La Diputación Permanente del Congreso aprueba los siete últimos decretos-leyes del Gobierno

  • El PP ha votado a favor de todos ellos, mientras que Vox solo ha apoyado el de ayudas a las víctimas de Urda
  • Se incluyen medidas para Ceuta, por la dana, para reforzar la seguridad ferroviaria y nuevos derechos sociales
Vista general de la primera reunión de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados tras la disolución de las CortesVer ahora
Vista general de la primera reunión de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados tras la disolución de las Cortes.
Diana Fresneda
Diana Fresneda
Silvia Quílez Iglesias
Silvia Quílez Iglesias

La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado este miércoles los siete últimos reales decretos-leyes aprobados por el Consejo de Ministros en el último mes, a raíz de la convocatoria electoral y la disolución de las Cortes. Entre otras, han salido adelante ayudas para las víctimas del accidente de tren de Urda (Toledo) y otras de apoyo financiero para Ceuta y para paliar los efectos de la dana Adam; medidas para reforzar la seguridad en el transporte ferroviario y mejorar las condiciones de su plantilla; e iniciativas de calado social que amplían la protección a las familias monoparentales y mejoran el sistema de dependencia.

Los siete decretos han salido adelante con la mayoría absoluta del órgano. Los partidos del Gobierno -PSOE y Sumar-, así como sus socios de investidura -ERC, EH Bildu, PNV y Podemos- han votado a favor de todos ellos. También lo ha hecho el PP, mientras que Junts se ha abstenido en el relativo a la protección de las familias monoparentales y Vox solo ha dado su apoyo al decreto de ayudas a las víctimas del accidente ferroviario.

En esta ocasión, no ha sido decisivo el voto del PNV, algo que sí ocurrió el pasado jueves en las votaciones sobre los decretos de vivienda. Los nacionalistas vascos respaldaron uno de los textos, el que prohíbe los desahucios, y permitieron su convalidación. En el otro, que hacía indefinidos los alquileres, votaron en contra junto a PP, Vox y Junts, y el decreto quedó derogado.

La Diputación Permanente del Congreso, el único órgano parlamentario que permanece activo tras la disolución de las Cortes, podrá reunirse la próxima semana por última vez antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Tras los comicios, el Gobierno quedará en funciones hasta que tome posesión el nuevo Ejecutivo, tal como establece el artículo 101 de la Constitución.

Ayudas para Ceuta y para los afectados por la dana Adam

Uno de los momentos más broncos de la jornada ha coincidido con el debate del decreto de ayudas a Ceuta, con el que se destinan 45,32 millones de euros en subvenciones directas a la ciudad autónoma para financiar las actuaciones tras la llegada masiva de migrantes a finales de julio.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha sido el encargado de defender la iniciativa, asegurando que "se está recuperando la normalidad" en la ciudad y que todos los asentamientos están desalojados y ya no hay grupos pernoctando. Además, ha avanzado que este miércoles comienzan las obras de ampliación del espigón y del obstáculo flotante, que pasará a tener más de medio kilómetro.

Las críticas no han tardado en llegar desde la oposición. La diputada del PP Sofía Acedo Reyes ha advertido al Ejecutivo de que la ciudad solo "empezará a recuperar la normalidad el día que salgan todos los que invadieron la ciudad el 30 y 31 de julio" y lo ha acusado de "abandonar" a los ceutíes. Mientras que Vox ve la "invasión" de Ceuta motivo de "una declaración de guerra" y ha reclamado la "defensa permanente" del Ejército y una "acción penal" contra el Gobierno.

Por su parte, desde Sumar y Podemos han denunciado los casos de torturas contra personas migrantes que supuestamente se han producido desde entonces por miembros de las Fuerzas Armadas, hasta 50 documentados por la organización Amnistía Internacional.

