El currículum de los políticos: ¿qué les exigen para acceder a un cargo?
El caso de Noelia Núñez ha puesto de nuevo el foco sobre el historial académico de los políticos. La diputada del Partido Popular dimitió este miércoles de todos sus cargos tras admitir que no finalizó el Grado de Derecho y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas que aparecía en su perfil en la página web del Congreso. En VerificaRTVE analizamos algunos casos e investigamos qué documentación tienen que aportar los cargos públicos o políticos sobre su currículum. Generalmente, no se les exige una titulación determinada, aunque sí están obligados a que la información que comunican sea veraz.
¿Qué documentación tienen que aportar los altos cargos y los diputados?
Los altos cargos del Estado están obligados por ley a presentar su currículum vitae "en el portal web del órgano, organismo o entidad en el que preste sus servicios". Tienen que comunicar sus "conocimientos académicos" y la experiencia relacionada con las funciones del puesto, así como firmar una declaración responsable sobre la veracidad de la información. Se consideran altos cargos desde el presidente del Gobierno y los miembros del Gobierno hasta cualquier puesto nombrado por el Consejo de Ministros. Puedes consultar el historial académico y profesional de 676 altos cargos del Estado en el Portal de la Transparencia.
Sin embargo, los diputados no tienen que aportar sus títulos universitarios, según explica el Congreso a RTVE, ni ninguna otra documentación sobre sus estudios académicos cuando acceden al cargo. Pero sí deben firmar una declaración responsable en la que se comprometen a que toda la información que sea aportada es veraz. Esos datos son los que aparecen en la ficha personal de cada diputado en la que se incluye su currículum, igual que su correo, sus redes sociales, sus iniciativas o sus declaraciones de bienes. La misma información aparece en las fichas técnicas de los senadores.
¿Qué criterios tienen los partidos sobre el expediente académico de sus miembros?
Hasta aquí las obligaciones para los cargos públicos, tanto en el poder legislativo como en el poder ejecutivo. Después, cada partido político aplica sus propios criterios.
El Partido Popular pide una declaración responsable que respalde la formación y experiencia en la materia para la que hayan sido elegidos aquellos que ostenten un cargo público o un cargo orgánico el partido. En esa declaración deben manifestar "la veracidad de los datos suministrados". Además, les exigen disponer de la documentación que lo acredita y enviar "el Currículum Vitae para su publicación en la web del partido correspondiente según el ámbito territorial" al Comité de Derechos y Garantías. Así figura en el artículo 10 de los estatutos del PP que se aprobaron a principios de este mes de julio, en el Congreso Nacional del partido.
El PSOE considera en sus estatutos como "falta muy grave" falsear u ocultar deliberadamente este tipo de información. Se refieren tanto a los datos que aporta un afiliado al entrar al partido como al presentarse a unas primarias, a un puesto orgánico o a un cargo público. Según los socialistas, aquel que mienta en esta declaración se enfrentaría a una "posible expulsión" del partido porque además "violaría el Código Ético" del PSOE en dos apartados (honestidad y transparencia), e incluso se les podría aplicar otra falta agravante: "dañar la imagen del partido".
En cuanto a Vox, fuentes del partido especifican que cuando forman sus listas electorales, la Junta Electoral no exige ninguna titulación académica, pero el partido sí exigen, por un lado, un certificado de penales y, por otro, un cuestionario de formación académica. Los afiliados de Vox deben justificarlo aportando la documentación correspondiente, aunque el partido dice que no tienen capacidad para revisar cada currículum. "En el Comité de Garantías no hemos encontrado ningún caso de falseamiento", señalan las mismas fuentes del partido de Santiago Abascal.
Por su parte, desde el Movimiento Sumar, el partido que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz, aseguran que no fiscalizan los títulos académicos de sus integrantes. "No se trata de tener que acreditar los estudios que se dicen tener. Los títulos no dan el valor político, lo que sí que lo da es la verdad", dicen fuentes del socio minoritario del Gobierno. Consideran que "si alguien miente con su formación" es difícil confiar en que no lo haga con otras cosas y subrayan que "mentir merma la confianza".
Casos particulares: el máster de Óscar Puente o la condición de abogado de Carlos Mazón
El debate de esta semana arrancó cuando el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, compartió en X el perfil de Noelia Núñez en el Congreso, donde no aparecía en qué universidad cursó la diputada sus estudios en Derecho y Ciencias Jurídicas de la Administración Pública. Posteriormente, Núñez compartió que se graduó en tres carreras universitarias, aunque nunca llegó a terminarlas y admitió que la titulación que aparecía en la web del Congreso era falsa.
