Estado de alarma

El portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Aitor Esteban, ha manifestado, en Las Cosas Claras, de TVE, su apuesta por alargar el actual estado de alarma que está previsto que decaiga el próximo 9 de mayo. El diputado del PNV ha señalado que desde su formación son partidarios "de mantener todas las herramientas jurídicas precisas para poder tomar decisiones ante la evolución de la pandemia" y ha recordado que cuando se han hecho previsiones durante el último año y medio sobre cómo iba a evolucionar la pandemia de coronavirus, "de repente nos sorprendía con picos en un lugar o en otro". Aunque ha reconocido que es posible que el estado de alarma sea localizable unicamente en algunos lugares, ha subrayado que "vistos los números que tenemos, parece un poquito más prudente ir alargando el estado de alarma" aunque, ha dicho, fuera en plazos más cortos y los revise el Congreso periódicamente. "Yo creo que un poquito de más de tiempo nos tenemos que dar cuando solo el 10 % o el 12 % de la población como mucho va a estar vacunada" para verano, ha insistido.

Esteban ha criticado que cuando el Gobierno anunció que iba a dejar decaer el estado de alarma un mes antes de que la fecha prevista para ello, le dio la sensación de que "está más preocupado por los touroperadores y el movimiento turístico que por el control de la pandemia". En este sentido, ha destacado que sin el estado de alarma desaparece el toque de queda y la posibilidad de perimetrar algunas zonas en determinados momentos, y ha recordado que todos los especialistas dicen que lo más eficaz para el control de la pandemia es limitar la movilidad.

En cuanto a las cartas con amenazas que han recibido distintos cargos públicos, Esteban ha condenado estos hechos "rotundamente" y ha valorado que se han derivado "de un cierto clima que se ha ido creando", así, ha lamentado que "las actitudes, declaraciones y desprecio de algunos grupos hacia bancadas con las que tienen discrepancias se transmiten a sus seguidores más radicales".

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El fin del estado de alarma supondrá el fin del cierre perimetral de las autonomías y el toque de queda, por lo que las comunidades se preparan para ese escenario y piden al Gobierno cobertura jurídica. País Vasco y Cantabria sugieren que, para controlar la pandemia, se pueda decretar el estado de alarma solo en las autonomías con mayor incidencia de contagios. El presidente de la Comunidad Valenciana, sin embargo, cree que no es necesario seguir con esta figura. Por su parte, Madrid o Galicia piden que se modifique la ley de Salud Pública, mientras otras comunidades se han limitado a solicitar un marco jurídico que evite las situaciones que se dieron el verano pasado, cuando en algunos territorios los jueces avalaban unas restricciones mientras en otras comunidades las echaban atrás. (Foto: EFE)

Una vez finalice el Estado de Alarma el próximo 9 de mayo, las Comunidades Autónomas seguirán teniendo a su alcance una serie de medidas para controlar la epidemia. Según ha explicado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, el fin del famoso decreto solo impide implementar el cierre perimetral entre regiones, el toque de queda -cuyo objetivo es reducir la movilidad nocturna- y la prohibición del derecho de reunión de grupo. Por lo tanto, los gobiernos autonómicos seguirán pudiendo establecer horarios restringidos o cierres completos en distintos sectores como la hostelería, el comercio o la cultura, entre otra serie de medidas.

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Fernando Álvarez Osorio, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, ha comentado “la inseguridad jurídica” tras el fin del estado de alarma. “Quizá se debería haber reformado con seriedad la ley orgánica 3.86 de Sanidad Pública porque estamos en unas circunstancias que la ley no prevé, como la pandemia”, ha comentado en el programa Parlamento de RNE.

“El problema es que cuando se limitan o restringen derechos fundamentales, aunque sea por una razón tan grave como la Salud Pública, los jueces, que son los garantes de los derechos fundamentales, tienen que intervenir, en este caso el Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad. Y cuando las consejerías de Sanidad publiquen los decretos correspondientes de limitación de derechos los jueces tienen que tener muy justificadas esas limitaciones”, ha explicado.

