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Milena es una médico argentina que lleva 33 meses esperando para poder homologar su título en España y ha comenzado una protesta ante el Ministerio de Universidades. El plazo legal para resolver estas solicitudes es de seis meses, aunque más de 30.000 expedientes ya lo han superado y, la mayoría, son de médicos. Funcionarios de Hacienda y un nuevo decreto buscarán facilitar las homologaciones.

Foto: Getty Images / José Carlos Cerdeno Martínez

El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha paralizado la aprobación el real decreto de la nueva Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), prevista para el curso 2023-2024, a la espera de las elecciones generales del 23 de julio. Joan Subirats, ministro de Universidades, señala en el 24 horas de RNE que la prueba queda postergada hasta que hay un nuevo gobierno que la retome y que "la sensación general que hay es que se han de producir algunos cambios"

Sobre las elecciones genarales del 23 de julio, Subirats es claro y afirma que "la movilización es un factor importante". Aunque es consciente de que "la reiteración de elecciones y la fecha de las mismas puede no ser un momento propio par la reactivación del electorado". Además, el ministro de Universidadesha confirmado que no se presentará como candidato a estos comicios.

El Gobierno ha adelantado el proceso de solicitud de becas de cara al curso que viene pero, como ha indicado en Las Mañanas de RNE Antonio Amante, presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE), “no ha supuesto ningún cambio porque el dinero sigue llegando en las mismas fechas”. Amante explica que el número de trabajadores que deben gestionarlas es limitado frente a la gran cantidad de solicitudes, lo que lleva a que en muchos casos la concesión se retrase más allá del 31 de diciembre: “Suponiendo que reciban la beca entre noviembre y diciembre, son casi 1.500, 1.600 euros que tendrían que adelantar los estudiantes”, ha explicado.

El Congreso de los Diputados ha dado el sí definitivo a la nueva ley de universidades, que topa los precios públicos y limita los contratos temporales. El ministro Joan Subirats ha destacado en RNE la necesidad de adaptar la universidad a la universalización. Concretamente, ha explicado que la nueva legislación permite que los estudiantes extranjeros no tengan que renovar anualmente su permiso de residencia. También pone el foco en la necesidad de formación permanente: "Las universidades no pueden seguir con un sistema basado en el grado, el posgrado y el doctorado". Por ello, explica, han implementado las llamadas microcredenciales.

Subirats cree conveniente "combinar la formación online con la presencial", por lo que apuesta por ofrecer "dinámicas que aporten riqueza al hecho de asistir a clase". Insiste también en la empleabilidad de los estudiantes. "Hay mucha investigación en las universidades que no acaba trasladándose en temas de innovación concretos en las empresas, entidades y administraciones", añade. Por ello, considera que hay que "vincular más estrechamente actividad académica con necesidades sociales". Preguntado por las críticas a la ley, que la han calificado de "descafeinada", responde que es el resultado de un largo proceso de diálogo en el que se han tenido que combinar los intereses de muchos actores.

El ministro de Universidades, Joan Subirats, ha calificado de "deleznables" los insultos machistas del Colegio Mayor Elías Ahuja de Madrid. "No quiero que la sociedad piense que los colegios mayores son como lo que hemos visto en esas imágenes deleznables", ha señalado en una entrevista en La Hora de la 1.

También el ministro ha lamentado que "enmascarándose en una lógica de tradición", se está "ocultando" unas actuaciones que "no son aceptables y son indignas", y "justificando situaciones que queremos erradicar de la sociedad".

Sobre la responsabilidad de lo ocurrido en el colegio mayor, Subirats ha apuntado que recae en la Universidad Complutense y la "competencia directa sobre la universidad" las tiene en última instancia la Comunidad de Madrid.


