Costa Rica se suma al furor por las 'megacárceles' en América Latina: "Se convierten en universidades del crimen"
Hora América
- El país inaugura la megacárcel Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO) para 5.100 internos
- Está inspirada en El Salvador y busca convertirse en un símbolo de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado
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Una cárcel como promesa de seguridad. Miles de presos tras los muros como imagen de un país bajo control. Y la mano dura convertida en argumento electoral. La receta de Nayib Bukele en El Salvador seduce a una América Latina golpeada por la violencia, donde construir megacárceles se presenta como el camino más corto hacia la seguridad. Costa Rica se suma este miércoles a esa fiebre con la inauguración del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado, el CACCO, en San Rafael de Alajuela.
"Las respuestas de mano dura suelen tener mucha aceptación entre sectores que han sido golpeados por la violencia", reconoce José Miguel Cruz, director de investigación del Centro de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad Internacional de Florida, en Hora América de Radio Exterior de España. El modelo que inició Bukele en 2023, con la puesta en funcionamiento del Centro de Confinamiento del Terrorismo, el CECOT, se ha extendido rápidamente por la región. Al llegar al poder en julio, la presidenta peruana Keiko Fujimori prometió construir prisiones similares. Una propuesta electoral que también incluye entre sus principales reclamos el brasileño Flavio Bolsonaro.
A juicio del académico, estas políticas ofrecen "una respuesta fácil e inmediata" para contener la violencia, "al menos temporalmente". Sin rehabilitación ni reinserción, añade, esas mismas prisiones "básicamente se vuelven universidades del crimen".
Una política que gana votos y acumula poder
Cruz reconoce que Bukele ha conseguido contener a las pandillas salvadoreñas, consideradas entre las más violentas del continente. "En el caso de Bukele, sin duda, le ha dado resultado", señala, antes de introducir una cautela: "Al menos temporalmente".
El atractivo de su modelo no se limita a sus resultados en seguridad. "Se ha vuelto popular porque gana votos de manera fácil" y porque "fortalece los brazos más coercitivos del Estado", sostiene. El protagonismo de las fuerzas de seguridad puede servir también a dirigentes que buscan ampliar su control sobre la sociedad.
“Se ha vuelto popular porque gana votos de manera fácil“
"Algunos de los que siguen este modelo en la región ven con buenos ojos también esa posibilidad de acumular poder", afirma en el programa. Ese poder se construye, añade, "a través del uso de las fuerzas de seguridad", que reciben más apoyo y adquieren un papel central en las políticas públicas.
El CECOT se ha convertido en el gran escaparate de esa estrategia. Sus imágenes proyectan una capacidad de control que, según el experto, convive con condiciones de hacinamiento, aislamiento y ausencia de perspectivas de reinserción. "No hay en realidad mayores programas de rehabilitación o de reinserción. La premisa es que ellos van a estar ahí hasta donde sea posible", denuncia Cruz. "Y en una sociedad en la que no hay Estado de derecho, muchas veces eso significa hasta que se mueran".
Imagen durante la construcción del CACCO en Costa Rica Presidencia de Costa Rica
El riesgo de las "universidades del crimen"
El politólogo introduce una diferencia relevante al analizar el caso costarricense: "Costa Rica todavía, me parece a mí, es una democracia". La existencia de garantías judiciales hace más probable que quienes ingresen en el nuevo centro recuperen algún día la libertad. Por eso, advierte, resulta decisivo lo que ocurra durante su encarcelamiento.
"El paso que ha dado la presidenta, sin embargo, de concentrar las políticas de combate del crimen en el tema de la mano dura va a ser, me parece a mí, contraproducente", asevera. Su preocupación se centra en la concentración de presos sin programas que permitan su rehabilitación y su regreso a la sociedad.
En esas condiciones, las cárceles "básicamente se vuelven universidades del crimen", afirma en Hora América. Los internos encuentran oportunidades para relacionarse con otros delincuentes, organizarse y especializarse en conductas criminales.
La secretaria de Seguridad de la Casa Blanca, Kristi Noem, advierte que deportaran a los que entran ilegalmente a Estados Unidos. AP Photo/Alex Brandon
"Cuando salen, porque muchos de estos van a salir porque son jóvenes, básicamente lo que hacen es incrementar los niveles de violencia", advierte. "Eso es un poco lo que va a suceder, lamentablemente me parece a mí, en el caso costarricense".