Los gobiernos de la Unión Europea, sobre todo los más golpeados por la pandemia, como Italia, Francia o España, esperan con ansia la llegada de los fondos europeos para paliar la crisis que está dejando la pandemia. Pero, antes, todos los Gobiernos deben presentar sus propuestas a Bruselas y, además, sus parlamentos deben ratificar el acuerdo. Dos tercios de los 27 ya lo han hecho, pero faltan 9 países. La Comisión Europea exige una pulcra gestión de los fondos y compromisos económicos y sociales a cambio del mayor desembolso de su historia. Poco a poco se va despejando ese camino. La última piedra la ha retirado el Constitucional alemán.

Con los corresponsales de Radio Nacional en Alemania, Gabriel Herrero; en Francia, Paco Forjas; en Bruselas, María Carou; y en Italia, Jordi Barcia.

Cuando en junio se cumpla un año del fin del primer estado de alarma en España, las multas de ese periodo que no se hayan tramitado caducarán. 1.100.000 sanciones, apenas se facilitan datos de cuántas se han cobrado. Los expertos juridicos explican que son fáciles de recurrir.

El vicelehendakari primero y consejo de Seguridad del Gobierno vasco, Josu Erkoreka confía en que cuando pasen las elecciones de Madrid, el Gobierno central anuncie que se prorroga el estado de alarma. Erkoreka argumenta que, en el caso de Euskadi, la justicia no ha apoyado ninguna de las medidas restrictivas propuestas por el Gobierno y que eso puede ser un problema para gestionar la pandemia a partir del 9 de mayo. “La situación en este momento no es buena. El nivel de incidencia de los contagios es elevado. El nivel de ocupación de los hospitales es importante. El sistema está tensionado. Hay motivos de preocupación en el sentido de que las herramientas de las que disponemos pueden dejar de existir y el panorama puede complicarse”, ha dicho en RNE. Explica que están poniendo en marcha iniciativas en el parlamento vasco que puedan dar ciertas garantías, pero son textos que aún necesitan un tiempo para pactarse y tramitarse. Por eso, Erkoreka mira al día 5 de mayo con cierta esperanza: “Creo que una vez salvado el obstáculo electoral madrileño podemos retomar el asunto y que el Gobierno central cambie. Parece transmitirse que el presidente está esperando una solicitud unánime de todos los actores, grupos y presidentes, para que lo prorrogue y que nadie le inquiete cuando llegue al Congreso”. Sobre la posibilidad de que se convoquen elecciones generales en 2020, afirma “yo no me atrevo hacer un vaticinio, pero no se puede descartar”. Erkoreka lamenta que las continuas convocatorias electorales retrasen la puesta en marcha de acuerdo importantes como la transferencia a Euskadi de la gestión del IMV (ingreso mínimo vital) o las competencias penitenciarias. En este sentido, recuerda que es un acuerdo contemplado en el Estatuto de Gernika y que ya no tiene sentido retrasarlo más. “Antes se podían resistir, cuando la política penitenciaria formaba parte de la lucha contra el terrorismo, pero afortunadamente esas razones están desaparecidas y no tiene sentido el incumplimiento estatutario”. Erkoreka niega que esto vaya a favorecer a los presos de ETA y pide un voto de confianza para los funcionarios y responsables de ese futuro área. Por último, Erkoreka se alegra del fracaso del proyecto de la Superliga porque, dice, “no es un proyecto que cuente con el aval de la inmensa mayoría de los equipos europeos y desde luego no con el de los equipos vascos”.

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El 9 de mayo finaliza el estado de alarma y, este martes, socios del Gobierno como Esquerra y Compromís se muestran dispuestos a estudiar el plan B jurídico que ha presentado el PP.  El Ejecutivo de Pedro Sánchez insiste en que hay mecanismos legales suficientes para mantener a raya al virus.

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Foto: El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví y el de ERC, Gabriel Rufián, este martes en la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados. EFE/J.J. Guillén POOL

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, es partidario de prolongar el estado de alarma más allá del 9 de mayo. Entrevistado en La hora de la 1, Esteban considera que "habría que prorrogarlo durante un periodo que fuese corto" y argumenta que no hay alternativas jurídicas para restringir la movilidad y frenar al coronavirus. Sobre las elecciones de Madrid, apunta que “si Vox entra en el gobierno es porque alguien le ha introducido, no porque consigan mayoría absoluta”. Llama a un consenso amplio entre los partidos tanto para las pensiones como para renovar el Consejo General del Poder Judicial.