FOTO: Joan Subirats, en una intervención en el Congreso. EFE/ J.J. Guillen

El ministro de Universidades, Joan Subirats, ha asegurado que la discriminación y las dificultades que están encontrando los universitarios españoles que se han ido de Erasmus a Italia a la hora de alquilar un piso o una habitación es “responsabilidad de la universidad de acogida”. Y ha añadido que “lo que sufren estos universitarios” también ocurre con otros extranjeros que vienen a España debido al “encarecimiento del alquiler” en lugares como Barcelona o Salamanca.

En 24 horas de RNE, el ministro Subirats afirma que existe un compromiso con la UE sobre la reforma del sistema universitario, que debe hacerse, según lo acordado, "en el primer semestre de 2023".

En relación al plan de ahorro fijado recientemente por el Gobierno, Subirats es tajante de cara al futuro: "La situación no va a ser buena", asegura, y añade que la presentación de las normas de ahorro energético en este momento "es mejor que hacerlo a la vuelta de vacaciones" porque entonces, según el ministro, "estaríamos haciendo ver que todo era de color de rosa". En este sentido, argumenta que hay que ir más allá de la temperatura buscando también "la eficiencia energética". "Hay que trabajar por convertir a las universidades en refugios climáticos. Las universidades tienen que contribuir al esfuerzo que está haciendo el país con el ahorro energético", explica.

Joan Subirats fue concejal de Cultura y Educación del ayuntamiento de Barcelona con Ada Colau. Bajo la perspectiva de los 'comunes', el actual ministro de universidades está de acuerdo con la idea que tiene Yolanda Díaz, reflejada en su proyecto Sumar: "Me parece bien ir más allá de la acumulación de siglas y su sumatorio. Falta por ver cómo se concreta esto", opina.

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), la tercera reforma de la ley de universidades de la democracia. El texto se compromete a aumentar la inversión hasta el 1% del PIB y pretende reducir la precariedad del profesorado. En este sentido, fija un límite de la temporalidad del 8% para el personal docente e investigador (con el horizonte de 2024), frente al 20% que recogía el último borrador y el 40% que permite la ley vigente.

En el informativo 24 horas de RNE, el ministro de Universidades, Joan Subirats, confiesa que observa una buena disposición por parte de los grupos parlamentarios en la negociación de la LOSU: "Excepto Vox, con el cual ha habido menos posibilidad de diálogo, diría que con el resto de grupos la sensación que yo tengo es muy positiva". Las competencias autonómicas son, según explica el ministro, uno de los puntos que generan mayor tensión, tanto con el Partido Popular como con los partidos independentistas, aunque desde posturas opuestas. Subirats denuncia la falta de inversión, que no aumenta desde 2009: "La financiación pública de las universidades ha bajado un 20% en los últimos años. Uno mira las cifras y se pregunta cómo las universidades públicas han podido aguantar". Otro de los puntos clave que pretende abordar el anteproyecto de ley es la mejora de las condiciones laborales del profesorado: "La manera que han tenido de responder ante esta situación de infrafinanciación ha sido contratar asociados con suelos muy bajos y sin reconocimiento de sus derechos. Y esto es algo que el proyecto de ley actual intenta remediar"

La Ley Orgánica del Sistema Universitario que aprueba este martes el Consejo de Ministros recoge varios compromisos que mejoran el anterior texto, como el incremento en el gasto del 1% del PIB o una temporalidad del 8% como máximo.Hablamos con Isabel Cruz, presidenta de la Plataforma Estatal de Profesorado Asociado de las Universidades Públicas.

Son médicos, psicólogos, odontólogos e ingenieros formados en el extranjero, pero que no pueden ejercer su profesión en España porque sus títulos no están siendo homologados. Denuncian demoras de dos a cuatro años -lo que impide a los médicos, por ejemplo, poder presentarse al examen MIR-, pérdidas de expedientes, falta de garantías... Hoy han vuelto a protestar frente al Ministerio de Universidades para reclamar el cumplimiento de sus compromisos y la homologación urgente de unos títulos que ahora mismo solo son papel mojado.

El 11 % de los alumnos menores de 30 años que cursan un Grado en una Universidad presencial abandona sin terminar sus estudios, según un estudio realizado por el Ministerio en todas las universidades presenciales.

