Estado de alarma

Tras las críticas vertidas por el Tribunal Supremo ante el decreto que les obligará a pronunciarse sobre las restricciones una vez que decaiga el estado de alarma, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, responde en RNE. “Pediría calma y sosiego. El decreto es tremendamente constitucional y empodera al Supremo para su rol constitucional, que es unificar doctrina”. Es categórico sobre el plazo de cinco días para dar una respuesta: “Claro que sí. Se cumplirá”. Campo se compromete a dar los recursos de personal que sean necesarios pero también apunta que no habrá un aluvión de recursos: “Como mucho, uno por comunidad”. A poco más de 24 horas para que decaiga el estado de alarma el Gobierno defiende que las CCAA tienen un “arsenal normativo suficiente” para tomar medidas que hagan frente a la pandemia.

Campo explica por qué el Ejecutivo descarta la reforma de otras leyes, como propone la oposición. “No hay clima para alcanzar consensos. Debemos recordar lo que nos ha costado sacar adelante las prórrogas del estado de alarma. Nunca hemos tenido apoyo. Ahora que la situación es más optimista, hay herramientas suficientes para hacerle frente”.

Campo es mucho más optimista cuando se le pregunta por un posible entendimiento con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Habla de necesidad y reconoce contactos con Enrique López, consejero de Justicia en funciones del PP en Madrid, después del 4M. Aunque no pone fecha y hora, asegura: “El acuerdo está hecho. Solo hay que encontrar el acuerdo para visibilizarlo y hacerlo público. Espero que ahora encontremos ese mecanismo”. Campo cree que el consenso en este momento es fácil y que hay voluntad por las dos partes.

Reconoce el mal resultado del PSOE en las elecciones del martes y dice que “hay que felicitar al que gana y hacer autocrítica. Es la clave de la democracia”. Eso sí, niega que la derrota vaya a influir en decisiones como qué postura adoptar ante los indultos solicitados por los presos del ‘procés’.

Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, y Tolo Gomilla, presidente de la Federación Española de Vivienda y Apartamentos Turísticos, han vaticinado que este verano será “parecido al anterior”, que primará el turismo nacional con prevalencia en las zonas de costa y archipiélagos y han insistido en la necesidad de emitir un “mensaje claro” y confianza sanitaria a la población para reactivar el sector. La intención de viajar ha aumentado, pero “todavía no se ha traducido en reservas por la confusión que provocan las diferentes medidas que tomas las comunidades”, ha señalado Garrido. Gomilla ha añadido que hay que ser “empático con reducción de precios y facilidad en las pólizas”. En el verano de 2021 las agencias de viajes no esperan llegar al 50% de la venta habitual,  mientras que las viviendas y apartamentos turísticos lamentan que una ocupación media del 40% “sería un éxito”. Garrido ha denunciado que los trámites administrativos han impedido que las agencias de viajes hayan recibido las ayudas aprobadas y ha destacado que se componen, en su mayoría, pymes y micropymes cuya actividad ha caído un 90%. “Es una pena que Europa no haya unificado medidas, el 'certificado verde' facilita, pero no será un aliciente por la suma de restricciones de cada país y de cada comunidad”, ha añadido. Gomilla ha comentado que el 80% del turismo de las Islas Canarias y de las Islas Baleares es internacional y que comunidades de interior tendrán “registros interesantes” este verano, como ocurrió en 2020.

• Alertan de que será "problemático" cumplir con el plazo de urgencia de cinco días para resolver los recursos
• El Ejecutivo estableció que el Alto Tribunal tendrá la última palabra sobre las medidas aplicadas por las comunidades

• El TSJIB autoriza limitar las reuniones hasta un máximo de seis personas después del fin del estado de alarma
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• Las comunidades autónomas y el Gobierno cuentan con un nuevo recurso de casación ante el Tribunal Supremo
• Podrán presentarlo cuando los Tribunales Superiores de Justicia o la Audiencia Nacional tumben sus medidas anticovid

La profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla,  Ana Carmona, ha hablado en 'Las mañanas de RNE' sobre el decreto aprobado por el Gobierno que deja en manos de los jueces del Supremo la autorización de medidas que limiten derechos y libertades cuando acabe el estado de alarma. "Es cierto que vamos a tener unas dosis más altas de seguridad jurídica porque se van a poder unificar criterios, pero los jueces no están para gobernar. La competencia del Supremo es administrar justicia, no tener la última palabra sobre las restricciones", ha asegurado Carmona. La profesora cree que, con ese decreto, el Gobierno no afronta el problema real. "La clave es que tenemos una ley de Salud Pública excesivamente genérica a la hora de permitir la restricción de derechos y es la que crea los problemas de seguridad jurídica", ha explicado Carmona, que cree que el decreto suavizará la inseguridad jurídica, pero no la va a neutralizar al 100% porque, dado que la incidencia del virus no es la misma en todos los territorios, el Supremo puede encontrarse con dificultades técnicas para unificar doctrina.