Jaume Collboni, primer teniente de alcalde de Barcelona, ha comentado desde la sala 2 de los Cines Verdi de Barcelona que “todos tenemos ganas de vivir eventos culturales”. “En España no se ha parado la cultura y debemos estar muy orgullosos”, ha sostenido en 24 horas RNE.

“El cierre perimetral no forma parte de nuestra realidad cotidiana”, ha mantenido Collboni, que ha explicado que la imagen de la playa de la Barceloneta repleta de gente se deben a que es una playa urbana: “Se provocan aglomeraciones porque hay 15.000 habitantes por km cuadrado, Madrid tiene 5.000”. Ha indicado que el Ayuntamiento ha pedido ampliar el cierre perimetral a la región metropolitana, pero que la Generalitat lo ha entendido como un “privilegio”. “Lo hemos pedido para evitar la densidad de población y cumplir las medidas”, ha puntualizado.

“En Barcelona hemos hecho un esfuerzo espectacular para proporcionar 30.000 sillas más en las terrazas,  las pusimos para que, cuando hubiera restricciones, los bares pudieran tener las terrazas abiertas, aunque las autoridades no han querido aceptar esa distinción”, ha lamentado el primer teniente de alcalde de la ciudad condal. “Las terrazas deberían tener horarios normales”, ha sentenciado.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha recordado este lunes que el final del estado de alarma no implicaría acabar con las restricciones de movilidad. "Hay muchísimas medidas que se pueden aplicar en territorios que no sean de ámbito comunitario o nacional. Que nadie confunda el fin del estado de alarma con el fin de las medidas de prevención de la transmisión. No tiene nada que ver. No cometamos errores del pasado", ha insistido Simón. Ha pedido esperar a corroborar la evolución de la situación de la COVID-19 unos días antes del 9 de mayo para hacer "estimaciones". "La intención es no renovarlo. Otra cosa es que no estén previstas todas las opciones", ha señalado.

Pedro Sánchez comparece en el Congreso y confirma que no habrá prórroga del estado de alarma después del 9 de mayo. Críticas de la oposición.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, apoya que el día 9 de mayo decaiga el estado de alarma, pero pide al Gobierno que las dote de seguridad jurídica para evitar “que en Cantabria se avale una cosa que se prohíbe en Euskadi”. Está de acuerdo con que no haya prórroga porque, asegura, “el pueblo español ya no puede más, está de los nervios”. Revilla confía en que se agilice cuanto antes la vacunación y se pueda alcanzar casi un 60% de inmunización a finales del mes de julio. “Además, el calor no es un buen aliado del virus”, ha dicho en ‘Las mañanas de RNE’. Revilla defiende además la seguridad de todas las vacunas. Espera que, cuanto antes, se pueda empezar a inyectar el suero de Janssen y respalda la vacunación con AstraZeneca y pone como ejemplo el avance que ha dado el Reino Unido en la lucha contra la pandemia gracias a la administración de este suero. Revilla, que está en cuarentena por contacto estrecho con un positivo, ha recibido hoy el resultado negativo de la segunda PCR y mañana se incorporará al trabajo. Está vacunado desde la semana pasada. Dice que pidió AstraZeneca pero que no pudo ser por su edad, 79 años. Apuesta porque políticos y personalidades públicas se vacunen con este suero para mandar un mensaje de confianza.

Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, se ha mostrado preocupado por la evolución de la pandemia en toda Europa y ha celebrado ser una de las provincias españolas con menor incidencia. “Estamos muy preocupados por lo que pueda pasar a partir del 9 de mayo”, ha sostenido en 24 horas de RNE. “Uno de los municipios murcianos tiene una de las incidencias más altas de Europa, está cerrado el interior de la hostelería y cerrado perimetralmente, pero a partir del 9 de mayo no tenemos capacidad jurídica para implementar esas medidas y los municipios o comarcas en esa situación pueden convertirse en un foco de contagio”, ha explicado.

