El Gobierno de Trump demanda a la ciudad de Nueva York por sus políticas migratorias
- La acusa de "obstruir" la aplicación de la ley federal y de interferir en las labores de las autoridades migratorias nacionales
- La Administración avanza en su ofensiva contra ciudades y estados demócratas que rechazan sus políticas antimigratorias
El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado este jueves una demanda contra la ciudad de Nueva York por sus políticas migratorias, a las que acusa de "obstruir" la aplicación de la ley federal y de interferir en las labores de las autoridades migratorias nacionales.
La demanda fue interpuesta por el Departamento de Justicia y busca frenar las conocidas como “leyes de ciudad santuario”, normas locales que limitan la colaboración de la policía y de otras agencias municipales con los funcionarios federales de inmigración, en un intento de proteger a la población migrante de posibles deportaciones.
"La ciudad de Nueva York ha estado durante mucho tiempo a la vanguardia en interferir con la aplicación de las leyes de inmigración de este país", han afirmado los abogados de la Administración Trump en el documento judicial presentado ante los tribunales. "Sus esfuerzos por obstaculizar la aplicación de la ley migratoria federal solo se han intensificado", han agregado en el texto, que refleja la ofensiva legal del Ejecutivo republicano contra ciudades y estados liderados por demócratas que rechazan sus políticas antimigratorias.
Trump busca acabar con las conocidas como "ciudades santuario"
La nueva demanda se enmarca en la escalada de acciones del Gobierno de Trump para presionar a las denominadas "ciudades santuario". En los últimos meses, la Administración también había iniciado procesos judiciales similares contra localidades como Los Ángeles, Colorado, Illinois, Nueva Jersey e incluso contra el propio estado de Nueva York.
Argumenta que estas normativas violan la legislación federal de inmigración y generan "problemas de seguridad pública" al impedir que los agentes migratorios cumplan su trabajo.
Según el Departamento de Justicia, las políticas santuario de Nueva York "dificultan" los operativos de detención y deportación de personas sin papeles, al restringir el acceso de los funcionarios federales a las cárceles locales y no permitir el intercambio de información sobre los migrantes detenidos.
Nueva York defiende la protección de migrantes ante la ofensiva legal
Estas políticas han sido promovidas en Nueva York desde 1989 y fueron ampliadas significativamente en 2014, durante la gestión del alcalde demócrata Bill de Blasio, quien impulsó nuevas medidas para limitar la comunicación entre los agentes de migración y los centros de detención municipales. También ordenó el cierre de la oficina del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que operaba en Rikers, la mayor prisión de la ciudad.
De Blasio y otros defensores de estas leyes sostienen que son esenciales para garantizar la seguridad de toda la comunidad, ya que permiten a los migrantes denunciar delitos o abusos sin miedo a ser deportados, y fortalecen la confianza entre la policía local y los vecinos, independientemente de su situación migratoria.
De hecho, según datos de la organización New York Immigration Coalition, los condados que han implementado "políticas santuario" registran en promedio 35,5 delitos menos por cada 10.000 personas que aquellos que no cuentan con estas protecciones. Para sus defensores, esto demuestra que proteger a los migrantes no solo es un imperativo de derechos humanos, sino también una medida que contribuye a la seguridad ciudadana.
Sin embargo, el Gobierno de Trump continúa insistiendo en que estas leyes suponen un desafío directo a la autoridad federal y ha prometido continuar su ofensiva legal para anularlas.