Leire Díez, militante del PSOE implicada en los audios contra la UCO, pide su baja tras reunirse con el partido en Ferraz
- La exconcejal solicitó al partido la semana pasada que se pusiera en contacto con ella "cuanto antes" para poder defenderse
- La militante ha solicitado su baja voluntaria y ofrecerá más detalles este miércoles en una comparecencia pública
Una semana después de que la dirección del partido acordara abrirle un expediente informativo, la militante del PSOE implicada en los audios filtrados contra la UCO, Leire Díez, ha solicitado su baja voluntaria como afiliada después de acudir este martes a la sede de la formación en Ferraz para defender su versión de los hechos.
Fuentes del entorno socialista habían adelantado a RTVE.es que Díez se ha reunido con el director de los servicios jurídicos del partido, quienes deberían "estimar" si habló en nombre de la formación cuando solicitó información sobre un agente de la UCO a Alejandro Hamlyn, empresario que está siendo juzgado en la Audiencia Nacional por el caso Hidrocarburos. Sin embargo, después de haber trasladado su decisión de abandonar el partido a su secretario de organización, Santos Cerdán, el PSOE ha comunicado que "cualquier medida de carácter orgánico respecto a ella quedará suspendida".
A su llegada a la madrileña calle de Ferraz, la exconcejal socialista no ha querido hacer declaraciones a la prensa, aunque sí ha anunciado que se pronunciará este miércoles a las 10.00 horas en una comparecencia pública. "No voy a decir nada y voy a seguir sin decir nada", ha indicado a los medios momentos antes de acceder a la sede de la formación.
Pedía dar explicaciones "cuanto antes"
La exconcejal ha aterrizado en Ferraz después de que el pasado viernes pidiera a su formación que se pusiera en contacto con ella "cuanto antes" para poder dar "todas las explicaciones" sobre el asunto que marcó la agenda entre las filas de los socialistas la semana pasada.
La polémica surgió cuando el pasado lunes El Confidencial publicó que personas supuestamente vinculadas al PSOE estaban diseñando una operación clandestina para acabar con Antonio Balas, teniente coronel de la UCO de la Guardia Civil, que encabeza las diligencias sobre el caso Koldo, el fiscal general del Estado y las investigaciones en torno a Begoña Gómez y David Sánchez, la mujer y el hermano del presidente del Gobierno.
La militante socialista se jugaba la expulsión de la formación, que tenía la potestad de abrirle un expediente disciplinario tras concluir el expediente informativo interpuesto contra ella el pasado 28 de mayo por la Secretaría de Organización de Cerdán. En este sentido, la formación había anunciado que abriría contra ella en los próximos días un expediente sancionador si se demostraba que su comportamiento "ha hecho daño al partido".
La decisión última la hubiera tomado la Comisión Ejecutiva Federal (CEF), órgano ejecutivo del PSOE, a través de la Comisión Federal de Ética y Garantías, aunque ahora el procedimiento abierto contra ella ha quedado suspendido. Desde que estalló el caso, tanto el PSOE como el Gobierno se han desvinculado de las actividades de Díez y han asegurado que no trabaja a las órdenes del partido y no está mandatada para ofrecer acuerdos de ese tipo, algo que la propia Leire también ha negado. Además, la han calificado como "militante de base", aunque entre 2018 y 2024 ha desempeñado varios cargos de responsabilidad en las empresas públicas Enusa y Correos.
El PP mueve ficha y los socios del Gobierno piden explicaciones
Por su parte, el PP ha presentado ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia contra Díez por lo que han descrito como una "guerra sucia" del PSOE contra magistrados, fiscales y miembros de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. "Esa forma de actuar solo tiene un nombre, es pura mafia", ha subrayado el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces en la Cámara Baja.
Por otro lado, ha denunciado al abogado Jacobo Teijelo y el empresario Javier Pérez Dolset, por esta misma razón. A todos ellos, los acusa de la comisión de presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, obstrucción a la justicia y grupo u organización criminal, según han trasladado fuentes de Génova.
La presión que se ejerce contra el Gobierno sobre este asunto también viene dirigida desde sus socios. ERC y Podemos han rogado al Ejecutivo que termine con el "silencio" sobre el caso y han exigido que Pedro Sánchez de explicaciones en el Congreso sobre la figura de la exconcejal y militante socialista.
Junto a todo ello, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) se ha sumado este martes a la ofensiva judicial contra Díez con una nueva denuncia por tratar de recabar información comprometedora del mando de la UCO. Es la segunda asociación de guardias civiles que interpone una denuncia por estos hechos, después de que ayer lo hiciera la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil
