Seis meses de la dana: el día de los 700 litros que dejó más de 200 fallecidos
El 29 de octubre de 2024, más de 200 personas fallecieron, más que todas las muertes vinculadas a inundaciones en los últimos 20 años. Medio año después, repasamos las cifras de una tragedia cuyos efectos aún perduran.
El 29 de octubre de 2024, los pronósticos meteorológicos anunciaban el desembarco de una dana —la palabra del año— que traería consigo cuantiosas lluvias. Ese martes era el “día álgido”, según había detallado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en varios avisos previos. Pese a ellos, parecía un día normal, aunque hace seis meses la palabra dana no despertaba aún el miedo que provoca desde entonces,
Pese al aviso rojo activo desde primera hora, la actividad en la Comunidad Valenciana, la región más azotada, no paró. Fueron pocas las empresas que fomentaron el teletrabajo y los centros educativos —salvo excepciones— no suspendieron las clases hasta pasado el mediodía. De hecho, en algunos municipios la cancelación solo tuvo lugar el día 30, una vez había pasado lo peor.
La lluvia llegó como estaba previsto, pero con una intensidad que nadie esperaba. El paso de un tren convectivo provocó que en algunas zonas se registraran lluvias muy copiosas. Ese volumen de agua se adueñó de calles y carreteras, alimentando ríos muy secos y llegando a zonas donde apenas llovió ese día. El documental El día de los 700 litros disecciona todo lo sucedido ese día y en DatosRTVE repasamos algunos de los detalles que se incluyen en él.
En l’Horta Sud se localizó el 70% de los fallecidos
Sabemos que la magnitud de la catástrofe está fuera de dudas: 236 personas fallecieron, la mayoría en la Comunidad Valenciana. Y aún podría aumentar la cifra a 237 con la confirmación de una desaparición. Son más de los decesos vinculados a inundaciones en los últimos 20 años (233), según el Anuario Estadístico del Ministerio del Interior. Las riadas son la segunda causa de muerte en España por fenómenos naturales (20%), por detrás de las altas temperaturas (29,5%).
Muchas víctimas de la dana fueron localizadas en Paiporta (46) y Catarroja (25), según los datos del Centro de Integración de Datos (CID) y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Ambos municipios se encuentran en l’Horta Sud, una comarca en la que apenas llovió el día 29 y que concentra, no obstante, el 70% de los levantamientos de cadáveres. En otras zonas, como Chiva (8), Cheste (7) y Riba-roja de Túria (7), también se hallaron varios cuerpos.
El 30% de los cadáveres fueron encontrados en sus viviendas, muchos en plantas bajas, sorprendidos por la abrupta subida del agua, tal y como han explicado los familiares en sus denuncias y ante la jueza. Además, las enfermedades o los problemas de movilidad de varios de los fallecidos dificultaron la subida a los pisos altos, con el agua rebasando ampliamente los dos metros, según una investigación de la Universitat Politècnica de València (UPV).
En los garajes y los sótanos también se halló a una treintena de víctimas, muchas confiadas en sacar el coche a tiempo antes de que la corriente les arrinconara. En ese camino, muchos ascensores han quedado inutilizados, dificultando aún más la vuelta a la normalidad de los valencianos. Según la Generalitat, 10.000 se vieron afectados, de los cuales 6.000 aún siguen sin servicio.
Miles de llamadas alertaron de la catástrofe
Sabemos que el desastre no solo ha dejado familias rotas y cuantiosos destrozos, sino también una sensación de falta de responsabilidad que persiste medio año después. La jueza que investiga penalmente la dana, Nuria Ruiz Tobarra, sostiene que el envío de la alerta a las 20.11 fue “notablemente tardío”. La magistrada de Catarroja apuntaba en uno de sus primeros autos que “los daños materiales no se podían evitar, las muertes sí”.
Muchas personas perdieron la comunicación con sus familiares entre las siete y las ocho de la tarde, cuando el agua se adueñó de varios municipios, como atestiguan los allegados de las víctimas. Antes, los tornados en la zona de Carlet y Alginet tumbaron hasta 35 torres de alta tensión, según Red Eléctrica (REE), provocando cortes eléctricos que se prolongaron durante días en algunas localidades.
Estas irrupciones en el suministro no frenaron que se registraran cerca de 20.000 llamadas al teléfono de Emergencias. En la Comunidad Valenciana, el 112 está subcontratado a Ilunion, del Grupo ONCE, y no fue hasta principios de marzo cuando hicieron pública esta información, pese a la insistencia de medios y sociedad civil. De hecho, a día de hoy sigue siendo parcial, ya que de los cerca de 5.000 incidentes que se gestionaron durante esa jornada —hay quienes apuntan a que fueron más—, tan solo se conocen detalles de algo más de 2.000.
El pico de llamadas llegó alrededor de las 17.00 (2.400), cuando el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) se reunió, pese a que desde las 13.00 la curva de llamadas no dejó de subir. A las 20.00, cuando finalmente se mandó la alerta, se notificaron más de 1.500, aunque para entonces el colapso de las comunicaciones era más que evidente. De hecho, en redes sociales muchas personas afirmaban no poder contactar con el teléfono de emergencias.
Más de 500 edificios de importancia, en riesgo de inundación
Sabemos que muchos valencianos no han podido recuperar aún su vida normal. No solo los ascensores están dañados; también vehículos, centros educativos, pero sobre todo viviendas. La Generalitat valenciana estima que más de 11.220 se han visto afectadas, y que su reparación tendrá un coste de más de 475 millones de euros.
No obstante, algunos vecinos no podrán recuperar sus casas. Muchas de ellas fueron construidas de forma ilegal, según los planos del Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana, más conocido como PATRICOVA. Este organismo, creado en 2003, reconoce en su preámbulo que las inundaciones son “el riesgo natural e inducido que mayor número de daños, tanto en vidas humanas como en bienes, ha causado a lo largo de la historia”. Fue creado para, entre otros objetivos, “orientar los desarrollos urbanísticos y territoriales hacia las áreas no inundables o, en su caso, hacia las de menor peligrosidad de inundación”.
Pero no solo se han edificado viviendas en zonas peligrosas. También existen puntos de especial importancia en riesgo de inundación fluvial, como escuelas, parques de bomberos, instalaciones energéticas o hasta hospitales. La Dirección General del Agua (DGA), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), cuenta con un inventario a nivel nacional de las construcciones que están en peligro en función de los períodos de retorno de las inundaciones, es decir, cada cuánto deberían ocurrir.
El siguiente mapa ubica en la provincia de Valencia más de 500 inmuebles en riesgo para un período de 500 años. Según los cálculos que publicó El País, el nivel de agua que se alcanzó en la dana de octubre debería haber ocurrido una vez cada 1.000 años.
Sabemos, por tanto, que la magnitud del desastre no pudo preverse. Lo que sí sabemos es que la gestión pudo ser mejor, como demuestra la investigación de la jueza de Catarroja. Seis meses después de la catástrofe, quienes perdieron a familiares y amigos, quienes sienten que pudieron hacer más para salvar a otros o quienes ven insuficiente lo que se hizo ese 29 de octubre siguen esperando respuestas que más de 180 días no llegan.