“Es imprescindible que el Gobierno se ponga trabajar para permitir a las comunidades a partir del 10 de mayo tener capacidad suficiente para tomar decisiones que frenen contagios”, ha insistido y ha negado que el Consejo Interterritorial tenga capacidad para implementar medidas: “Desde que se envía la decisión a los tribunales y se resuelve, el virus se expande”. “Como administración central y europea, en el plan de administración no estamos dando la talla”, ha mantenido el presidente murciano que ha destacado la importancia de ponerse la vacuna y convencer a “todos” de que la vacuna es “fiable, segura y la solución”.

“En la Región de Murcia no ha habido transfuguismo”, ha mantenido López Miras. También ha hecho hincapié en que los miembros del Gobierno regional están “unidos por una apuesta por la libertad y por la estabilidad del Gobierno en el momento más necesario” y ha denunciado que, “de la manera más inmoral y más ruin”, durante la tercera ola, “en los despachos de Moncloa, PSOE y Ciudadanos se repartían la región y la alcaldía de Murcia”.

En España llevamos más de un año en estado de alarma, el instrumento escogido por el Gobierno para poder gestionar la pandemia. Con todo, la intención del Ejecutivo es salir de esta situación a partir del 9 de mayo y las CC.AA. piden herramientas que permitan un respaldo jurídico suficiente para mantener las medidas necesarias para combatir la pandemia. Por ello, en el informativo 24 horas de Radio Nacional nos hemos preguntado qué leyes están gestionando la situación de otros países europeos para luchar contra la enfermedad: algunos como Francia o Italia han decidido optar por declarar un régimen excepcional, mientras que otros como Bélgica o Alemania se aferran a leyes y sistemas consensuados para imponer medidas efectivas. Analizamos esta cuestión junto a Paco Forjas, corresponsal en París; Sara Alonso, corresponsal en Londres; Jordi Barcia, corresponsal en Roma; María Carou, corresponsal comunitaria en Bruselas; y Gabriel Herrero, corresponsal en Berlín

Rafael Simancas, secretario general del grupo parlamentario socialista y portavoz sustituto primero del PSOE en el Congreso, ha comentado que la decisión del Tribunal Constitucional alemán de tumbar la ley de congelación de los alquileres en Berlín “no afectará especialmente” a la ley de vivienda española. “Hay que facilitar el acceso de toda la ciudadanía a una vivienda en condiciones dignas, especialmente a los jóvenes y a los más vulnerables”, ha mantenido en 24 horas de RNE, donde ha defendido que la “mejor medida” es habilitar vivienda pública. “Planteamos otras medidas como bonificaciones fiscales para que los propietarios rebajen las rentas o no poder vender vivienda pública a fondos buitre”, ha explicado.

En cuanto al fin del estado de alarma, Simancas ha sostenido que España cuenta con un “marco jurídico suficiente”, para trabajar en torno a los “retos” del Gobierno: “Vacunar, reforzar el sistema de salud, recuperar economía y empleo y ganar en cohesión social, territorial y de género”. Entre los instrumentos jurídicos que, ha defendido Simancas, cuentan las comunidades, ha enumerado la Ley de Salud Pública, el Consejo Interterritorial, las órdenes ministeriales y la cogobernanza.

El secretario general del grupo parlamentario socialista ha acusado al Partido Popular madrileño de “incapaz y tramposo”: “Tienen los peores datos de la pandemia y ha intentado incumplir la ley en la formación de las listas electorales”.

Continúa el debate por el fin del Estado de Alarma el próximo 9 de mayo. Después de que algunas comunidades y partidos hayan pedido prorrogarlo más allá esta fecha o articular un plan B jurídico, este jueves, la vicepresidenta Carmen Calvo ha insistido en que hay herramientas suficientes para actuar y ha asegurado que los Gobiernos autonómicos pueden incluso cerrar sus territorios.

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Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, durante la sesión de este miércoles en el Congreso. EFE/Chema Moya

El segundo estado de alarma por la pandemia del coronavirus en España, vigente desde la última semana del mes de octubre, decaerá previsiblemente el 9 de mayo ante la negativa del Gobierno de España a prorrogar su vigencia. Con él, desaparecerán los cierres perimetrales, el toque de queda o las limitaciones a las reuniones, debido a que las Comunidades Autónomas no tienen competencias para tomar estas medidas en el marco legislativo vigente. Sin embargo, los gobiernos autonómicos sí podrán confinar barrios o ciudades, así como restringir horarios de los bares y comercios. [Coronavirus: última hora en directo