Quién es quién en el caso Pujol: el expresidente catalán, sus siete hijos y diez empresarios, a juicio
- La familia está acusada de organización criminal para enriquecer, ocultar y blanquear un importante patrimonio
- Hay también diez empresarios que habrían colaborado con la trama cuyo juicio empieza el 24 de noviembre
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El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y sus siete hijos se sentarán en el banquillo a partir de este 24 de noviembre acusados de pertenecer a una organización criminal y de blanquear una importante fortuna que habrían obtenido de forma ilícita y desviado al extranjero, principalmente a Andorra. Es uno de los juicios más esperados de la última década, que se celebrará en la Audiencia Nacional. Llevaba pendiente desde que el juez José de la Mata terminó su instrucción en 2021, pero la estrategia de defensa de la familia logró dilatarlo hasta ahora.
La familia Pujol se enfrenta a penas que van desde los ocho hasta los 29 años de prisión, siendo nueve los que la Fiscalía pide para el también expresidente de CDC. Además, hay acusados una decena de empresarios que habrían contribuido a blanquear su fortuna a través de las sociedades instrumentales que gestionaban Jordi Pujol Ferrusola, el hijo mayor del 'expresident', y su entonces mujer, Mercé Gironès. Estos empresarios se enfrentan a penas de cinco años.
Aquí, repasamos quién es quién en la organización:
Los líderes: Jordi Pujol Soley y Marta Ferrusola
La Fiscalía establece tres niveles en la organización. A la cabeza están Jordi Pujol Soley y su mujer, Marta Ferrusola, ya fallecida. El Ministerio Público dice que ellos "dirigían la actuación de ocultación y afloramiento del dinero".
Jordi Pujol rigió Cataluña durante 23 años, entre 1980 y 2003, pero perdió el reconocimiento de 'molt honorable president' en 2014, cuando se vio obligado a confesar la existencia de su fortuna oculta en el extranjero durante 30 años: dijo que eran 140 millones de pesetas en dólares que procedían de una herencia de su padre y que nunca "encontró el momento" para regularizar. Pero para entonces, su primogénito ya estaba siendo investigado a raíz de una denuncia previa de su expareja relativa a las "grandes cantidades de dinero en efectivo" que éste introducía desde Andorra. El juez instructor del caso, José de la Mata, no encontró "indicios sólidos" de la existencia de dicha herencia y decidió investigar el origen de su fortuna.
La Fiscalía solicita para él una pena de nueve años de prisión por los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales, aunque la Abogacía del Estado no pide condena alguna para Pujol, que dejó de ser 'molt honorable president' en 2014 tras confesar las irregularidades en su patrimonio. Su defensa insiste en que su enorme patrimonio viene de la herencia de su padre, Florenci Pujol, que fue un importante banquero.
Respecto a Marta Ferrusola, la causa se archivó en 2021 por motivos de salud, dada la demencia que padecía la esposa del 'expresident', que falleció en 2024. Respecto al papel que tendría en la organización criminal, la UDEF rescató una carta firmada por ella en 1995 y que refleja que utilizaba para sí misma el nombre en clave de 'la madre superiora de la congregación' para ordenar los traspasos de sus cuentas en Andorra.
Los gestores: Jordi Pujol hijo, Josep y Mercé Gironès
En un segundo nivel, la Fiscalía sitúa principalmente a Jordi Pujol Ferrusola y a su exmujer Mercé Gironès, que gestionaban presuntamente los beneficios de la actividad a través de múltiples sociedades instrumentales a su nombre. Eran empresas ficticias, con las que fingían prestar servicios a los empresarios que les aportaban importantes sumas de dinero y así blanquearlo.
Jordi Pujol Ferrusola es para el Ministerio Público quien "asumió la dirección de toda la estrategia y la recepción y distribución de las cantidades ilícitas" y, por tanto, es el que más petición de cárcel afronta, 29 años, por los delitos de asociación ilícita, falsedad documental, blanqueo de capitales, frustración de la ejecución y delitos fiscales relativos a los ejercicios de 2007, 2008, 2009, 2010 y 2012. Pujol Ferrusola ya ha pisado la cárcel (Soto del Real, en Madrid), de forma preventiva en 2017. Si su madre era la 'madre superiora', el primogénito del clan era el 'capellán de la parroquia', que asumió la dirección de toda la estrategia, así como de la recepción y distribución de las cantidades ilícitas entre sus padres y hermanos.
Para Mercé Gironès, el Ministerio Público solicita 17 años de cárcel por los delitos de asociación ilícita, falsedad documental, blanqueo de capitales, frustración de la ejecución, y delito fiscal correspondiente al ejercicio de 2012. En su escrito de defensa, con el que pidió su absolución, alegó que "se dedicó a la casa y al cuidado y educación de sus hijos en el seno de un matrimonio en el que su esposo desarrollaba actividades profesionales".