El número de aprobados y el precio, son los factores que más influyen en este abandono. Para reducirlo, el Ministerio apuesta por aumentar la cuantía de las becas y que el criterio para acceder a ellas sea la renta y no la nota académica.

Foto: MAICA /ISTOCK / GETTY IMAGES PLUS.

Joan Subirats, ministro de Universidades, pretende incluir en el proyecto de la Ley Orgánica para el Sistema Universitario (LOSU) un punto que obligue a los nuevos profesores de universidad a formarse como enseñantes.  En la actualidad imparten clase sin ninguna formación pedagógica. Según Subirats “cualquier persona que quiera ser maestro o profesor en cualquier edad tiene que pasar por un curso de formación”. Fuentes del ministerio adelantan que se trataría de un curso para los doctores y que no puntuaría.

Informa Ainhoa Caballero.

Los universitarios vuelven a los campus con varias semanas de exámenes a la vista, unas pruebas presenciales que llegan en un momento complicado con el incremento de contagios de la variante ómicron. Cada centro dispone de un sistema propio para solicitar el cambio de fecha y debe ser justificado con una prueba PCR, de antígenos realizada en un centro de salud o laboratorio, certificado médico o declaración jurada.

"Los reglamentos de las universidades contemplan ese segundo llamamiento, es un derecho que tiene el estudiante y evidentemente se cumplirá igual que se cumplía antes de la pandemia", asegura José Carlos Gómez, presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y rector de la Universidad de Córdoba, en Las Mañanas de RNE. La declaración jurada será fundamental para no sobrecargar la atención primaria con más pruebas de diagnóstico y confían en la responsabilidad de los estudiantes. Por otro lado, las bajas de profesores no serán una problemática en la educación universitaria: “Hay áreas y departamentos con varios profesores, por lo que es muy difícil que se produzca una cancelación de un examen por este motivo”.

Hoy mantienen su primera reunión con el nuevo ministro de Universidades, Joan Subirats, con el que esperan continuar con las negociaciones y el diálogo para unificar criterios sobre la prueba a acceso de la universidad y otras cuestiones importantes para el sistema universitario.

Este lunes los estudiantes españoles vuelven a las aulas de forma presencial con nuevas pautas sobre las cuarentenas para lavuelta al cole. Estos cambios afectan principalmente a la educación infantil y primaria. A partir de ahora no se declararán cuarentenas del aula completa hasta que se den 5 casos o más de infección activa o estén afectados más del 20% de los alumnos en un período igual o inferior a 7 días, según recomienda la Comisión de Salud Pública. Madrid ha rebajado ese umbral e impondrá cuarentenas a partir de 3 casos en un aula. Otra de las novedades: las mascarillas serán también obligatorias en el exterior. Los padres, en general, ven con buenos ojos los cambios en el protocolo. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, apunta que es una "decisión de país" respaldada por expertos.Los sindicatos ven con preocupación el número de bajas que se pueden dar entre los profesores por lo que piden que se refuercen las plantillas.

El próximo lunes los estudiantes tendrán que volver a las clases después de las vacaciones de Navidad y, finalmente, lo harán de forma presencial en todas las etapas educativas. Así lo han ratificado el gobierno y las comunidades autonomas en una reunión en la que no ha habido discrepancias, pese a las altas incidencias de coronavirus.

Foto: EFE/ Marcial Guillén

A pocas horas de que el Gobierno y las comunidades autónomas aborden cómo va a ser la vuelta a las clases el 10 de enero, todo apunta a la plena presencialidad. Los Ministerios de Educación, Universidades y Sanidad adelantan su propuesta para la mesa intersectorial y pretenden mantener los protocolos del mes de septiembre. La única comunidad autónoma disidente hasta el momento era Madrid, que planteba la semipresencialidad a partir de tercero de primaria. Sin embargo, ya ha confirmado que todos los alumnos volverán a las aulas el próximo lunes.