Un comité de expertos de la Generalitat avala limitar la compra especulativa de vivienda en Cataluña
- Con un total de cuatro informes, el Govern espera conseguir el apoyo de los Comuns a los presupuestos
- Esta formación había condicionado su voto a medidas que vayan en esta dirección
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La Generalitat de Cataluña ha hecho públicos este sábado cuatro informes encargados a expertos juristas, que avalan la limitación de la compra especulativa de vivienda, una condición imprescindible para que Comuns dé su apoyo a los presupuestos de del Govern para este año.
El ejecutivo catalán y Comuns pusieron en marcha en noviembre un grupo de trabajo conjunto con expertos para analizar qué medidas se pueden tomar para limitar la compra especulativa de vivienda, en el que participaron el exmagistrado del Tribunal Constitucional Carles Viver i Pi-Sunyer y los expertos en urbanismo, vivienda y derecho Rosa Fornas, Fuentsanta Alcalá, Pablo Feu y Jaime Palomera.
Uno de los cuatro escritos, titulado "Informe sobre la constitucionalidad de las intervenciones del derecho administrativo en referencia a la limitación del derecho de propiedad" y firmado por Carles Viver i Pi-Sunyer, señala que, en virtud del principio de concurrencia competencial, las comunidades autónomas "están constitucionalmente legitimadas para establecer limitaciones a los derechos de propiedad privada" usando normas e instrumentos propios del derecho administrativo para regular no solo relaciones entre particulares y administraciones, sino también entre particulares.
Según este informe, el marco legal vigente deja a los legisladores un "amplísimo margen de libertad a la hora de delimitar el contenido de estos derechos de propiedad privada" y a la hora de "establecer limitaciones a estos derechos".
Asimismo, el "Informe sobre la viabilidad jurídica de intervenir en el mercado inmobiliario para limitar las adquisiciones de vivienda para destinarlos a la residencia habitual propia", a cargo del abogado Pablo Feu, concluye que la especulación en materia de vivienda, de la que alertan las resoluciones del Parlamento Europeo, "justifica la necesidad perentoria de intervención de los poderes públicos para revertir la situación y evitar la especulación, por mandato expreso del artículo 47 de la Constitución".
"La medida de la intervención en el mercado inmobiliario es una forma de intervención administrativa plenamente válida y amparada expresamente por el ordenamiento urbanístico", añade el informe.
Condicionar la compra de vivienda a uso residencial en zonas tensionadas
Otro de los documentos, titulado "Mercado residencial, impactos de políticas de limitación de compras y otras medidas", firmado por Jaime Palomera, llega a la conclusión de que en Cataluña "está justificado condicionar la compra de vivienda al uso residencial, especialmente en mercados tensionados".
El objetivo, subraya, es priorizar la "demanda residencial" -es decir, vivienda adquirida para vivir en ella- y la "demanda pública y social orientada a ampliar el parque protegido y asequible".
"Esto implica desplazar la demanda especulativa que compite con el acceso a la vivienda y no contribuye a resolver la necesidad residencial", agrega el estudio.
Un cuatro informe, titulado "Mecanismos de protección desde la disciplina urbanística y posibles impactos sobre el mercado residencial", firmado por Fuensanta Alcalá, afirma que la limitación de compra de vivienda para evitar la especulación es "jurídicamente viable" y encaja "de manera coherente en el ordenamiento vigente sin que se desprenda ninguna vulneración constitucional apreciable".
Luz verde para un acuerdo Govern-Comuns
En un comunicado, el Govern señala que, a partir de las conclusiones de estos informes, la conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica -que encabeza Sílvia Paneque- y el grupo parlamentario de Comuns trabajarán un acuerdo "en el marco de la proposición de ley" presentada por los comunes sobre "medidas de contención en las zonas de mercado residencial tensionado".
La situación actual de la vivienda en Cataluña, apunta el Govern, está "condicionada por un desequilibrio estructural" que es producto de "la demanda de vivienda sostenida y al alza -con una fuerte presión de usos alternativos al de la residencia habitual- y la falta de un parque residencial público y de vivienda asequible".
A la luz de los informes, el Govern constata que la intervención pública se ampara en el derecho a la vivienda y la función social de la propiedad, como recogen los artículos 47, 33 y 128.1 de la Constitución y el artículo 47 del Estatut.
La legislación vigente, además, establece que "el planeamiento urbanístico en las zonas de uso residencial debe admitir siempre el tipo de uso como residencia habitual y permanente y se puede establecer la compatibilidad o la prohibición de los otros tipos residenciales de acuerdo con el principio de desarrollo sostenible y con la garantía y promoción del derecho a la vivienda".
