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Victoria Rosell, Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, ha sido entrevistada por Xabier Fortes en La Noche en 24 horas. Durante la entrevista, la jueza ha negado que Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advirtiera que la ley del 'solo sí es sí' tuviera fallas y ha insistido en que el Poder Judicial tiene "un sesgo machista".

Al mismo tiempo, Rosell ha asegurado que está vetada por la derecha para poder integrar el CGPJ debido a la persecución que realizó a un juez corrupto cercano al Partido Popular.

Desde la entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí' se han provocado un goteo de rebajas en las penas de condenados por delitos sexuales. María del Carmen Gámiz Valencia, magistrada titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº6 de Madrid y miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, ha estado en 24 horas de RNE para aportar su visión: "El tipo único de agresión sexual ha rebajado las penas dentro de todos los contextos de agresión sexual que se contemplan", explica.

La magistrada considera que como no hay una disposición transitoria "que dijese que no cabría la aplicación retroactiva" estamos "en el escenario que estamos", y añade que echar la culpa a los jueces, en alusión a las palabras de Irene Montero o Victoria Rosell, ambas del ministerio de Igualdad, "ataca a la independencia del Poder Judicial". "Nosotros solo aplicamos la ley", sentencia.

La nueva tipificación de los delitos sexuales que introdujo la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del solo sí es sí, ha supuesto que los tribunales estén revisando a la baja algunas sentencias. En concreto, la Audiencia Provincial de Madrid ha rebajado la pena a dos condenados. Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, insiste en el informativo 24 horas de RNE que "no es un problema de la ley". Rosell asegura que no se han rebajado las penas para los delitos que contemplan estos dos casos: "No solo no es cierto que el mínimo en el caso del padrastro que penetra a la hijastra se haya reducido de 8 a 6, sino que se ha incrementado de 10 a 15 porque hay necesariamente uso de superioridad". Por ello, afirma que "la capacidad de interpretación sin perspectiva ni de género ni de infancia ni de derechos humanos" existe con ambas leyes. Añade que "hay una mirada voluntarista"  por parte de los jueces o los abogados: "Si la pena que has puesto en la sentencia firme cabe con la nueva ley, no se revisa. Y la condena que pusieron cabe".

El PSOE presenta 37 enmiendas a la Ley Trans, entre ellas exigir a los menores de 16 años autorización judicial para cambiar el sexo en el registro. La ministra de Igualdad cree que traiciona el texto que habían consensuado y el compromiso con la comunidad trans.

Hoy se conocerán las enmiendas presentadas por el Partido Socialista sobre la Ley Trans y hemos querido conocer las posturas de dos colectivos distintos al respecto. Ángeles Álvarez, miembro de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, ve en la norma un empeoramiento de la situación de estas y “una falta de responsabilidad” en cuanto a los menores. Asimismo, denuncia que haya “ciertos tintes de adoctrinamiento” en la educación en las aulas y cree que los profesores no deberían intervenir con los menores que no cumplan con los estereotipos de género preestablecidos.

Mané Fernández, vicepresidente de la Fundación Española de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales, ha destacado sin embargo que esta ley no busca que quienes no pertenezcan al colectivo LGTBI+ pierdan derechos, sino garantizar que quienes sí lo hacen los tengan, y reclama que el resultado actual sea un “retroceso en cuanto al borrador que se presentó”. Señala que la ley cuenta con “un gran apoyo”, pero pide que no se confundan los hechos y que no se den falsas informaciones respecto a las peticiones del texto: “No se puede decir que va a ser un retroceso en cuanto a la ley de violencia de género cuando hay un artículo específico que aclara que la sentencia se pronunciará según la identidad de género con la que se identifique la persona en el momento de cometer el delito”, ha resaltado Fernández.

Amelia Tiganus es escritora y activista feminista, pero también es superviviente de la trata de mujeres. A día de hoy es una de las voces cantantes del movimiento abolicionista en España y eso ha supuesto que sea el objetivo de amenazas y vejaciones por defender su discurso. Indica en Las Mañanas de RNE que, aunque sabe que estas no van a llegar a mayores ya que harían de ella "una mártir", son intentos de acallarla en un momento en el que los representantes públicos deberían estar prestando atención a las expertas y expertos en el tema antes de tomar ninguna decisión.

Amelia cuenta cómo en su caso se convirtió en una víctima de trata con apenas 17 años, engañada por la idea de poder salir de una situación a la que le habían desembocado múltiples violaciones sufridas con tan solo 13. Relata además que fue vendida por 300 euros a un proxeneta español, con el que acumuló una deuda de 3.000 euros "por el viaje, la ropa y un alquiler de seis meses", y que durante los seis años que estuvo inmersa en este "sistema prostitucional" no denunció ni dio los nombres de los prostíbulos en los que estaba trabajando, aunque tampoco después. 

Denuncia que tanto en el suyo como en cualquier caso, lo que sustenta que sean viables la prostitución y el proxenetismo es el silencio que hay tras los puteros y que en España abarca "a cuatro de cada diez hombres", y reclama que "se aplique una ley abolicionista que les multe" y con la que se les puedan aplicar penas de cárcel: "No podemos seguir distinguiendo entre unos agresores sexuales y otros cuando lo que les diferencia es un billete", sentencia. 

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha propuesto al PSOE un calendario de tramitación de la ley trans hasta el 18 de noviembre para que pueda ser aprobada antes de que acabe el año y ha lanzado un mensaje a las organizaciones LGTBI y de personas trans de que sus derechos van a ser ley.

FOTO: Irene Montero, en un Pleno del Congreso. EFE/Chema Moya

El PSOE pedirá ampliar una semana más el plazo para presentar sus enmiendas a la llamada ley trans. Aunque fuentes socialistas aseguran que no agotarán el plazo y que las darán a conocer el próximo lunes. Defiende que el proceso debe desarrollarse libre de presiones injustificadas y que el partido está haciendo un trabajo riguroso para que el texto sea garantista.

Desde Igualdad ven con preocupación el retraso, quieren que esté aprobada antes de final de año y que no haya cambios respecto al texto ya pactado con el Gobierno.