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El CGPJ elige a César Tolosa y María Luisa Segoviano magistrados del TC por unanimidad y cierra la crisis

  • María Luisa Segoviano (progresista) y César Tolosa (conservador) serán los próximos magistrados del alto tribunal
  • El TC aguarda desde el 12 de junio a que se renueven los cuatro magistrados correspondientes al Gobierno y el CGPJ

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El CGPJ elige a César Tolosa y María Luisa Segoviano magistrados del TC por unanimidad y cierra la crisis

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado por unanimidad designar magistrados del Tribunal Constitucional (TC) a César Tolosa y María Luisa Segoviano en el pleno celebrado este martes, un paso importante para desbloquear su renovación y que España recupere la normalidad institucional.

Con esta elección, cuando sean sustituidos los cuatro magistrados del Constitucional que tienen el mandato caducado y los nuevos tomen posesión, el tribunal pasará a contar con una mayoría progresista después de nueve años de mayoría conservadora.

Los vocales del CGPJ han designado a sus candidatos con seis meses de retraso –tres meses y medio incumpliendo la ley que les daba como fecha tope el 13 de septiembre– y tras una crisis en la que el TC ha frenado por primera vez una ley durante su tramitación parlamentaria. Sin embargo, sorteado ese bloqueo, queda el más grave: el que afecta desde hace más de cuatro años al propio CGPJ.

Después de meses de negociaciones enconadas entre ambos bloques progresista y conservador, este martes el CGPJ ha vuelto a reunirse en un pleno extraordinario con tres candidatos encima de la mesa: los magistrados del Tribunal Supremo (TS) César Tolosa y María Luisa Segoviano por el ala conservadora y José Manuel Bandrés por el bloque progresista.

Los conservadores habían optado por presentar a su candidato, Tolosa, y a otro de sensibilidad progresista. A la segunda votación, con María Luisa Segoviano, pionera por ser la primera magistrada en presidir una Sala del Tribunal Supremo, ha ido la vencida tras el gesto de los progresistas.

Los progresistas "ceden" por "sentido institucional"

El órgano de gobierno de los jueces ha logrado designar a los nuevos magistrados del TC gracias a que los vocales progresistas han sumado sus votos a los de sus compañeros para desatascar la renovación. "No es un consenso, es una cesión", han dicho de manera tajante a EFE desde el sector progresista, que defiende que han cedido sus votos en aras a que la renovación del TC sea posible ante un bloqueo del que responsabilizan a sus compañeros conservadores.

Seguros de que éstos iban a seguir sin aceptar a su candidato, el magistrado José Manuel Bandrés, al ser visto como un perfil próximo al Gobierno, los progresistas han sorprendido a los conservadores descartando a su candidato y votando a favor de Tolosa y Segoviano, un cambio de posición adoptado "por sentido institucional".

Sus nombres se suman a los de los dos candidatos elegidos por el Gobierno a finales de noviembre, que también pasarán a formar parte del tribunal de garantías: el magistrado de la Audiencia Nacional y exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la catedrática de Derecho y exdirectora general de Asuntos Constitucionales en el Ministerio de Presidencia, Laura Díez.

Ahora, el pleno del Constitucional deberá analizar la idoneidad de los candidatos, comprobando que cumplen los requisitos legales para ser magistrado: ser españoles y jueces, fiscales, profesores universitarios, funcionarios o abogados de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional. El presidente del TC ya ha acordado convocar de forma inmediata un pleno gubernativo para realizar el trámite de la verificación de idoneidad, una vez se reciba en la sede del Tribunal el Acuerdo de la designación efectuada por el pleno del Consejo.

Acuerdo imposible hasta ahora

Hasta ahora, el equilibrio de fuerzas en el CGPJ –con ocho vocales progresistas y 10 conservadores– había hecho imposible el acuerdo. En la votación del 20 de diciembre, los dos nominados por el sector mayoritario, Tolosa y Pablo Lucas, obtuvieron 10 votos, mientras que Bandrés logró siete, porque el vocal Enrique Lucas tuvo que abstenerse a raíz de que su hermano era uno de los candidatos.

