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El Poder Judicial defiende al juez García Castellón ante las críticas de Ribera y la acusa de deslealtad

  • La vicepresidenta ha criticado la "querencia" del magistrado a pronunciarse en "momentos políticos sensibles"
  • El juez ha ratificado que Puigdemont debe ser investigado en el Supremo por terrorismo en la causa 'Tsunami'

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La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera EFE

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha salido en defensa del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón a raíz de las declaraciones de la vicepresidenta Teresa Ribera en las que ha criticado al magistrado por su "querencia" a pronunciarse en "momentos políticos sensibles". "Estas manifestaciones son contrarias al principio de lealtad institucional", ha afirmado el CGPJ en una comunicación institucional.

Las palabras de Ribera en una entrevista en TVE han llegado después de que el juez a cargo de la instrucción de la causa de 'Tsunami Democrátic' haya ratificado su decisión de enviar el procedimiento al Tribunal Supremo para que se investigue al expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y a otras 10 personas por presuntos delitos de terrorismo. 

Ante las críticas vertidas por la ministra, algunos vocales conservadores del órgano de gobierno de los jueces han pedido la convocatoria de una Comisión Permanente extraordinaria para analizar la situación.

En el encuentro, se ha aprobado una declaración institucional en la que han denunciado que ese tipo de declaraciones "merman la confianza de los ciudadanos en la Justicia y contribuyen al deterioro institucional", por lo que merecen un rotundo rechazo, "máxime si interfieren en una investigación en curso de los hechos".

Además, como recuerdan que ya han hecho en otras ocasiones, han instado a "la moderación, prudencia y mesura", así como "a la responsabilidad institucional" para evitar la "utilización política de la Justicia".

"Desde el más absoluto respeto al derecho de libertad de expresión, la Comisión Permanente considera imprescindible reafirmar que la actuación del Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho", concluye el comunicado. 

La AN rechaza que el juez tenga "motivaciones políticas"

Mientras tanto, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional también ha defendido al juez, negando que actúe con "una pretendida motivación política" a modo de respuesta judicial a la proposición de ley de amnistía.

En un auto con fecha de este 19 de enero y al que ha tenido acceso RTVE, los magistrados avalan las diligencias de investigación acordadas por Castellón, al tiempo que rechazan las acusaciones vertidas por el jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, investigado en la causa. 

"Son absolutamente rechazables las alegaciones de la defensa apelante sobre una pretendida motivación política del Ilmo Sr. García Castellón al dictar los autos de 6, 21 y 27 de noviembre de 2023", afirman en el documento.

Las asociaciones judiciales piden que se respete la labor de los jueces

Por otro lado, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) han pedido al Gobierno que respete la labor de los jueces y han reprochado este "señalamiento" y han recordado que los tiempos de la Justicia no dependen de los jueces. 

"Señalar a jueces sólo genera desconfianza en la ciudadanía", ha advertido la AJFV en un comunicado, en el que uno de sus miembros del Comité Nacional, Luis Ortiz, ha advertido de que "los tiempos de la Justicia no son los tiempos de la política". En este sentido, ha precisado que los pronunciamientos judiciales, en un caso como este, obedecen a una petición de las partes, ya que el juez da respuesta a un recurso y, si no lo hiciera, "estaría cometiendo un delito". 

"Resulta inexplicable a estas alturas que un miembro del Gobierno parezca desconocer cómo funciona la Justicia", ha lamentado el miembro de esta asociación.

En la misma línea, Fernando Portillo, de FJI, ha afeado la "querencia" de los políticos a "protestar cuando las decisiones judiciales no les convienen, o por contenido, o por momento, o por ambas cosas". 

 Al igual que la AJFV, ha recordado que "los tiempos de los procesos judiciales no dependen de los jueces". En el caso del procedimiento relativo a 'Tsunami Democràtic', ha recalcado que lleva años investigándose y que "lo que no se puede hacer es acomodar su tramitación a los intereses políticos de nadie según el momento, parando cuando no vaya a molestar a ningún partido y acelerándose cuando convenga a otros".