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El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, valora en TVE las cifras de paro registrado de noviembre: "Los datos de empleo son extraordinarios" y anticipa una dinámica positiva en diciembre. Estima que en el conjunto del año el empleo crecerá en torno a un 4%. Tilda la polémica sobre los fijos discontinuos de "espuria y estéril", ya que cree que esas personas tienen mayor estabilidad laboral que antes. Asegura que "habrá acuerdo" para la reforma de las pensiones y dice que la CEOE "no está haciendo ninguna propuesta". Defiende que hacen todos los esfuerzos para que el IMV llegue a todos los que lo necesitan y recuerda que ya hay 1.400.000 beneficiarios (650.000 niños).

La vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado "no compartir" la propuesta de extensión del periodo de cálculo de las pensiones, que supondría elevarlo de los 25 años actuales a 30 años, "no es recuperar derechos, es recortar derechos". Así lo ha asegurado después de que el Ministerio de Seguridad Social, que encabeza José Luis Escrivá, haya dado a conocer su propuesta para extender de 25 a 30 años el período de cómputo de las pensiones. 

Foto: La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. EFE/ Javier Lizon

Este lunes 28 de noviembre se ha retomado la negociación para la reforma de las pensiones. El Gobierno ha entregado a los agentes sociales un documento de trabajo con el que empezar a dialogar y en que se recoge una propuesta: aumentar de 25 a 30 los años la base de cálculo de la pensión y descartar los dos peores de la cotización.

Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, ha visitado tras la reunión los estudios de RNE. Sordo afirma que no hay consenso político en la ampliación de la base de cálculo y que no es una medida necesaria. Además, echa en falta "medidas un poco más ambicisoas en materia de protección de las pensiones más bajas y de cubir las lagunas de cotización". Con todo, se muestra satisfecho con el perímetro planteado y cree que hay margen para la negociación. Pone el foco en la necesidad de restructurar los ingresos de la Seguridad Social de cara a mitad de siglo, cuando la generación del baby boom llegará a la edad de jubilación. Aunque ve complicado un acuerdo "tripartito" que incluya a la CEOE, cree que el consenso entre los sindicatos y el Gobierno tendría "suficiente legitimidad social y política".

Todos los grupos de la oposición en las Cortes de Castilla y León han votado a favor de la enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos de PP y VOX excepto la abstención de Por Ávila.

Ávila ha registrado este año más de 50 denuncias por violencia de los hijos a los padres. Es el dato conocido en la I Jornada sobre violencia filio-parental organizada por el sindicato UGT.


El Ayuntamiento de Ávila asumirá el programa de inclusión social para inmigrantes, después de que la Junta de Castilla y León haya eliminado esa partida económica del acuerdo marco de servicios sociales.

Ávila presenta hoy su oferta turística en la Feria Internacional de Turismo de Interior, INTUR, en Valladolid.

El futuro Museo de la Semana Santa de Ávila se podría ubicar en la Casa de los Deanes, donde hoy en día se encuentra el museo provincial. La Diputación, propietaria del espacio, ha anunciado su intención de cederlo para este fin.

Los sindicatos de funcionarios de la Seguridad Social se concentran ante la sede del Ministerio por la situación tan caótica que sufren por la falta de efectivos y retrasos en la gestión de las prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital o las pensiones. Ricardo Aguirre, coordinador Nacional de la Seguridad Social del Sindicato de funcionarios CSIF, ha explicado, en Las Mañanas de RNE, que con la contratación de 1.600 interinos con la que la Seguridad Social pretende paliar el problema no soluciona la falta de efectivos ni el retraso que acumulan los expedientes ni el cierre de oficinas. Recalca que no piden dinero sino manos. Y asegura que no pueden permitir que “se retrase tres meses ese periodo y que no pueda tener unos haberes para poder sobrevivir, y menos en los tiempos actuales, con rentas pequeñas."

Ayer una comisión del Congreso visitó la frontera con Melilla casi 5 meses después de que ocurriera la tragedia. Una visita que, a ojos de Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista y portavoz de Unidas Podemos en la comisión de Interior, ha servido para ver que “la avalancha que produjo la muerte y los heridos más graves fueron en las instalaciones de la frontera española y bajo control de la autoridad española”. Santiago ha cuestionado también “por qué no se prestó atención médica cuando había un dispositivo a apenas 100 metros” y quién trasladó a todas estas personas fallecidas y heridas desde la aduana española hasta la conocida como “tierra de nadie” que, como explica, realmente sigue teniendo una jurisdicción, aunque no se reconozca.

Remarca que la Guardia Civil en ningún momento ha negado estas afirmaciones, pero insiste en que lo importante ahora no son las “sanciones o las responsabilidades” que, señala, “se determinarán al final de la investigación”, sino “averiguar lo que ha ocurrido y establecer mecanismos para que nunca más muera nadie por querer atravesar una frontera y querer tener protección internacional”.