Las reglas vigentes imponen una mayoría de tres quintos para enviar candidatos al Constitucional y permiten que cada uno de los 18 vocales que actualmente forman el CGPJ proponga y vote a dos aspirantes. De este modo, para la 'fumata blanca' son necesarios 11 síes, algo que hasta ahora no había sido posible porque los vocales votaban en bloque y ninguno se había descolgado para cambiar el equilibrio.

Fuentes del CGPJ consultadas por Europa Press han indicado que el ala conservadora ha apostado por incluir un nombre progresista en su tándem (primero Lucas y ahora Segoviano) para que sus homólogos renuncien a Bandrés, un magistrado del Tribunal Supremo sobre el que los conservadores han impuesto un veto tácito.

El Gobierno valora positivamente el acuerdo

El Gobierno han valorado "muy positivamente" el acuerdo. "El Gobierno desea que el nuevo TC recupere el prestigio, la objetividad y la credibilidad dañadas", ha indicado en una nota informativa, en la que asegura que "solo falta el PP por cumplir con la Constitución", en referencia al propio CGPJ, que lleva en funciones más de cuatro años. Fuentes socialistas han señalado a RTVE que seguirán adelante con su proposición de ley para modificar el sistema de votación de los magistrados designados por el CGPJ "para no estar siempre secuestrado por el PP cada vez que hay un gobierno socialista", han argumentado.

El PP, por su parte, ha afirmado que este martes "ha quedado demostrado que aquellos a los que el Gobierno insultó gravemente, acusándolos de bloquear los órganos constitucionales, han materializado la propuesta que finalmente ha facilitado el acuerdo". Así, ha instado al Ejecutivo a "disculparse con todos y cada uno de los vocales".

El TC aguarda desde el 12 de junio a que se renueven los cuatro magistrados que forman el tercio que la Constitución encarga reemplazar a Gobierno y CGPJ: Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez, nombrados en su día por el Ejecutivo de Mariano Rajoy; y Juan Antonio Xiol y Santiago Martínez-Vares, designados entonces por el órgano de gobierno de los jueces.

El acuerdo del CGPJ llega después del que el Constitucional decidiera interrumpir de forma cautelarísima y con una amplia división la ley con la que el PSOE y Unidas Podemos pretendían acabar con el bloqueo. Lo hicieron mediante dos enmiendas a la reforma del Código Penal que el PP recurrió por ver vulnerados los derechos de sus diputados y el TC aceptó paralizarlo.

Los vocales conservadores han tratado de resolver la cuestión de los nombramientos al Constitucional antes de que se aprueben las enmiendas ahora paralizadas que presentó el Gobierno para desbloquear la situación del TC y el CGPJ. Las fuentes consultadas explican que las prisas surgidas en el sector conservador se deben a que la citada reforma cambiará el sistema de votación, favoreciendo que los elegidos sean los dos candidatos más votados, con lo que saldrían victoriosos uno de cada bloque, en el caso de la corriente progresista: Bandrés.

El CGPJ, bloqueado y en funciones

Por otro lado, los vocales que han desbloqueado la renovación del TC llevan más de cuatro años en funciones. Su mandato caducó el 4 de diciembre de 2018 y, tras varios intentos de acuerdo, alguno de ellos prácticamente cerrado, ahora nadie apuesta por que se renueve antes de las próximas elecciones generales.

Han sido varias las aproximaciones, todas rotas por el PP en el último momento con diferentes argumentos, el último la iniciativa legal del PSOE y Unidas Podemos para reformar el delito de sedición. Por ello, los socios de coalicón se atrevieron incluso a plantear una reforma para suprimir la mayoría de tres quintos necesaria para esa renovación y con ello sortear el bloqueo del PP. Entonces, Bruselas dio un toque de atención que hizo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ordenara retirar la iniciativa.

Una de las consecuencias del bloqueo es que el CGPJ no puede designar cargos judiciales mientras esté en funciones, lo que ha generado ya la acumulación de un total de 71 nombramientos discrecionales pendientes en distintos tribunales del país, 18 de ellos en el Tribunal Supremo. Ejemplo de ello es la vacante de Tolosa, que no hará sino agravar ese problema en su Sala con hasta 11 magistrados menos de lo estipulado y con perspectiva de futuras jubilaciones agudicen la situación.