El juez que examina los contratos sanitarios en Cádiz pide un informe al Estado
- La instrucción examina supuestos contratos irregulares por valor de 235 millones de euros
- Está imputado el responsable de compras del SAS en Cádiz, Demetrio González
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El juez que investiga en Cádiz el supuesto fraccionamiento irregular de contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha solicitado un informe de la Intervención General del Estado (IGAE).
La investigación, que deriva de una denuncia presentada por Podemos, pone en el foco contratos valorados en 235 millones de euros. El juzgado de instrucción número 3 de Cádiz intenta determinar si hubo delitos de malversación y prevaricación, dentro de una causa por la que está ya imputado el director económico de la central provincial de compras, Demetrio González.
En una providencia con fecha del 4 de diciembre y a la que ha tenido acceso RTVE, el juez Manuel Jesús Gómez reclama a la IGAE un análisis "global e integral" de los contratos investigados, para ahondar en "las irregularidades que aparecen detectadas en los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía". Los peritos regionales ya constataron un abuso por la contratación menor del SAS en Cádiz y la partición de acuerdos para una misma empresa y con una misma prestación.
Reclama una comparación de precios
La petición judicial conocida este martes conlleva, además, un análisis técnico sobre la legitimidad de la contratación y una revisión de los precios que se hubiesen pactado "de haberse seguido los debidos procedimientos de la Ley de Contratos del Sector Público, mediando publicidad y concurrencia en la contratación". Para establecer una comparación más precisa, plantea que se tengan en cuenta los precios de contrataciones de otras comunidades autónomas.
El juez confía en determinar si la prestación de los servicios contratados y pagados estaba o no justificada y si se registró algún tipo de "daño" al erario público, para lo cual espera una valoración "aproximativa o potencial" de la "presencia o ausencia" de encaje dentro de los contratos de lo que se describe en el texto como "la debida modalidad de contratación".
El auto llega después de que Podemos, una de las acusaciones personadas junto con el PSOE, haya pedido al juzgado "un impulso procesal" a la causa a través de las pruebas periciales y que encargara dicho informe a la IGAE. La Junta de Andalucía se personó en marzo en calidad de perjudicada.
