Imputados por primera vez dos exdirectores de la Guardia Civil por presunto espionaje con Pegasus a empresarios
- Son Felix Vicente Azón y María Gámez, que dirigieron el cuerpo entre 2018 y 2023
- También cita como investigada a la exdirectora del CNI Paz Esteban, que suma cinco imputaciones
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Una jueza ha imputado por primera vez a dos exdirectores de la Guardia Civil, Félix Vicente Azón y María Gámez, por el espionaje al independentismo con los software Pegasus y Candiru, y ha citado también como investigada a la exdirectora del CNI Paz Esteban, que acumula con esta cinco imputaciones.
Azón dirigió el cuerpo armado entre 2018 y 2020, y Gámez tomó su relevo hasta 2023 convirtiéndose en la primera mujer en convertirse en directora de la Guardia Civil. Esteban, por su parte, dirigió el CNI entre febrero de 2020 y mayo de 2022, cuando fue destituida por el Gobierno, precisamente, por el escándalo del caso Pegasus tras conocerse que se usó desde el Centro Nacional de Inteligencia este software para espiar al independentismo y ante el malestar de los socios de Pedro Sánchez.
La magistrada Julia Tortosa García-Vaso cita asimismo en el auto a directivos israelíes de NSO Group (Pegasus) y, por primera vez en España, a directivos de Saito Tech Ltd (Candiru).
Una denuncia de, entre otros, un exsenador de Junts
En un auto, al que ha tenido acceso RTVE, la titular del juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona ha acordado imputarles a raíz de una querella presentada por cinco afectados, entre ellos el empresario Joan Matamala, a través de la asociación internacional Sentinel Alliance.
Todos ellos comparten un perfil profesional común: son empresarios y desarrolladores de protocolos de código abierto para gobernanza descentralizada, votación digital anónima e identidad digital soberana.
En su denuncia, sostienen que el espionaje fue dirigido contra ellos entre 2019 y 2021, con un total de 78 ataques, incluidos a sus entornos familiares, por su actividad profesional bajo el argumento de que el uso potencial futuro de esas herramientas por terceros constituía una amenaza a la "seguridad nacional". Denuncian el software espía fue capaz de extraer chats, correos, contraseñas, archivos y fotografías, y de activar remotamente el micrófono y la cámara. Entre las personas de su entorno directo que fueron presuntamente espiadas se encuentra Elies Campo, asesor de los querellantes.
Además, denuncian que las identidades e información confidencial de sus proyectos empresariales "extraídas con software espía" fueron filtradas ilegalmente a medios de comunicación, lo que consideran "un intento deliberado de perjudicar comercialmente a sus empresas tecnológicas y su reputación".
Por otra parte, la denuncia destaca que ninguno de los querellantes fue nunca investigado en ningún procedimiento penal, y por tanto en ningún momento tuvieron posibilidad de defenderse. Las investigaciones que les afectaban fueron archivadas sin cargos.
El caso de Elies Campo, directivo de Telegram
Elies Campo, entonces responsable de crecimiento, desarrollo de negocio y alianzas de Telegram Messenger (anteriormente miembro del equipo de WhatsApp), era asesor en los proyectos tecnológicos de los querellantes cuando se produjo el supuesto espionaje. Posteriormente fue coautor del informe de Citizen Lab que destapó el CatalanGate.
La denuncia dice que fue atacado con Candiru. El 5 de diciembre de 2019, antes de viajar desde Silicon Valley a Cataluña por las fiestas de Navidad, recibió un correo electrónico malicioso diseñado para infectar sus dispositivos con Candiru. Según este relato, agentes de paisano de la Guardia Civil lo esperaban en la zona de llegadas del aeropuerto de Barcelona el 17 de diciembre de 2019. Sabían el vuelo y la hora. Lo fotografiaron.
Según la querella, la Unidad Central Especial (UCE3) de la Guardia Civil vigiló sus movimientos durante toda la estancia: del aeropuerto al hotel, en una visita al Departamento de Políticas Digitales, en un coworking de Gràcia, en una reunión en Vallvidrera. Aquel mismo día, el móvil de su madre fue infectado con Pegasus. El día anterior lo había sido el de su hermana. Al día siguiente, el de su padre. La madre habría recibido siete infecciones más entre el 19 de diciembre y el 9 de enero. La hermana, tres infecciones más hasta el 14 de enero.
El pasado mes de septiembre, la juez admitió a trámite la querella presentada por estos cinco afectados, al entender que los hechos denunciados podrían constituir delitos de descubrimiento y revelación de secretos informáticos y acceso ilegal a sistemas informáticos.
Contra la resolución de la jueza cabe interponer recurso en un plazo de tres días posteriores a su notificación.
