 'populares' han aprovechado en la sesión de control el 'lapsus' de la vicepresidenta Yolanda Díaz el día anterior, cuando dijo en el Senado que "queda Gobierno de corrupción (en vez de coalición) para rato".

Ambos han entrado en una guerra del "lapsus", después de que Feijóo calificara de "lapsus de sinceridad" el de Díaz. "Lapsus los tenemos cualquiera. Usted es un campeón", ha respondido el jefe del Ejecutivo, recordando que Feijóo situó en campaña electoral a Huelva en el Mediterráneo o que la novela 1984 la escribió George Orwell ese año, cuando es de finales de los años 40. Se ha preguntado si es "un lapsus o incultura". "Yo, por lo menos, no me equivoco de continente", ha respondido Feijóo, recordando cuando Sánchez confundió Melilla con Sevilla cuando inauguró el Hospital Universitario de la ciudad autónoma en junio de 2025.

Imagen: Eduardo Parra

Hoy, el Partido Popular utilizará su mayoría absoluta en el Senado para impulsar un conflicto de atribuciones con el Gobierno por incumplir por tercer año consecutivo su obligación constitucional de presentar los Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, la Cámara Alta va a pedir al Ejecutivo que presente en el Congreso unas nuevas cuentas en el plazo de un mes. De no hacerlo, se abrirá la vía para elevar esta cuestión al Tribunal Constitucional. Analizamos esta cuestión con Javier Tajadura, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco.

El artículo 134 de la Constitución establece que "el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior". ¿Qué consecuencias legales puede tener no hacerlo? Según el catedrático, "el Gobierno ha incumplido flagrantemente esa obligación constitucional los dos últimos años. El debate de presupuestos es la esencia de la democracia parlamentaria".

"El conflicto de atribuciones es desconocido, pero este caso encaja como anillo al dedo", explica Tajadura. "El Constitucional es un árbitro que resuelve conflictos entre poder central y poderes territoriales pero también puede resolver conflictos entre órganos del propio poder central. Y esto es lo que ocurre con el conflicto de atribuciones. De los cuatro órganos constitucionales, uno podría invadir las competencias del otro. Ahí aparece el Constitucional para resolver los conflictos".

"La no presentación del proyecto de Presupuestos, no le damos suficiente importancia pero es un ataque sin precedentes al Parlamento porque lo neutraliza porque no puede hacer sus dos funciones básicas: aprobar los presupuestos, o rechazarlos, y controlar al Gobierno. Entonces el Senado no puede ejercer su función", añade. Entrevista completa en RNE Audio.

La Fiscalía Provincial de Madrid considera que la exmilitante del PSOE Leire Díez lidera una "actuación delictiva, continuada y coordinada" para "desacreditar a los jefes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción" con el fin de "anular o malbaratar" sus investigaciones en "casos relevantes que afectan a políticos y empresarios".

Además de la exmilitante socialista, la Fiscalía Provincial apunta al empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol.

Así consta en el recurso de reforma que el Ministerio Público presentó ante el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid para pedir al juez Arturo Zamarriego que rectificara su decisión de no investigar las denuncias presentadas por los fiscales Ignacio Stampa y José Grinda en la causa que mantiene abierta contra Díez.

Imagen: EFE/ Chema Moya

Si hace unos días chocaban por la subida a las cuotas de los autónomos, ahora la vivienda vuelve a enfrentar a los socios de coalición y en Sumar sugieren que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, debería dimitir por no tomar medidas para hacer frente a la crisis habitacional. "Se nos está acabando la paciencia con ella", ha avisado la portavoz de Sumar, Verónica Barbero.

Rodríguez presentó a principios de octubre a las comunidades autónomas un plan Estatal para "consolidar" el parque público de vivienda, rehabilitar inmuebles en barrios urbanos y medio rural, y ayudas para los jóvenes para adquirir una residencia. Además, propuso atajar lo que considera que es la "raíz" del problema: incentivar la construcción para atajar la falta de oferta.

Preguntados en el Gobierno por las declaraciones de Sumar, evitan el choque directo. "En esta legislatura este Gobierno ha demostrado que se toma muy en serio este problema. Nadie tiene duda de que para este Gobierno la vivienda es una prioridad y no vamos a cejar en ese empeño", se ha limitado a defender la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.

Imagen: Jesús Hellín / Europa Press

Los grupos parlamentarios de la oposición han reaccionado tras conocer que el presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, ha entregado en el Tribunal Supremo un escrito en el que asegura que pagó 20.000 euros en dinero negro al exministro y exdirigente del PSOE José Luis Ábalos para ayudarle a comprar un local en Valencia. Sumar, el socio del PSOE en el Gobierno, ha dicho que darán veracidad a los hechos cuando haya una sentencia, mientras Podemos ha instado al PSOE a "dejar de quitarle importancia a su caso de corrupción". Vox ha asegurado que están "dispuestos a llegar hasta el final" y que seguirán adelante con la querella que han presentado para conocer "hasta qué punto llegan las irregularidades" del PSOE. Foto: La portavoz de Sumar, Verónica Martínez, en rueda de prensa ofrecida este martes en el Congreso, en el marco de las reuniones de la Mesa y la Junta de Portavoces. EFE/Zipi.