Enlaces accesibilidad

La despoblación, uno de los criterios para descentralizar sedes del Estado

  • Se valorará también el nivel de desempleo y la cohesión social y territorial
  • Los empleados públicos obtendrán ventajas si deciden trasladarse

Por
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez

La despoblación será uno de los criterios que se tendrán en cuenta a la hora de elegir los municipios que albergarán las nuevas sedes del Estado, junto a otros como el nivel de desempleo, la cohesión social y territorial y la mejora en el funcionamiento de los servicios públicos.

El Gobierno ha incluido estos criterios en el Real Decreto, aprobado este martes por el Consejo de Ministros, que establece el procedimiento para determinar las sedes de las entidades del sector público estatal dentro del proceso de descentralización comprometido por el Gobierno.

Como ha informado la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se crea, asimismo, la Comisión consultiva para la determinación de las sedes, como órgano colegiado de la Administración General del Estado de asistencia al Consejo de Ministros en estos procedimientos.

Al informar del procedimiento para elegir la ubicación de las nuevas entidades del sector público institucional estatal, así como los nuevos departamentos o subsedes dependientes de entidades ya existentes, Rodríguez ha subrayado los efectos positivos que ejercen las instituciones públicas en los lugares donde se ubican, entre ellos la creación de empleos directos e indirectos.

Ha puntualizado, además, que se tendrá en cuenta también a los empleados públicos al incorporar la posibilidad de ofrecerles condiciones ventajosas para el traslado, sin perjuicio en su carrera profesional.

El procedimiento que establece el Real Decreto señala que una vez generada una nueva entidad pública, el Consejo de Ministros acordará iniciar el procedimiento para la determinación de su sede y que, en el plazo de un mes, la Comisión consultiva elaborará un informe que se publicará en el BOE con los criterios a tener en cuenta para determinar la ubicación de su sede.

La presidencia de la Comisión recaerá en la ministra de Política Territorial

También en un plazo de un mes, en esta ocasión desde la publicación del acuerdo de inicio del procedimiento, las comunidades autónomas y los órganos plenarios de las entidades locales podrán presentar la candidatura de uno o varios municipios para albergar la sede física de la entidad correspondiente.

Adicionalmente, las administraciones que presenten candidaturas podrán ofrecer cesión de bienes inmuebles, asunción de costes financieros del traslado o creación de la sede y/o medidas de apoyo al personal trasladado.

Finalizado el plazo de presentación de candidaturas, la Comisión solicitará informe a la entidad afectada y elaborará un dictamen, que podrá incluir localidades no postuladas, analizando las posibles sedes y que remitirá al Consejo de Ministros, que adoptará el acuerdo y lo publicará en el BOE en un plazo máximo de seis meses desde el inicio del procedimiento.

Respecto a la Comisión consultiva, se constituirá en un mes, se reunirá al menos una vez al año y siempre que sea necesario determinar la sede física de entidades públicas y no incrementará el gasto público, puesto que trabajará con medios personales, técnicos y presupuestarios ya asignados a los departamentos que la integran.

La presidencia de la Comisión recaerá en la ministra de Política Territorial y de ella formarán parte representante de los ministerios de Asuntos Económicos; Trabajo y Economía Social; Transición Ecológica y Reto Demográfico; Asuntos Exteriores; y Hacienda; Presidencia; y Derechos Sociales, así como de los departamentos titulares de la sede convocada.