Un directivo de Quirón administra la empresa que compró las mascarillas de la comisión de la pareja de Ayuso

• Alberto González Amador se llevó una comisión de dos millones de euros por su labor de intermediario
• Está acusado de cometer dos delitos fiscales y otro presunto delito de falsedad documental

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras el Consejo de Gobierno.

Un directivo del Grupo Quirón, Fernando Camino, forma parte del consejo de administración de la empresa que compró las mascarillas con las que la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, se llevó una comisión de dos millones de euros.

Camino, consejero de la sociedad desde julio de 2019, fue uno de los fundadores de la empresa pantalla que González Amador usó en 2021 para canalizar parte del fraude con el que cometió dos delitos fiscales y otro presunto delito de falsedad documental mediante una trama de facturas falsas y testaferros.

Este directivo de Quirón es también una de las personas que creó la sociedad panameña que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid dirigió hasta 2022. Camino preside además Quirón Prevención desde 2020. Es directivo del grupo sanitario desde 2015, cuando este gigante de la sanidad privada compró la mutua de la que era administrador, Frater Prevención. Esta empresa ya llevaba años contratando los servicios de Alberto González como consultor.

González Amador reconocía la comisión de dos delitos

Fuentes fiscales han detallado que la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid abrió diligencias de investigación penal sobre el presunto fraude fiscal de la pareja de Díaz Ayuso el 23 de enero como consecuencia de la denuncia remitida por la Agencia Tributaria en la que ponía en conocimiento del Ministerio Fiscal hechos que podrían ser constitutivos de delitos de defraudación tributaria y falsedad documental, según han explicado las fuentes.

Unos días más tarde, el 2 de febrero, el letrado defensor de González Amador se puso en contacto con la Fiscalía Provincial de Madrid el 2 de febrero, según fuentes fiscales, por correo electrónico para proponer un pacto con el Ministerio Fiscal para reconocer los hechos delictivos y conformarse con una determinada sanción penal.

Esta propuesta de conformidad realizada por el letrado defensor reconocía, según han asegurado las mismas fuentes, la autoría de la comisión de "dos delitos" contra Hacienda por el Impuesto sobre Sociedades, 2020 y 2021.

Cinco días después, según las mismas fuentes, el fiscal especialista en delitos económicos encargado del asunto dictó el decreto de conclusión de las diligencias de investigación para esclarecer los hechos denunciados por la Agencia Tributaria y acordó la interposición de denuncia contra González Amador y otros por “delitos de defraudación tributaria y falsedad documental”.

La Fiscalía, abierta a una conformidad en el juicio

El fiscal respondió por correo al letrado de González Amador el 12 de febrero y le manifestó que tomaba nota “de la voluntad de su cliente de reconocer los hechos y satisfacer las cantidades presuntamente defraudadas”, y añadía que no consideraba que la existencia de otras personas implicadas en la defraudación al erario público denunciada por la Agencia Tributaria pudiera ser un obstáculo para alcanzar una conformidad penal.

Así, un día después, el 13 de febrero, el fiscal interpuso la denuncia contra la pareja de Díaz Ayuso y otras cuatro personas, y contra ocho sociedades mercantiles, por dos delitos contra la Hacienda Pública, relativos al Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021, y un delito de falsedad en documento mercantil. El 20 de febrero, la Fiscalía Provincial de Madrid remitió la denuncia interpuesta al Juzgado de Instrucción Decano de Madrid, que registró la denuncia el 5 de marzo.

Por último, el 12 de marzo, el fiscal encargado del asunto remitió la denuncia por correo electrónico al letrado de González Amador “para facilitarle el derecho de defensa” y le reiteró que la existencia de otras personas denunciadas en este procedimiento "no constituye un obstáculo para que se pudiera alcanzar una conformidad penal".