• Navarra, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana o Baleares sí tienen intención de limitar la movilidad nocturna
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Horas después de que el Gobierno haya aprobado un decreto que, cuando decaiga el estado de alarma, deja en manos del Supremo la decisión última sobre las restricciones, analizamos la viabilidad de la medida con Agustín Ruiz Robledo. El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada cree que, aunque este decreto dará una mayor seguridad jurídica a las CCAA, es difícil que pueda refrendar ciertas restricciones de derechos fundamentales. “Creo que no hay un jurista que defienda un toque de queda en una situación ordinaria, sin estado de alarma, porque es como un arresto domiciliario”. Añade que el cierre perimetral si es una cuestión más discutida. En todo caso, él considera que estas decisiones forman parte de la función legislativa y que se deberían haber reformado las leyes sanitarias que permiten tomar decisiones extremas en casos de alarma sanitaria como la actual. “El instrumento jurídico no puede ser la justicia ordinaria” ha concluido Ruiz Robledo.

Andalucía critica que el Gobierno tire de Real decreto en vez de consensuar un 'plan B' al estado de alarma. Cataluña critica que la aprobación de las restriccines quede en manos de los jueces. Para el presidente cántabro, acudir al Supremo ralentiza la toma de decisiones. Baleares por su parte ya ha solicitado a su Tribunal de Justicia el aval para medidas como el toque de queda, aunque la fiscalía cree que no es procedente.

El presidente de Aragón cree que tiene herramientas suficientes para las restricciones con la ley autonómica aprobada en diciembre y Asturias sostiene que acudir al Supremo pude servir para unificar criterios.

Madrid, Extremadura, Comunidad Valenciana, Aragón o Castilla la Mancha prefieren no pronunciarse hasta no leer el Real Decreto. Castilla La Mancha pedirá mañana además en la reunión Interterritorial de Sanidad una fórmula jurídica para aplicar el toque de queda.

[Foto: EFE/ Fernando Villar].

• El presidente es partidario de mantener las limitaciones de reunión y movimiento
• Fija la ampliación de las medidas en tres semanas como máximo, hasta que se haya vacunado todos los mayores de 60 años
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El próximo 9 de mayo termina el estado de alarma. Sin intención de prorrogarlo y sin alternativa jurídica de ámbito nacional, las Comunidades Autónomas tendrán ahora que decidir qué medidas aplican. A País Vasco le hubiera gustado que continuara y prepara ya un decreto para seguir blindados. Desde Castilla-La Mancha y Cataluña han anunciado ya que eliminan los cierres perimetrales, también la Comunidad Valenciana, pero sí que mantendrán de momento el toque de queda. Cantabria abre igualmente su territorio y en Galicia, la Xunta está dispuesta a modificar el horario de las restricciones nocturnas. Por su parte Andalucía ha dicho que reduce el toque de queda y las limitaciones en playas con alta incidencia. Los nuevos decretos de cada Comunidad Autónoma deberán ser ratificados por los tribunales. Desde el Gobierno central insisten en que las comunidades tienen herramientas suficientes, mientras que aún algunas autonomías siguen decidiendo su plan cuando la incidencia acumulada está en 223 casos por 100.000 habitantes.

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La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha garantizado que tras el fin del estado de alarma primará la coordinación entre las administraciones para hacer frente a la pandemia. Entre las medidas, ha destacado la posiblidad de seguir contando con médicos jubilados para combatir la pandemia y la especial protección a mujeres y menores contra la violencia machista. Tras el Consejo de Ministros, Calvo ha indicado que la salida del estado de alarma se hace con "ponderación, eficacia y en coordinación con el resto de las administraciones·. Subraya que se da entrada a "una vía garantista para que el Tribunal Supremo unifique doctrina y tranquilice a los ejecutivos autonómicos" para poder "seguir trabajando incluso en decisiones que limiten derechos".

La consejera de Salud del Gobierno vasco, Gotzone Sagardui, confía en que las próximas semanas sirvan para que desciendan las cifras de afectados y llegar a los 60 contagios cada 100 mil habitantes. Sagardui cree que la población vasca está siendo responsable pero que, como en toda España, el cansancio comienza a hacer mella. Lamenta que no se haya puesto en marcha ninguna reforma legal que les garantice herramientas una vez que expire el estado de alarma. “Pensamos que el levantamiento del estado de alarma es muy pronto. No hemos superado la pandemia. Estamos mejor, pero no bien. Necesitamos instrumentos legales que nos permitan adoptar las medidas más adecuadas y con inmediatez”, ha dicho en RNE. La consejera no aclara si Euskadi puede plantearse solicitar en el Congreso un estado de alarma para su territorio e insiste en “pese a que las medidas relativas a la movilidad y a la reunión son las que están siendo más efectivas, son sobre las que las CCAA no tenemos capacidad de decisión”. Sobre los pasajeros del barco atracado en el puerto de Bilbao que podrían estar contagiados con la variante India, Sagardui asegura que están esperando los resultados de las pruebas epidemiológicas y que, mientras, están dando toda la atención sanitaria que los afectados necesitan.

