El Consejo de Europa avisa a España: sigue incumpliendo sus recomendaciones para evitar la corrupción de altos cargos
- Pide que mejore la regulación sobre conflictos de interés, 'lobbies', aforamientos y puertas giratorias
- En junio de 2025 examinará la respuesta enviada por las autoridades españolas a finales del año pasado
El Consejo de Europa ha vuelto a avisar a España de que incumple o ha implementado "parcialmente" sus recomendaciones para evitar la corrupción de altos cargos. Así, le reclama mejores en la regulación de los conflictos de interés en el seno del Gobierno, las reuniones con 'lobbies', los aforamientos o las puertas giratorias cuando abandonan sus funciones públicas para trabajar en empresas.
En un informe de diciembre de 2023, cuyo contenido se ha conocido este miércoles, el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Estado (GRECO) de esta organización ajena a la Unión Europea ha reprochado a España una "pobre implementación" de las recomendaciones que se le hicieron en 2019, con 13 incumplimientos parciales y seis totales. Por eso, ha pedido a la delegación española "un informe sobre los progresos realizados" antes del fin de 2024.
La respuesta de las autoridades españolas se desconoce todavía, pero se analizará en la sesión plenaria del Consejo de Europa del 2 al 5 de junio, en Estrasburgo, Francia. En función del resultado podrá tomar diferentes medidas de presión.
Además, se ha enviado una carta al representante español ante este organismo de defensa de la democracia y de los derechos humanos para llamarle la atención sobre esos incumplimientos y para que tome "medidas decididas con vistas a lograr progresos tangibles lo antes posible".
Transparencia con los 'lobbies'
Los expertos del Consejo de Europa vienen recomendando a España desde hace seis años que regule los contactos de los altos cargos con grupos de presión ('lobbies'), de forma que se divulgue cuando se producen esas reuniones o conversaciones, quiénes participan y cuáles son los temas abordados.
Al respecto, el GRECO ha lamentado que ante la convocatoria de elecciones anticipadas en el verano de 2023 no saliera adelante el proyecto de ley sobre la transparencia y la integridad de las actividades de los grupos de interés, porque al menos hubiera supuesto la creación de un registro de 'lobistas'.
No obstante, ha incidido en que no es suficiente que los altos cargos del Gobierno no puedan ejercer labores en 'lobbies' hasta dos años después de dejar sus cargos, como establecía ese texto y pide acciones más decididas.
El Congreso está tramitando en esta legislatura de nuevo un proyecto de ley que define qué son los 'lobbies', cuáles son sus actividades de influencia, y establece un código de conducta para los grupos de interés en su relación con los altos cargos y con el personal público, entre otras medidas.
Frente a los conflictos de intereses y la corrupción
El grupo señala también que el Ejecutivo no ha diseñado una estrategia específica para los cargos del Gobierno central, quienes por su "naturaleza política" y su "interacción con el sector privado" enfrentan "desafíos particulares". Aunque existe un código de conducta, los expertos objetan que sus cursos de formación van más dirigidos a los funcionarios que a los altos cargos.
En esa línea, ha pedido que refuerce el régimen aplicable a los asesores del Gobierno, con los mismos estándares de transparencia e integridad que se aplican a los altos cargos, por lo que deberían ser públicos sus perfiles y salarios.
Igualmente, han recomendado que un organismo independiente revise la normativa sobre las restricciones que se imponen a los altos cargos una vez que dejan sus funciones, con el fin de reforzarla si es necesario.
En cuanto a las declaraciones de bienes, GRECO señala que aunque el Gobierno ha aumentado el detalle de los bienes declarados por los altos cargos, aún falta un mayor desglose, especialmente en cuanto a actividades externas, como activos, intereses, empleos externos y deudas, además de familiares a su cargo.
Pendientes del aforamiento del Gobierno y del CGPJ
Asimismo, el Consejo de Europa ha insistido en que España debería eliminar el aforamiento de los miembros del Gobierno sospechosos de corrupción al considerar que obstaculiza el proceso penal. El Ejecutivo ya advirtió de que es un asunto "delicado" porque requiere una reforma constitucional con un amplio consenso parlamentario, "algo difícil de alcanzar". También aclaró que los aforados no están exentos de responsabilidad, sino que el juicio queda en manos de la sala penal del Tribunal Supremo.
Los informes previos del GRECO incorporaban también recomendaciones en dirección de la Policía Nacional y la Guardia Civil, como una evaluación estratégica de los riesgos de corrupción de sus agentes, códigos de conducta públicos con unas líneas directrices prácticas, estudios de los posibles conflictos de interés o mecanismos de denuncias internas.
En junio, lanzó también una recomendación relativa al sistema de selección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que seguía sin implementarse.
En caso de persistencia de esos incumplimientos, el GRECO puede activar otros mecanismos de presión, como enviar una misión al país o pedir al secretario general del Consejo de Europa que escriba una carta al ministro de Exteriores para advertirle sobre la situación. La organización, no obstante, no puede sancionar al país.
Aplaude algunos avances
Con todo, el informe del GRECO ha valorado positivamente la adopción de un marco de honradez entre las autoridades, el Sistema de Integridad de la Administración General del Estado (SIAGE), que incluye la evaluación de riesgos de corrupción, un código de ética, disposiciones sobre integridad y conflictos de intereses, así como formación para los funcionarios y canales internos de denuncia.
También ha reconocido los esfuerzos de España por cumplir los requisitos de acceso a la información pública de los ciudadanos, incluida la ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Oficiales, y ha alentado a seguir progresando mediante medidas adicionales.
El PP ironiza: "Todo es una conspiración facha, ultra, machista",
Y, mientras tanto, el Partido Popular ha cargado contra el Gobierno por esta última advertencia del Consejo de Europa por el incumplimiento de sus recomendaciones contra la corrupción. "Combatirla no es precisamente su prioridad…", ha ironizado la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, en la red social X.
Y se ha pronunciado en la misma plataforma el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, para reprochar al Ejecutivo, también con ironía, la falta de autocrítica. "Menuda semanita: Jéssica, el Parador de Teruel, el informe de la UCO y hoy Bolaños ante un juez mientras el Consejo de Europa acredita que el Gobierno no hace nada contra la corrupción. Pero, claro, todo es una conspiración facha, ultra, machista", ha escrito.