Ecologistas, entidades sociales y científicos cargan contra la ampliación de El Prat: "Es negacionismo climático"
- Generalitat y Aena desbloquean el proyecto, que fue enterrado en 2021 en gran parte por su impacto ambiental
- Denuncian que supondrá aumentar las emisiones y tendrá un impacto "devastador" en humedales como La Ricarda
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La ampliación del aeropuerto de El Prat, en Barcelona, está más cerca de ser una realidad tras el anuncio del martes de un acuerdo entre la Generalitat de Cataluña y Aena, con el que se impulsa el proyecto con una inversión de 3.200 millones de euros. Sin embargo, la obra cuenta con la oposición frontal de ecologistas, entidades sociales y vecinales, partidos como Sumar y los comunes —socios parlamentarios del Govern de Salvador Illa—, así como de destacados científicos.
Todos ellos cargan contra el impacto ambiental a gran escala, por el aumento que supondría en vuelos, pasajeros y emisiones, y a pequeña escala, por su afectación a espacios naturales de gran valor ecológico y con la máxima protección europea, como la laguna de La Ricarda.
"Nos parece extremadamente grave que un Gobierno que dice preocuparse por el medio ambiente actúe como un negacionista climático", señala a RTVE.es el portavoz de Ecologistas en Acción Jaume Grau. "Es absolutamente contradictorio plantear una ampliación para que vengan 15 o 20 millones más de visitantes en un contexto de emergencia climática", denuncia. Por ello, las entidades sociales y ecologistas integradas en la plataforma Zeroport han convocado una concentración en Barcelona para el próximo 28 de junio.
De 55 a 70 millones de pasajeros al año
El proyecto actual retoma el intento fallido de ampliación de 2021, que incluía la prolongación de la tercera pista —la más cercana al mar— en 500 metros, para permitir así operar un mayor número de vuelos intercontinentales. La intención es convertir a Barcelona en un "gran hub de conexiones internacionales", según aseguró el martes Illa. Es decir, que se pueda viajar de la Ciudad Condal a Tokio, Nueva Delhi, o Rio de Janeiro sin escala, algo que no es posible actualmente.
Se ampliarían así de 80 a 90 el número de aviones por hora que llegan y parten de El Prat, y se pasaría de 55 millones de viajeros a 70 al año.
Son cifras similares al proyecto de 2021, apoyado por la Generalitat y Aena —participado en un 51% por el Estado—, el operador del aeródromo. Sin embargo, el proyecto embarrancó por la falta de consenso político en un contexto en el que el Govern lo ostentaban ERC y Junts y la alcaldía de Barcelona, Ada Colau, de los Comunes. Cuatro años después, esas dos administraciones las pilotan socialistas, así como el Gobierno central, que se mantiene igual que entonces —en coalición con Sumar, que rechaza la ampliación—.
Proteger diez hectáreas por cada una afectada
El Govern defiende que la ampliación se llevará a cabo con el "máximo rigor medioambiental" y con la "mínima incidencia posible en los espacios de interés natural", según Illa. Conscientes de que el aspecto ambiental está en el centro de la polémica por el proyecto, el plan de Aena plantea varias medidas encaminadas a compensar el impacto.
Entre ellas, proteger diez nuevas hectáreas por cada una afectada por la ampliación (en principio, 27), crear un "anillo verde" que conecte corredores biológicos e interconecte zonas protegidas y constituir un "fondo ambiental".
También contempla recortar en 87 metros el alargamiento de la tercera pista para reducir su impacto en La Ricarda, uno de los pocos humedales que resiste en esta urbanizada zona al sur de Barcelona. Se modificaría parte de la laguna, eliminando uno de sus "brazos", y compensándolo con una ampliación del humedal hacia el norte. Además, al sur de la pista se afectaría el entorno de otra laguna, El Remolar, pero no a su lámina de agua.
Compensaciones "sin pies ni cabeza"
El humedal "es un espacio único con la máxima protección ambiental", señala Elena Idoate, de la plataforma ciudadana Zeroport, opuesta a la ampliación de grandes infraestructuras como el aeropuerto o el puerto de Barcelona. Por ello, recuerda la importancia de no destruir "ni un metro ni 500 metros", y denuncia que el proyecto tendría un impacto "devastador" sobre La Ricarda y "grave" sobre El Remolar.
La opción de modificar de la laguna y compensar la parte destruida en otro lugar, que se planteó en 2021, "no tiene ni pies ni cabeza", coincide Narcís Prat, catedrático emérito de Ecología de la Universitat de Barcelona. "Es un insulto. No es serio, a nivel de restauración [de ecosistemas] es una tomadura de pelo".
"El proyecto es, desde el punto de vista de la biodiversidad, incluso peor" que el de entonces, considera, ya que "los metros que se quitan de La Ricarda se ponen El Remolar, y en lugar de afectar a un área natural afecta a dos". La Ricarda es un "sistema natural", antiguo brazo del río, y que por tanto tiene una importancia ecológica "diferente" a otras lagunas artificiales recuperadas en la zona.