El primer fin de semana de apertura de provincias en Andalucía hemos vuelto a ver los chiringuitos llenos. La hostelería asegura que el alivio de restricciones es como si les "hubiera tocado la lotería" y que les "devuelve a la vida". No obstante, la mayoría de los hoteles andaluces siguen cerrados; solo 3 de cada 10 ha abierto este fin de semana. En cambio, en Jerez, el Gran Premio de España de Motociclismo les ha dejado una ocupación cercana al 100%.

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EFE/Daniel Pérez

Las comunidades perfilan ya sus planes parael final del estado de alarma en menos de una semana. El debate entre relajar o mantener las restriccionesrecuerda al de junio de 2020, cuando llegó el fin del primer periodo de excepción. Hemos preguntamos a varios expertos sobre las semejanzas y diferencias entre las dos fechas.

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Foto: EFE/ Raúl Caro.

Una vez que expire el estado de alarma, las decisiones que quieran poner en marcha las CCAA tendrán que pasar por las manos de los jueces de los tribunales superiores de Justicia. Ya ocurrió el verano del año pasado. Entonces vimos cómo se apoyaba la limitación de reuniones en Extremadura o Navarra y se rechazaba en Euskadi. Algo parecido puede volver a pasar a partir de la semana que viene. Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la asociación judicial Francisco de Vitoria dice que los magistrados no se sienten cómodos con el papel que tienen que desempeñar porque existe una gran inseguridad jurídica. “Se nos trasladan decisiones que debería tomar el legislador, que es quien representa la voluntad de los ciudadanos”, ha dicho en ’14 horas’. Sobre la posibilidad de mantener los llamados toques de queda, Fernández Vaquero dice que, aunque siempre hay que estudiar cada caso particular, es complicado que se pueda hacer. “Los derechos fundamentales están consagrados en la Constitución y ahí hay cauces muy concretos. No está la posibilidad de que una Comunidad Autónoma haga esa limitación” ha asegurado.

Si nada cambia a lo largo de esta semana, el domingo decaerá el estado de alarma y entraremos en una nueva fase de la pandemia de coronavirus. Las decisiones para restringir ciertos derechos quedarán en manos de los tribunales superiores de justicia de las Comunidades Autónomas. Hemos analizado el nuevo escenario con José Jonay Ojeda, médico especialista en Medicina Preventiva y uno de los portavoces de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. Según Jonay, “el foco no solo hay ponerlo sobre las herramientas, sino en su efectividad. Debemos pensar cómo modificar el comportamiento con motivo de este cambio legal”. Él cree que la legislación actual podría ser suficiente si la evolución epidemiológica avanza al ritmo al que lo está haciendo ahora y todos ponemos de nuestra parte. “El comportamiento individual seguirá siendo uno de los principales condicionantes en la evolución de la pandemia. Tendremos que observar dos semanas para ver si la tenencia descendente se sigue reduciendo”, ha dicho en RNE. La vacunación, añade, contribuirá al éxito de la situación pero, en este sentido, recuerda que habrá que seguir aplicando restricciones y teniendo cuidado hasta que no avance la campaña en todo el mundo. “Si aspiramos a recuperar la vieja normalidad, hasta que países como India no consigan controlar la pandemia, no conseguiremos volver a ella”, ha concluido.

• La falta de una normativa global deja las posibles limitaciones de derechos a criterio de los tribunales
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La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado que todas las herramientas que están vigentes para controlar la pandemia seguirán usándosecuando termine el estado de alarma, pese a las dudas de la oposición. Se refiere alas medidas acordadas entre las comunidades autónomas en la estrategia de detección precoz, vigilancia y control de la COVID-19 y el Plan de respuesta temprana (que recogen recomendaciones en función de la incidencia), y también a la vacunación.

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Foto: La ministra de Sanidad, Carolina Darias, comparece este jueves en el Congreso de los Diputados. EFE/ Zipi

Continúa el debate sobre qué restricciones se podrán tomar ante el coronavirus cuando decaiga el estado de alarma el 9 de mayo. A diez días de la fecha, como Castilla y León, el lehendakari Iñigo Urkullu pide que se alargue uno o dos meses en todo el país, pero el Gobierno insiste en que las comunidades tienen herramientas suficientes. El PP quiere una reforma legal que permita tomar medidas sin aval judicial.

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Foto: Control de la Guardia Civil a los coches procedentes de Asturias en la entrada de Ribadeo (Lugo). EFE/J. L. Cereijido/Archivo