La mayoría absoluta de la Diputación Permanente del Congreso también ha dado 'luz verde' al decreto de respuesta a los daños causados por la dana Adam entre el 17 y el 19 de octubre. La norma incluye medidas de apoyo al sector agrario, al comercio, al turismo y a la hostelería, así como actuaciones para reparar los daños en las infraestructuras hidráulicas y en la zona marítimo-terrestre.

Mejoras en el transporte ferroviario tras el accidente de Urda

La jornada también ha concluido con la convalidación de los dos decretos que el Consejo de Ministros aprobó a raíz del accidente ferroviario de Urda (Toledo). El primero establece ayudas a las víctimas, de entre 2.404 y 84.141 euros por fallecimiento o lesiones, y medidas de protección para los viajeros. Entre ellas, el texto contempla límites a los precios que pueden cobrar los operadores de transporte en situaciones de emergencia.

El segundo decreto refuerza la seguridad ferroviaria y la protección social de los trabajadores. La norma modifica los tiempos de conducción de los maquinistas, los coeficientes que permiten adelantar la edad de jubilación en determinadas categorías profesionales y las condiciones en las que la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria ejerce su labor de supervisión.

El encargado de defender ambas iniciativas ha sido el vicepresidente primero y responsable de Transportes, Carlos Cuerpo, quien ha subrayado el objetivo de "devolver la confianza en el sistema ferroviario" a través de la seguridad del ferrocarril, con "reglas claras, protección jurídica y trato justo".

El PP cree que las medidas llegan tarde y "no van a la raíz del problema", en línea con Vox; mientras que Josep Maria Cruset, de Junts, ha aprovechado su intervención para denunciar el "abuso" del Gobierno en la utilización de los decretos ley y su convalidación en la Diputación Permanente. Las críticas también han llegado por parte de Podemos, quien ha acusado al Gobierno de "poner el negocio por delante de la seguridad de la gente".

Por su parte, los grupos de la izquierda han vuelto a llamar al Ejecutivo a repensar el modelo ferroviario español y a recuperar el control público del sistema, mientras que el PNV ha acusado al Gobierno de haber "necesitado varios accidentes para hacer algo que debería haberse hecho en 2020".

Ampliación de derechos sociales

Por último, la Diputación Permanente ha dado 'luz verde' a los tres decretos sociales que el Gobierno de coalición aprobó en las semanas previas al inicio de la campaña electoral.

El primero amplía la protección de la Seguridad Social al reconocer el trastorno menopáusico y las lesiones derivadas de la violencia de género como causas de incapacidad temporal. También modifica la prestación por cuidado de menores con enfermedades graves, los requisitos de acceso a la pensión de viudedad para las parejas de hecho con hijos en común y las pensiones de orfandad en casos de violencia contra la mujer.

El segundo decreto de calado social desarrolla la reforma del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. La norma fija las cuantías mínimas mensuales de protección en 90 euros para la dependencia moderada, 260 para la dependencia severa y 660 para la gran dependencia. También regula los suplementos de crédito para financiar el nivel acordado de protección en 2027.

Mientras que el tercero regula el reconocimiento y la protección de las familias monoparentales. La norma crea una categoría especial que incluye, entre otros supuestos, a las familias con dos o más hijos, a las que tienen un hijo y rentas bajas y a las que tienen un hijo con discapacidad. Además, amplía la cobertura de los anticipos que concede el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se ha mostrado "convencida" de que la Cámara "comparte el principio básico" de que "la protección publica debe evolucionar al ritmo que lo hace la evolución social" y que, con estos reales decretos, se corrigen "situaciones de desprotección" y "se fortalece" la cobertura de colectivos "vulnerables", tal como también ha celebrado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.

Cabe recordar que los siete reales decretos-leyes aprobados este miércoles, que la legislación reserva para asuntos de urgencia justificada, entraron en vigor al publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero debían votarse en el Congreso en el plazo de 30 días paras decidir si se convalidan o se derogan.