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Botella cierra filas con la gestión de la Empresa Municipal de la Vivienda: "El Ayuntamiento cumplió la ley"

  • Defiende que "se respetaron todos los derechos" de los inquilinos y que todo se hizo "conforme a derecho"
  • Botella ha declarado como testigo en el juicio por la venta de 1.860 viviendas protegidas a un fondo de inversión en 2013

Por
Ana Botella
La exalcaldesa del PP Ana Botella ha declarado como testigo en el juicio por la venta de 1.860 viviendas protegidas a un fondo de inversión en 2013. EFE/ Fernando Alvarado

La exalcaldesa de Madrid Ana Botella ha cerrado filas con la gestión de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) en lo relativo a la venta de 1.860 viviendas protegidas a un fondo de inversión en 2013 al defender que el equipo directivo cumplió con la legalidad y con el objetivo de mantener el fin social y que se protegieron los derechos de los inquilinos.

"Se respetaron todos los derechos de los arrendatarios", ha declarado como testigo en el juicio que se celebra por el presunto expolio de vivienda social a preguntas del letrado Mariano Benítez de Lugo, abogado que representa a la Asociación de Afectados por la Venta de la EMVS.

Mientras comparecía, se han podido escuchar gritos de la veintena de afectados que se concentraba a las puertas de la Audiencia Provincial de Madrid para exigir responsabilidades a la que fuera alcaldesa de Madrid entre 2011 y 2015, época en la que se desarrolló este proceso de enajenación.

"El equipo directivo cumplió todos los objetivos que marcaba la ley entre ellos mantener el fin social", ha asegurado. "La situación era desoladora. La EMVS no podía pagar las nominas ni proveedores y no podía acceder a créditos", ha relatado en la misma línea con lo manifestado por el principal acusado en la causa, el exconsejero delegado de la EMVS Fermín Oslé.

Es la primera vez que la exdirigente popular se pronuncia sobre la enajenación de viviendas, manifestado al respecto que "todo se hizo conforme a la legalidad" y que se respetaron "todos los derechos de los inquilinos". "El Ayuntamiento de Madrid lo único que hizo es cumplir la Ley", ha insistido.

Botella ha explicado que el consejo de administración de la EMVS adoptaba las decisiones y la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid, constituida en Junta de Accionistas, aprobaba algunas.

A preguntas de Benítez de Lugo, ha señalado que gracias al plan de viabilidad "confeccionado y diseñado" por el equipo directivo, hoy "la EMVS pervive y sigue cumpliendo con su objetivo social". "Gracias a ese plan, hoy pervive la empresa manteniendo a sus trabajadores y cumpliendo además su fin social. Había una situación desoladora", ha reseñado.

"Gracias a eso, después de ocho años, la EMVS ha seguido funcionando y cumpliendo su fin social, gracias al plan de viabilidad del equipo directivos", ha reiterado.

El abogado de la EMVS ha preguntado si se cercioraron de si se subrogaron las condiciones a las que tenían los inquilinos, a lo que ha respondido que "se cumplió con la ley". "Con el cumplimento de la ley, siempre, siempre, se subrogan y en este caso, también", ha apostillado.

Largo recorrido del caso

Botella, al igual que hicieron otros cargos del PP, se negó a comparecer en la Comisión de Investigación sobre la deuda y las políticas públicas del Ayuntamiento de Madrid, donde estaba llamada a comparecer para abordar este asunto.

En junio de 2011, el Tribunal Supremo absolvió a Botella y a siete miembros de su equipo por la citada venta al desestimar una queja que planteó la exedil socialista Mercedes González contra el Tribunal de Cuentas por impedirla recurrir el asunto en calidad de vecina.

En la vertiente económica del caso, el Tribunal de Cuentas revocó una sentencia condenatoria y exoneró a la exalcaldesa y a siete miembros de su equipo. La sentencia revocada condenaba a los acusados a abonar solidariamente de sus bolsillos 22,7 millones de euros.

En la primera sesión del juicio, los Afectados por la Venta de Viviendas de la EMVS lamentaron que la exdirigente popular no se sentara en el banquillo de los acusados al considerar que tuvo "bastante responsabilidad" en la operación.

En concreto, aludían a que el 20 de junio de 2013 el Ayuntamiento de Madrid aprobó en Junta de Gobierno, presidida entonces por Botella, la venta de 1860 viviendas de protección oficial al fondo Blackstone-Magic Real Estate, tras haber valorado 4 ofertas de empresas. La exalcaldesa manifestó en un pleno posterior que "sólo cambiaba el propietario".

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