Derechos Digitales, las claves de un tema que afecta a toda la ciudadanía y reúne a expertos mundiales en Barcelona
- Del 13 al 14 de mayo tiene lugar en Barcelona el Primer Encuentro Internacional de Derechos Digitales
- La dependencia tecnología hace necesario un marco de derechos digitales para proteger al ciudadano
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La Llotja del Mar, uno de los lugares con historia más emblemáticos de Barcelona, acoge del 13 al 14 de mayo el Primer Encuentro Internacional de Derechos Digitales. Dos jornadas que reúnen a los mayores expertos en la materia.
Los derechos digitales están vínculos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, ya que juegan un papel fundamental para conseguir la plena transformación digital. Garantizan el acceso de la tecnología a todos los ciudadanos y exigiendo que sea inclusiva, segura y respetuosa con los derechos humanos.
¿Qué son los derechos digitales?
Son los derechos humanos adaptados al espacio digital. La dependencia tecnológica y la interacción en internet han sido el germen de una sociedad digitalizada que también tiene derecho a ser protegida, al igual que hacemos en el mundo real. Abarcan temas como la protección de datos personales, la privacidad, la libertad de expresión, el acceso igualitario a internet, la protección frente al ciberacoso, o la no discriminación por decisiones algorítmicas.
Además, también cubren cuestiones que han surgido de la propia naturaleza de internet, como la identidad digital, la protección de menores en redes sociales o el control de aquellos contenidos digitales que consumimos. Cuestiones que son motivo de debate regulatorio en la Unión Europea.
En España, desde 2021, existe la Carta de Derechos Digitales, un marco que intenta llevar estos principios al ámbito tecnológico y que se abordará en este Encuentro Internacional de Derechos Digitales.
¿Cuál es el origen de los derechos digitales?
No hay un origen como tal de los derechos digitales. La Organización de las Naciones Unidas en 2012 reconoció el derecho a internet como un derecho humano. Y si nos vamos más atrás en el tiempo, a 1949, Norbert Wiener en el Fundamento de la Cibernética ya exploraba los efectos de la tecnología en diferentes capas de la sociedad.
Pero la preocupación por una regulación que proteja a los usuarios del entorno digital es relativamente reciente. El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) establecido por la Unión Europea o la Ley Orgánica 3/2018 en España intentan garantizar el derecho digital.
Estas normativas —y otras— surgen a medida que va siendo más complejo el uso de internet y las herramientas digitales. Los pilares básicos que persiguen son la libertad de expresión, el acceso universal y la privacidad y protección de datos.
El entorno digital se ha ido complicando. Y no sólo con la irrupción de la IA generativa. La capacidad de las grandes tecnológicas de influir en la opinión pública, la opacidad de los algoritmos o el uso de datos biométricos han hecho necesario el debate de hasta dónde están expuestos los derechos digitales de los ciudadanos y ciudadanas.
Una mano sostiene un móvil donde pude leerse en inglés la frase "pregúntame algo"
¿Cómo están presentes en el día a día?
El impacto en nuestro día a día es mayor del que parece. Los derechos digitales entran en juego en prácticamente todos los movimientos que realizamos en el ciberespacio. Por poner algunos ejemplos, cuando una red social decide qué tipo de contenido quiere que veamos, cuando nos bloquean una cuenta en cualquier plataforma, cuando hacemos uso de la biometría para acceder a una aplicación o cuando una empresa filtra currículums mediante inteligencia artificial. Todos estos casos tocan los derechos digitales.
Otras situaciones que vulneran estos derechos son cuando intentamos borrar una información del pasado que perjudica nuestra reputación online, cuando un menor de edad accede a una red social sin apenas control o verificación de edad, o cuando los consumidores descubren que un contenido digital comprado no les pertenece y deja de estar disponible. El abanico de situaciones que vulneran nuestros derechos digitales es tan amplio como las posibilidades que nos ofrece internet o cualquier dispositivo al conectarnos.
¿A quiénes afectan?
Los derechos digitales afectan, en la práctica, a todo el mundo que usa dispositivos digitales. No se limita a usuarios de internet. Abarcan cualquier situación en la que decisiones, consultas, servicios, relaciones o interacciones pasan por sistemas digitales de cualquier clase -trabajo, educación, salud, administración pública, banca, ocio cultural, redes sociales, sistemas de vigilancia, etc.