Tiene varios niveles de salinidad en el agua y por ello acoge a especies autóctonas y está libre de otras invasoras, como el cangrejo americano, explica Prat. Compensar en otro lugar lo que se pierda en La Ricarda supondría "hacer más estanques para patos" y otras especies exóticas como el coipú, un roedor que se expande en muchos ríos catalanes. "¿Eso es lo que queremos, tener una especie de zoo, un jardín botánico de especies invasoras?".
Bruselas carga contra España por no hacer los deberes ambientales
El Delta del Llobregat, la tercera zona húmeda más importante de Cataluña, está protegida como Red Natura 2000, una figura de conservación comunitaria, por lo que será la Comisión Europea la que tenga la última palabra a la hora de autorizar el proyecto.
El Govern está convencido de que Bruselas dará su visto bueno, pero desde el Ejecutivo comunitario recuerdan que, antes de ampliar el aeropuerto, las administraciones primero tienen que acometer las compensaciones ambientales a las que se comprometió por la anterior ampliación, la de 2002, y que siguen pendientes.
Al no aplicar estas medidas, la UE abrió un proceso de infracción en 2021 a España, por lo que las autoridades comunitarias trasladaron a representantes de Aena y la Generalitat en un encuentro el pasado 2 de abril que tenían que abordar las acciones necesarias para poner fin a este procedimiento de infracción cuanto antes.
Según establece la Directiva de Hábitats de la UE, los Estados miembro tienen la potestad de autorizar un proyecto aunque "pueda tener un impacto significativo en una zona Natura 2000". Sin embargo, están obligadas "bien a notificar a la Comisión o bien a pedir la opinión de la Comisión" al respecto antes de autorizar dicho proyecto, en función del "interés público" que justifique el desarrollo del mismo.
"¿Por qué ampliar el aeropuerto?"
Pero, más allá del impacto concreto en la zona del Delta del Llobregat, científicos y ecologistas piden replantear la necesidad de este proyecto por su impacto ecológico y social para Barcelona, Cataluña, y todo el planeta. "No se trata de valorar las compensaciones", sino de "lo que queremos y lo que necesitamos como país", señala Idoate. La pregunta es "por qué" ampliar el aeropuerto y así "incrementar la capacidad de la infraestructura más contaminante" de Cataluña.
Desde esta plataforma calculan que el incremento de pasajeros, de un 30%, supondría igualmente un aumento de un tercio de las emisiones, aunque creen que el número podría ser incluso mayor, ya que acogería más vuelos intercontinentales, que emiten más gases de efecto invernadero.
Sin embargo, la Generalitat le da la vuelta a este argumento. El hecho de hacer un vuelo directo, sin escalas, "contribuye también a la reducción de emisiones", justificaba la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, en una entrevista en RNE, en la que consideraba "totalmente imprescindible que pueda haber esta conexión directa entre Barcelona y diferentes ciudades del mundo".
Ecologistas en Acción recuerda que el propio Comité de Expertos de Cambio Climático de la Generalitat pide reducir un 72% las emisiones derivadas del transporte de aquí a 2035. "Y cuando sabemos que no se están reduciendo el de transporte urbano, queremos poner más aviones, es directamente incompatible con la ciencia climática", asegura Grau.
Más turistas en Barcelona
El aumento de viajeros supondría una mayor "masificación turística" en una ciudad ya saturada como Barcelona, denuncia Idoate, lo que a su vez se traduciría en "una subida del precio de la vivienda", disparado en la capital catalana, y profundizar en la expulsión de vecinos que ya se está dando en la capital catalana. "Es verdad que iría en beneficio de algunos empresarios, pero no va a favor del interés general, al revés, va en contra de lo que tendría que ser una política enfocada en el bienestar de la población", expresa.
Pasar de "un aeropuerto internacional a uno intercontinental", como lo describe Paneque, "no implica masificar turísticamente, sino mejorar nuestra competitividad, nuestra economía". La Generalitat defiende que el aumento de pasajeros permitirá recibir "inversiones" que permitirán a Cataluña "volver a liderar económicamente".
Para el ecólogo Narcís Prat, la ampliación del aeropuerto de Barcelona responde a "una visión de país de los años 70 u 80, del crecimiento por el crecimiento". Los cálculos de la patronal Foment del Treball cifran en un 2% el aumento del PIB de llevarse a cabo el proyecto, pero Prat recuerda que "lo importante es el PIB per cápita", es decir, como se repartirá la riqueza que genera el aeródromo.
Ante la ampliación hay alternativas, recuerdan desde Zeroport. La idea de fondo debe ser "decrecer el peso del turismo y el número de visitantes que hay en Barcelona, con lo cual se trata de reducir la actividad aeroportuaria". Esto pasaría, por ejemplo, por "revisar la fiscalidad" de la aviación, y que el queroseno que usan como combustible deje de estar exento de impuestos, o que no se permitan vuelos "por debajo de coste".
