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La decisión de la Audiencia de Barcelona de permitir la libertad provisional a Dani Alves ha indignado a la víctima. Su abogada cree que hay riesgo de fuga y que el exjugador tiene suficiente capacidad económica para hacer frente a la fianza sin dificultad. Sus palabras reflejan un debate social. El Telediario ha consultado a expertos de distintos ámbitos sobre si el dinero genera desigualdades en estos casos. 

Los funcionarios de prisiones mantienen este sábado el bloqueo en las cárceles de Quatre Camins, Joves y Wad Ras en Barcelona. Al menos 1.000 internos se verían por estos bloqueos que van a continuar "con más intensidad, más fuerza y hasta que el cuerpo aguante", asegura en el informativo '24 Horas' el portavoz del sindicato de prisiones de UGT en Cataluña, Xavier Martínez. Mantienen que no se sentarán a negociar sin la dimisión de la consellera de Justicia, Gemma Ubasart. "Exigimos el cese fulminante de la figura que ha provocado que, durante los últimos años, se deteriore la institución", exige Martínez. El portavoz de UGT adelanta en Radio Nacional que tienen intención de volver a cerrar todos los centros de Cataluña este lunes. "Las medidas que pedimos son reorganizar convenientemente la institución penitenciaria y pasa por hacer una limpieza de personas de estructura", expresa.

El romance entre dos fiscales ha estado a punto de tumbar uno de los juicios más importantes contra el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, el del estado de Georgia, donde ha sido acusado de intentar robar las pasadas elecciones. Los abogados de Trump han tratado de descalificar a la fiscal Fani Willis por su relación con un subordinado. El juez ha tomado una decisión salomónica: no la descalifica, pero uno de los dos tiene que dejar el caso. Mientras tanto, durante meses, el caso contra Trump ha estado paralizado. Sus abogados están logrando retrasar todos los juicios en su contra.

Foto: La fiscal Fani Willis (Alex Slitz/Pool via REUTERS)

Hoy se vota en la Eurocámara el Reglamento Europeo de la Inteligencia Artificial (IA). Nuria Oliver, co-fundadora y directora de la Fundación ELLIS Alicante y experta en IA, ha estado en Las Mañanas de RNE para analizar esta norma. Esta norma, según Oliver, es pionera a nivel mundial, y muchos países miran a esta regulación mientras trabajan en sus normas. “Es el primer esfuerzo regulatorio para regular la inteligencia artificial de manera transversal y en la categorización de los sistemas de inteligencia artificial en base al riesgo que puedan presentar para la sociedad”, explica esta experta. Oliver considera que no todos los sistemas debería estar sometidos al mismo escrutinio: “La IA es una disciplina transversal, por eso es necesaria esta estimación del nivel de riesgo en función de donde se aplique”.

Nuria Oliver cree que una buena regulación es un incentivo para orientar la innovación porque "elimina la incertidumbre y establece las reglas del juego". “No todo el desarrollo tecnológico conlleva un progreso, y la regulación es un instrumento para asegurarnos que el desarrollo tecnológico sí va a conllevar un progreso, es decir, va a tener un impacto positivo en la vida de las personas”, argumenta. Según ella, el aspecto más complejo va a ser trasladar esta norma al mundo real y ver cómo se implementa y supervisa.

La experta en IA defiende que hay que contrarrestar el discurso público -según ella con sesgo negativo- ya que a pesar de "sus riesgos sistémicos", la inteligencia artificial “tiene un potencial inmenso para el bien social, por ejemplo aplicado en la medicina de precisión o en los modelos del clima”. En España tiene muchas oportunidades, y destaca que el país ha sido pionero en el contexto regulatorio, creando la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial. “Los Estados miembros tienen que crear estas agencias supervisoras”, sentencia.

Hoy en Por tres razones, hablamos del caso de un hombre que ha sido despedido de su trabajo por tocar en un concierto de música mientras estaba de baja. En primera instancia el Juzgado de lo Social número 3 de Donostia declaró procedente su despido, pero el trabajador recurrió al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) solicitando en su recurso la nulidad del despido al considerar que fue una discriminación por enfermedad y este tribunal ha condenado a la empresa a que antes de cinco días opte entre readmitir al empleado, el pago de los salarios de trámite o el abono de una indemnización de 95.430 euros. Hoy hemos conocido que la empresa ha optado por esta última vía. Hablamos con el trabajador, Javier Feijóo de 54 años. Además, nos atiende en directo la presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Garbiñe Biurrun.