Su diagnóstico cuestiona la equivalencia entre construir grandes prisiones y garantizar una seguridad duradera. Encerrar puede contener una amenaza inmediata, pero también facilitar nuevas redes criminales si la política penitenciaria prescinde de la reinserción.
Los límites de exportar el modelo Bukele
Cruz considera que quienes intentan reproducir la estrategia salvadoreña pasan por alto las particularidades del país. "El Salvador es un caso especial", insiste. Se trata de un territorio pequeño y densamente poblado, donde la violencia procedía fundamentalmente de dos grandes organizaciones pandilleras: la Mara Salvatrucha y el Barrio 18.
En otros países, explica, el mapa criminal es mucho más fragmentado. "No estamos hablando de dos grandes pandillas, sino que estamos hablando de muchos grupos de crimen organizado", señala. Esa diversidad dificulta trasladar una misma fórmula de control.
Entrada del CACCO AFP
"Va a ser muy difícil poder en realidad controlar a todos estos grupos", advierte. Concentrar a sus líderes en una sola prisión, o en unos pocos centros, puede producir el efecto contrario al anunciado: "Básicamente, lo que se va a hacer es fortalecer su capacidad de organización".
El experto subraya así que los resultados de El Salvador no permiten dar por hecho que el modelo funcionará en países más grandes o con estructuras criminales más complejas. La construcción de cárceles, sostiene, ofrece una respuesta sencilla a problemas que requieren instituciones capaces de investigar y desarticular esas organizaciones.
Castigar sin rehabilitar
La transformación penitenciaria que describe Cruz combina un uso intensivo de la tecnología con un control férreo de los internos. Frente a cárceles donde los reclusos dominaban la vida dentro de los muros, el modelo salvadoreño busca regular todo lo que sucede en su interior.
Pero ese control, denuncia, se ejerce "ignorando completamente los derechos humanos de los reos". El problema no es únicamente cómo se vigila, sino qué límites tiene el poder que se ejerce sobre quienes están encerrados.
Cruz vincula además el auge de estas políticas con discursos que dividen a la sociedad entre ciudadanos "decentes" u "honestos" y personas consideradas prescindibles. "La ultraderecha piensa en principio que hay poblaciones que son desechables", sostiene en la entrevista.
A su juicio, esa división permite deshumanizar a determinados colectivos y justificar los abusos contra ellos. A quienes quedan fuera de la categoría de ciudadanos honestos, explica, "se remueve su calidad humana", hasta convertirlos en sujetos de vejaciones que algunos dirigentes presentan como necesarias para someterlos.
aptura de pantalla de un video difundido por la Presidencia de Costa Rica de su mandataria, Laura Fernández, recorriendo el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una «megacárcel», en San José (Costa Rica)
Una justicia que también alcance a los poderosos
Frente a las megacárceles, Cruz reclama instituciones capaces de investigar, perseguir y juzgar los delitos. Su alternativa pasa por que policías, fiscales y tribunales "hacen su trabajo y hacen bien su trabajo".
El problema, sostiene, no reside solamente en las leyes. América Latina dispone de normas que considera buenas sobre el papel, pero que se aplican de forma desigual. "Las instituciones solo actúan para favorecer a ciertos grupos y no a toda la población", denuncia. "Habría que comenzar por hacer cumplir la ley de igual manera para todos los ciudadanos", propone en Hora América. Esa aplicación permitiría reducir la impunidad y combatir la violencia sin recurrir a políticas extremas.
"El peso de las instituciones cae solo sobre los más débiles, no cae sobre toda la sociedad de forma pareja", concluye. Su alternativa exige que la justicia alcance a todos: que la capacidad de castigar vaya acompañada de investigaciones eficaces, garantías judiciales y una ley que también se cumpla para los poderosos. Los muros ofrecen una imagen inmediata de autoridad. La seguridad duradera, plantea Cruz, requiere una tarea menos vistosa: conseguir que las instituciones funcionen antes de que la cárcel se convierta en la única respuesta.