Sobre las palabras de Pablo Iglesias acerca de Yolanda Díaz y su proyecto ‘SUMAR’, Santiago ha señalado que “cada uno queda retratado en las cosas que dice y en el momento en el que lo dice”, y destaca que “no debe convertirse en un problema público lo que son cuestiones organizativas internas”. Cree que la militancia de Podemos no quiere marcar distancia con el proyecto de Díaz y remarca que “no se trata de un partido político” sino de “un proceso para conformar un proyecto de país ilusionante”, al cual considera que debe sumarse la militancia de UP para convertirlo en “un proyecto que gane”.

En Las Mañanas de RNE hemos entrevistado al ministro de Inclusión, Seguridad Social y MigracionesJosé Luis Escrivá, y le hemos preguntado sobre el informe del Banco Central en el que indican que el impuesto a la banca puede afectar al crédito y a la situación económica del país: “Que opine eso una institución que está subiendo los tipos de interés me parece bastante paradójico”, ha señalado el ministro. Considera que los datos del paro de verano fueron menos negativos de lo que se ha señalado, pero cree que “a veces se analizan de forma inadecuada” y destaca que “tenemos una continuidad de la solidez del mercado de trabajo”.

Niega que la AIRef considere la posibilidad de que España entre en recesión técnica y señala que en el informe “valida las previsiones económicas del Gobierno”, algo que considera “la esencia” del mismo. Finalmente, sobre las pensiones, el ministro Escrivá rechaza la propuesta del Partido Popular de extenderla hasta los 70 años, defiende el planteamiento de un sistema de jubilación parcial que no deje sin trabajo a las personas de un día para otro y señala que la revalorización de las pensiones para el año 2023 “va a estar en torno al 8,5%”.

Tras su puesta en marcha hace 2 años, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) fue concedido de oficio a alrededor de 74.000 familias españolas. Es le caso de Daniel, que vive con su mujer y su hija. Como previamente eran beneficiarios de la ayuda por hijo a cargo, en octubre de 2020 se les concedió el IMV sin necesidad de solicitarlo. Empezaron a percibir 725€ al mes, que se redujeron a 90 cuando su esposa encontró un empleo a tiempo parcial. Tras esta reducción, reclamaron a la Seguridad Social y, como respuesta, recibieron una carta en la que se les exigen los 14.000 € que han cobrado en total del IMV. El motivo, según les informan, es un cambio en el padrón, por lo que no cumplirían los requisitos. La familia de Daniel ha pedido asesoramiento a la asociación Apoyo, que atiende 15 casos similares. Para ellos, el problema radica en las concesiones de oficio. Preguntado por este asunto, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social dice que no tiene registros de cuántas solicitudes de devolución se han enviado.

Informa Guillermo Hernández.



El Gobierno calcula que la subida de pensiones en 2023 rondará el 8,5%, una cifra que se concretará según la inflación de noviembre. En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, que ha aprobado el proyecto presupuestario para 2023, la ministra de Hacienda ha subrayado que las pensiones subirán conforme al IPC, tal y como se acordó en el Pacto de Toledo, lo que elevará esta partida presupuestaria en un 11,4%.

En el informativo 24 horas de RNE, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado que este incremento del gasto en pensiones no supondrá un aumento del déficit, ya que "los ingresos de la Seguridad Social están creciendo incluso a tasas superiores". Antes de final de año, la cartera de Escrivá debe acordar con los agentes sociales algunas cuestiones pendientes en materia de pensiones: el destope en la cotización, la posibilidad de excluir determinados años del cómputo y el tratamiento de los años en los que no se ha cotizado. "Conjugando estos tres elementos, vemos como el sistema es más equitativo", expresa el ministro.

Los datos del empleo de septiembre dejan dos cifras reseñables: los parados crecen hasta los 2,94 millones y la Seguridad Social suma de media 29.286 nuevos afiliados. Para Escrivá, ambos son datos positivos. A pesar del aumento del desempleo con el fin del verano, el ministro pone el foco en la comparativa con un período de bonanza: "Este dato de paro es mejor que la media de 2017-2019". Por otro lado, se muestra satisfecho por la subida en la afiliación: "En medio de un contexto tan complejo, llevamos teniendo buenos datso de creación de empleo mes tras mes".



El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha descartado que el período de cómputo de las pensiones se amplíe a 35 años y ha asegurado en Hablando Claro de TVE quelas negociaciones con los agentes sociales para culminar la reforma de las pensiones buscan hacer el sistema "más justo", dado que "ya los últimos años no son los mejores, puede tener sentido ampliarlo", dice, pero viendo al mismo tiempo "cómo ajustar" el período de cómputo con la "posibilidad de que se excluyan los peores años de cotización", algo que, según ha señalado, en estos momentos no se puede hacer. El objetivo, ha dicho este lunes, coincidiendo con la primera reunión del Gobierno con los agenes sociales, es que personas que tienen "un déficit de protección ante situaciones sobrevenidas, tengan una situación más confortable". "No estamos estamos hablando de aumentar el plazo de cómputo sino de satisfacer una recomendación del pacto de Toledo que nos dice en este momento cada vez hay mas realidad en el mercado de trabajo en los que los últimos años de la vida la boral no son los mejores".

Foto: EFE/ Chema Moya.