Impactan de distinta manera. En la ciudadanía en general afecta a la privacidad, la protección de datos, la libertad de expresión, el derecho a no ser discriminado por los algoritmos y el acceso por igual a la tecnología.
En la infancia y la adolescencia el foco está sobre todo en las redes sociales, las plataformas de streaming, los videojuegos, la publicidad y la explotación de datos.
En el trabajo, algunas de las situaciones que pueden vulnerar los derechos digitales son la vigilancia laboral, la monitorización de la productividad o las decisiones automatizadas a la hora de contratar.
Las personas mayores, migrantes, con discapacidad o los colectivos con menor alfabetización digital pueden sentirse excluidas tecnológicamente.
A diferencia de los derechos humanos, los derechos digitales están ligados al comportamiento de las grandes tecnológicas y a sus prácticas invisibles que, en algunos casos, se saltan las leyes del mundo digital.
Manifestantes preparando carteles exigiendo derechos iguales para todos Maskot
¿Cuál es el papel de los algoritmos en el debate de los derechos digitales?
La toma de decisiones de los algoritmos es uno de los puntos más controvertidos a la hora de salvaguardar los derechos digitales. Cada vez más decisiones que tomamos en el mundo digital dependen de sistemas automatizados que brillan por su falta de transparencia. Y no es porque detrás de nuestras acciones haya un algoritmo, sino que en la mayoría de las ocasiones el usuario no sabe a qué se debe una elección u otra.
Son muy controvertidos los sesgos y la discriminación. Los algoritmos pueden amplificar prejuicios humanos cuando se usan datos para el entrenamiento de sistemas (género, raza, nivel económico). Eso puede producir efectos negativos a la hora de buscar trabajo, acceder a ayudas sociales o pedir un crédito al banco.
La opacidad algorítmica -desconocer cómo un algoritmo ha tomado una decisión- vulnera el derecho a la defensa y la transparencia, claves para la rendición de cuentas. El AI Act de la Unión Europea (aún en proceso de aplicación en 2026) intenta establecer un marco que prohíba ciertos usos de la inteligencia artificial exigiendo evaluaciones de impacto y transparencia. Conocer en todo momento los factores que influyen en nuestras decisiones.
Y cuando los algoritmos de recomendación priorizan contenidos en redes sociales para maximizar la interacción, hay una falta de libertad de expresión y desinformación que puede afectar a la pluralidad de pensamiento y, en casos extremos, promover la polarización de opiniones.
El mundo digital no para de automatizarse y los algoritmos se han convertido en el epicentro de cómo proteger los derechos digitales, que, de una forma u otra, también afectan a los derechos humanos.
Un menor viendo la pantalla de un móvil
¿Por qué los menores y las redes sociales están en el centro del debate cuando se habla de derechos digitales?
Tras muchos años de quejas y reivindicaciones, los movimientos sociales han logrado movilizar a los gobiernos y la clase política. La exposición temprana a redes sociales, los problemas de salud mental asociados, el acceso a contenidos inapropiados o la falta de mecanismos de control eficaces han hecho mella en toda una generación de menores. Y ahora urge la regulación para poner barreras a quienes se aprovechan de estos colectivos. Niños y adolescentes son las primeros colectivos que han nacido en un mundo de dependencia tecnológica. Desconocen otras maneras de interactuar que no sea la digital.
Entre las propuestas más discutidas está la verificación de edad, limitar el acceso y una mayor implicación por parte de las plataformas tecnológicas. En el otro extremo, la gran cuestión es buscar soluciones a nivel técnico que protejan los derechos digitales sin que haya un control de la identidad del usuario y que, al mismo tiempo, no coarte la infraestructura de buscadores, tiendas de aplicaciones, redes sociales, apps de mensajería, etc.
¿Hasta dónde llega la legislación?
Es una de las grandes preguntas. Los gobiernos de diferentes países, entre ellos España, ya han manifestado que, sin normas claras, la ciudadanía está indefensa frente al poder de las empresas tecnológicas. Dependiendo de la nación, el límite de edad impuesto o que se pretende imponer varía. No hay consenso universal.
La inteligencia artificial generativa ha agravado esta desprotección. Y la preocupación se extiende a la hora de aplicar leyes que conviertan la protección en un exceso de control o limitación de libertades individuales, lo que sería una vulneración del derecho digital. Una tensión que marcará buena parte de la agenda política de los próximos años.