Este martes, el PP de Madrid apuntaba contra el currículum del propio Óscar Puente: en concreto, por el Máster en Dirección Política que aparece en su perfil en la web La Moncloa, impartido por la Fundación Jaime Vera. "Pusiste como máster en tu currículum un cursillo de una fundación del PSOE", señala el mensaje de X. En declaraciones a EFE, el ministro ha dicho que obtuvo esa titulación "mucho antes del Plan Bolonia, cuando los máster eran lo que eran".
Puente consiguió esa titulación en 1992, un año antes de acabar su carrera universitaria en Derecho. La Fundación Jaime Vera, una entidad que estaba asociada al PSOE, no expedía títulos universitarios, según aclaró la dirigente socialista Carmen Calvo en 2018 en declaraciones a EFE y recogidas en La Vanguardia. El entonces alcalde de Valladolid argumentó que cuando obtuvo ese título no se aplicaba la actual denominación de 'máster'. En 1999 se inició el Espacio Europeo de Educación Superior, conocido como 'Plan Bolonia', que introdujo la actual denominación de grado de titulaciones de segundo grado o 'máster', que requieren entre 90 y 120 créditos ECTS.
Por otra parte, el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, no acabó sus estudios en Ingeniería Industrial sino que los abandonó en 1987 para ser diputado, según publicó El País en 2009. En su perfil en la página web del Congreso y en el PSOE señala únicamente que "estudió Ingeniería Industrial en la Universidad del País Vasco".
En la Comunidad Valenciana, el diputado socialista José Muñoz ha denunciado que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, no figura inscrito en el censo de letrados del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), tal y como hemos comprobado en VerificaRTVE. Carlos Mazón se licenció en Derecho por la Universidad de Alicante en 1999, y hasta la fecha, en su currículum en la Generalitat Valenciana no figuran cargos ejercidos en la abogacía. Tanto en su perfil de X como en la página web oficial del PP, Mazón se presenta como "abogado". Sin embargo, esta información no aparece reflejada en su perfil de la Generalitat.
Otro presidente autonómico del PP también ha sido acusado de falsear su currículum: el andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla, que este miércoles se ha referido a este tema en la sesión de control: "Mi currículum está desde hace más de una década en la web de la Junta de Andalucía". En esa biografía aparece como "Graduado en Protocolo y Organización de Eventos", con un máster en la Universidad Camilo José Cela y un Programa de Liderazgo para la Gestión Pública (IESE). Sin embargo, no hay ninguna mención al título de "Licenciado en Dirección y Administración de Empresas" que aún muestra la web del Congreso en la primera legislatura de Moreno como diputado (2000-2004). La vida académica de Moreno Bonilla ha ido variando en la ficha del Congreso con cada legislatura. En 2004 ya no recogía que estuviera licenciado, sino "estudios en Dirección y Administración de Empresas", y entre 2008 y 2016 lo describe como "máster" en esta especialidad. Desde la Junta de Andalucía aseguran a VerificaRTVE que lo que aparecía en la web del Congreso era un error que Moreno subsanó en 2004 y que la información correcta es la que aparece en la página oficial de la Junta.
Las polémicas por las titulaciones vienen de antaño: los casos de Cristina Cifuentes o Elena Valenciano
No estamos, ni mucho menos, ante el primer caso relacionado con una titulación de un cargo público que salta a la arena política. La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, admitió que ella no defendió el Trabajo de Fin de Máster (TFM) en Derecho Autonómico en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Tampoco acudió a clase y el acta del TFM fue falsificada. El caso llegó a los tribunales, Cifuentes quedó absuelta pero otras dos personas fueron condenadas por un delito de falsedad documental.
En 2018, Pablo Casado, que por entonces solo era diputado y aún no había llegado a la presidencia del PP, fue acusado de obtener un máster como "regalo académico" por su relevancia política, también en la URJC. Un juzgado vio indicios de delito y envió el caso al Supremo, que rechazó abrir una causa aunque no descartaba un "trato de favor".
El mismo año, una polémica similar alcanzó al Gobierno del PSOE cuando acababa de llegar al poder: la ministra de Sanidad, Carmen Montón, tuvo que dimitir por incluir párrafos copiados en el TFM del Máster de Estudios de Género que cursó en 2011 en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Según publicó Eldiario.es, Montón nunca acudió a clase, se matriculó fuera de plazo y consiguió el título por una convalidación. Sin embargo, la jueza que investigó el caso lo archivó al no encontrar "ninguna irregularidad" ni trato de favor.
La que fuera vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, tuvo que desmentir la información que aparecía en la web del Parlamento Europeo, en la que se la presentaba como licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, dos carreras que no terminó. Ella aseguró que se debió a un error de traducción tal y como recogió El País.
