Más de la mitad del alumnado LGTBI+ ha sufrido algún tipo de acoso o trato vejatorio
- Este jueves se ha presentado el informe Radiografía de la educación en la diversidad LGTBI+ sobre integración
- El 40% de las personas LGTBI+ entre 18 y 24 años no pudo mostrarse tal y como es en su etapa educativa
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La Federación Estatal LGTBI+, en colaboración con la Universidad de Salamanca, ha presentado hoy jueves la Radiografía de la educación en la diversidad LGTBI+ , un exhaustivo análisis sobre la integración de la diversidad afectivo-sexual, de género, corporal y familiar en los centros educativos.
El informe, que presenta en sus conclusiones "el acoso por razón de orientación sexual o identidad de género como uno de los grandes problemas a los que se enfrenta el sistema educativo en todas sus variantes", aporta datos preocupantes: más de la mitad de las personas jóvenes ha sufrido acoso, trato vejatorio o ciberacoso durante la educación secundaria y un 21,2% de los incidentes de odio y discriminación ocurre en centros educativos entre la población LGTBI+ de 18 a 24 años. Si consideramos este dato en el cómputo global de la población LGTBI+ los centros de enseñanza siguen estando en segundo lugar como espacio donde se dio la situación de odio y el porcentaje es del 15,3%.
“La familia sigue siendo el principal detector de estas situaciones, mientras que las instituciones educativas aún no responden de manera suficiente”, declara Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+.
Una visibilidad limitada en el ámbito educativo
Expresarse una persona tal y como es durante la etapa educativa, algo que debería de ser cotidiano, resultó una quimera para un 40% de las personas encuestadas, jóvenes LGTBI+ entre los 18 y los 24 años, que no se sintieron con la libertad de hacerlo. Datos, entre otros, que permiten concluir a las personas que han realizado el informe el hecho de que la visibilidad de las personas de este colectivo en el ámbito educativo sigue siendo limitada. "Más del 60% de las personas jóvenes LGTBI+ se sienten visibles con amistades cercanas, pero solo un 25% lo son con sus compañeros de instituto y un 21% en la universidad". El entorno es determinante a la hora de tomar decisiones sobre visibilidad.
En el gráfico se observa que en la educación secundaria los jóvenes LGTBI+ que hoy tienen entre 18 y 24 años, sintieron una mayor libertad para hacer visible su orientación sexual: casi un 20% más que el cómputo total de la población de este colectivo, pero aún se mantiene un 40% de jóvenes que no lo sintieron así. La cuestión de la libertad para hacerse visible continúa siendo una asignatura pendiente.
Contradicciones legislativas a nivel autonómico
El análisis territorial muestra además un panorama diverso y en ocasiones contradictorio. Como precedente, el informe “Realidad del alumnado trans en el sistema educativo” (2020) situaba a Aragón, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia y Navarra a la cabeza en reconocimiento de derechos, mientras que Ceuta y Melilla, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cantabria y Asturias ocupaban los últimos lugares. Cinco años después, el mapa ha cambiado, detectándose avances significativos, como es el caso de Castilla La Mancha. Algunas comunidades que entonces estaban a la cola han iniciado procesos legislativos, como Castilla y León, mientras que otras, como la Comunidad de Madrid o la región de Murcia, han experimentado retrocesos en la aplicación de sus propias leyes, condicionadas por discursos políticos contrarios a la igualdad.
Para las personas que han realizado el informe, "el progreso no depende únicamente de los marcos normativos, sino de la voluntad política, la dotación de recursos y la capacidad real de cada comunidad autónoma para transformar la legislación en medidas efectivas". A lo que Paula Iglesias añade: “Los marcos legales son necesarios, pero insuficientes. Lo que está en juego no es solo tener protocolos escritos, sino garantizar que en cada centro educativo el alumnado LGTBI+ pueda sentirse seguro, respetado y visible”.
La falta de formación sistemática del profesorado, la ausencia de evaluación de resultados y una dependencia excesiva de iniciativas individuales o asociativas han sido también detectadas. Al igual que el hecho de que los programas de sensibilización, aunque abundantes, sigan siendo dispersos, lo que genera experiencias educativas muy diferentes entre centros y comunidades autónomas.
“Este informe evidencia la urgencia de pasar de los protocolos a la acción real y evaluable“
Entre las recomendaciones, el estudio insiste en la necesidad de planes integrales de educación inclusiva, protocolos claros contra el acoso escolar y programas de formación continuada para docentes y familias. “Hemos avanzando legislativamente, pero la igualdad educativa solo se logrará cuando la normativa se transforme en prácticas efectivas en cada aula y campus universitario. Este informe evidencia la urgencia de pasar de los protocolos a la acción real y evaluable”, concluye Iglesias.