En este nivel, gestionando los beneficios de la presunta actividad ilícita, estaba también Josep Pujol Ferrusola, a quien se le atribuyen los delitos de asociación ilícita, blanqueamiento de capitales, falsedad documental y un delito fiscal relativo al ejercicio de 2010. La Fiscalía pide para él una condena de 14 años.
Los otros cinco hijos de Pujol: beneficiarios directos y conscientes
En el tercer nivel del caso están los otros cinco hijos del matrimonio Pujol Ferrusola: Marta, Pere, Oriol, Mireia y Oleguer. La Fiscalía sostiene que "se beneficiaron de forma consciente y directa" del resultado de las actividades ilícitas de los anteriormente citados y "coadyuvaron" a ocultarlas.
Oriol fue nombrado secretario de Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat cuando su padre todavía era 'president', y fue diputado autonómico entre 2003 y 2014, antes de ser designado como secretario general de CDC (2012-2013). En 2019, fue condenado a dos años y medio de cárcel por cobrar comisiones a cambio de favorecer a empresarios en el caso de las ITV, por lo que pasó dos meses en prisión.
Para ellos cinco, la Fiscalía pide una pena de ocho años de cárcel por los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales.
Diez empresarios que contribuyeron a blanquear el dinero
En el banquillo se sentarán también diez empresarios por sus negocios con las empresas de Jordi Pujol Ferrusola y Mercé Gironès. Habrían contratado servicios que nunca llegaron a prestarse con el fin de blanquear dinero.
En la lista está Francesc Robert Ribes, exdirector de la Radio Televisión de Andorra, que habría ejercido de testaferro de Jordi Pujol Ferrusola como titular de cuentas en Andorra cuyo dinero, en realidad, era del hijo mayor del clan, todo con el fin de ocultarlo.
También, Bernardo Domínguez Cerecedes, editor del grupo editorial Malpaso. "Su participación en la ocultación de fondos de los que disponían los acusados cuyo origen es desconocido se siguió representando con contratos de préstamos" a Jordi Pujol Ferrusola, para quien puso a disposición empresas mercantiles a su poder y facilitó el desvío de fondos a México. Cuando empezó a investigarse el caso, Domínguez actuó como "gestor" de los intereses del primogénito de los Pujol y le dio "cobertura" para poder recibir fondos en España cuando las cuentas de Pujol Ferrusola habían sido bloqueadas.
Los empresarios Gustavo Buesa Ibáñez y Josep Mayola Comadira controlaban la empresa Gestión y Recuperación de Terrenos, cuya actividad giraba en torno al saneamiento y tratamiento de residuos. Ambos dieron un 'pelotazo' junto con Jordi Pujol Ferrusola en el negocio del vertedero de Vacamorta (Girona), tras lograr en 1999 la concesión pública gracias a la influencia de Pujol Ferrusola. De hecho, un correo entre este y Mayola decía: "Si tienes algún problema con el tema de los residuos piensa que como CiU tiene fuerza en el Consell Comarcal, así iría más rápido". Cuatro años más tarde, vendieron dicha concesión la FCC con unos beneficios de casi siete millones de euros. La infraestructura acabó siendo declarada ilegal.
Otro de los acusados es Carlos Sumarroca Claverol, consejero delegado del Grupo EMTE, empresa a la que llegó procedente de otra sociedad, CODEMA. A esta última, se le adjudicaron tres contratos medioambientales en la época en que Oriol Pujol era secretario de Industria de la Generalitat y se desbloqueó también un proyecto de parques eólicos sobre los que había informes negativos previos como el del Prat de Comte en Tarragona.
Jorge Barrigón Lafita, dueño de Cat Helicopters, también habría blanqueado dinero de Josep Pujol Ferrusola a cambio de contratos irregulares de la Generalitat. La Policía cree que se encargó de trasladar en helicóptero, "en múltiples ocasiones", a los Pujol a Andorra.
Otro hombre de negocios imputado es Alejandro Guerrero Kandler, que conoció al expresidente catalán a través de un amigo en común, Jordi Puig Godés (hermano pequeño del exconseller Felip Puig. La empresa de Guerrero, Life Mataró, habría pagado cerca de un millón de euros a Jordi Pujol Ferrusola por un supuesto trabajo de asesoramiento o intermediación en la promoción de apartamentos de lujo en Ibiza, conocidos como 'las boas', por el que el primogénito de los Pujol se haría con uno de ellos. Ese trabajo no se realizó.
Al igual que Guerrero, otros empresarios aportaron sus estructuras mercantiles y "fungieron" como intermediarios, dice la Fiscalía, "para asegurar la opacidad de los pagos y servir de parapeto a los auténticos beneficiarios de las operaciones", que era la familia Pujol. Los restantes acusados, que también contrataron los servicios falsos de las sociedades pantalla de la trama, son Luis Delso Heras (responsable del Grupo Isolux Corsan), Josep Cornadó Mateu (expresidente del grupo Copisa) y Carles Vilarrubí Carrió (dueño de CVC Grupo Consejeros S.L. y expresidente del Fútbol Club Barcelona).
