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La ministra de Educación recalca que la sentencia sobre el castellano es "de obligado cumplimiento"

  • Pilar Alegría recuerda que la sentencia del Supremo "es firme" y que por tanto debe ejecutarse
  • Fuentes de Educación explican que es el TSJC el que deberá pedir la ejecución y velar por ello
     

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La ministra de Educación, Pilar Alegría
La ministra de Educación, Pilar Alegría, durante un Pleno del Congreso de los Diputados. EFE/Javier Lizón

La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha recalcado este jueves que la sentencia del Tribunal Supremo que exige un 25% de castellano en la educación pública catalana es "de obligado cumplimiento" y debe ejecutarse. 

"No cabe debate", ha zanjado en los pasillos del Congreso al ser preguntada por el fallo del Alto Tribunal de no admitir el recurso de casación que la Generalitat contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y después de que el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, asegurara que ella le había dado garantías de que el Gobierno no iba a adoptar iniciativas para aplicarla.

En declaraciones a los periodistas, Pilar Alegría ha prometido dar "todas las explicaciones" que se soliciten, pero ha querido dejar claro que el Gobierno no tiene ninguna duda de que esa sentencia debe aplicarse, apuntando a la Generalitat.

"Frente a una sentencia firma no cabe debate: es de obligado cumplimiento por parte de cualquier administración pública, sea la Generalitat o cualquier ciudadano estamos obligados a cumplir las sentencias firmes", ha subrayado.

El TSJC es el que debe pedir la aplicación

Fuentes del departamento que dirige Alegría señalaron este miércoles que es el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) quien tendrá que "pedir la ejecución de la sentencia" y "vigilar" su cumplimiento.

No obstante, también apuntaron que transcurridos los plazos legales establecidos, si la Generalitat no cumple la sentencia, el Abogado del Estado, en representación del Ministerio de Educación, podrá intervenir, dado que fue este ministerio, cuando gobernaba el PP, el que inició el proceso que ha culminado con la decisión del Tribunal Supremo.

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