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Operación Taula

La Fiscalía pide 15 años de prisión para Alfonso Grau y una multa de 146.000 euros al PP por blanqueo en Valencia

  • Considera culpables a un total de 49 personas, en su mayoría concejales y asesores durante la etapa de Rita Barberá
  • Se les acusa de blanqueo, malversación de caudales y cohecho, mientras que al PP se le juzga como persona jurídica

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Alfonso Grau y Rita Barberá en 2015, en una imagen de archivo
Alfonso Grau y Rita Barberá en 2015, en una imagen de archivo EFE/Manuel Bruque

La Fiscalía Especial contra la Corrupción reclama penas que van desde los 4 a los 15 años de prisión por delitos de blanqueo, malversación y cohecho para medio centenar de ediles y colaboradores del PP de Valencia durante la etapa de Rita Barberá, entre ellos la máxima pena a quien fuera su "mano derecha", Alfonso Grau, y una multa de 146.000 euros para el PP en calidad de persona jurídica.

Según consta en el escrito de acusación de 92 folios, al que han tenido acceso Efe y Europa Press, se considera culpables de un delito de blanqueo a 49 personas, en su mayoría concejales, exconcejales, asesores y exasesores del PP de Valencia, y también al PP como persona jurídica. Todo ello, en el marco de la conocida como Operación Taula, por la que se investiga la supuesta financiación ilegal de las campañas electorales de los años 2007, 2011 y 2015, así como el presunto blanqueo de fondos con el método del "pitufeo", por el que cada uno de los acusados ingresaban 1.000 a la cuenta del partido que después les habrían sido devueltos en mano.

Entre los acusados, la Fiscalía reclama 15 años de prisión al que fuera vicealcalde y mano derecha de Rita Barberá en el Ayuntamiento de València, Alfonso Grau, por supuestos delitos de blanqueo, malversación de caudales y cohecho; entre ellos, haber desviado 1,8 millones de euros de fondos públicos a campañas electorales. Asimismo, pide siete años de prisión para la exsecretaria del grupo municipal 'popular' y exedil, María del Carmen García Fuster; y cinco para el exconcejal y responsable de Centro de Estrategias y Desarrollo, Eduardo Santón, y para el exresponsable de Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, José Salinas.

Además, la Fiscalía atribuye un delito de blanqueo al PP, por el que solicita una multa de cuatro años, con una cuota de 100 euros diarios (146.000 euros). 

El germen de esta pieza judicial tiene su origen en el conocido como 'caso Imelsa', que se destapó al descubrir irregularidades en la gestión de la empresa pública del mismo nombre, dependiente de la Diputación de Valencia, y se ha extendido hasta desarrollarse en una decena de piezas en las que se investigan corruptelas en el Ayuntamiento, la Diputación y la Generalitat durante sucesivos gobiernos del PP.

"Una operativa criminal de entregas de dinero"

La investigación, según detalla el fiscal, "ha permitido desentrañar una operativa criminal de entregas de dinero por empresarios con fuerte vinculación contractual con el Ayuntamiento de Valencia, así como el desvío de fondos públicos provenientes de fundaciones creadas en el seno de dicho Ayuntamiento". También "la obtención y disposición de dinero en metálico de procedencia ilícita vinculada a dádivas, premios, gratificaciones o regalos (...) gestionados en parte en efectivo y en parte a través de una cuenta que permanecía oculta a cualquier control financiero del PP o de la Intervención".

Unas operativas que permitieron, supuestamente, al PP de Valencia presentarse a las elecciones municipales de los años 2007, 2011 y 2015 abonando gastos electorales al margen de la contabilidad oficial, la que supervisaba el Tribunal de Cuentas.

El fiscal detalla en un extenso escrito toda la operativa que supuestamente siguieron los máximos responsables del PP municipal en los tres citados periodos electorales para la recaudación de donaciones ilícitas a empresarios contratistas del Ayuntamiento, o el desvío de fondos de empresas y fundaciones financiadas en su totalidad por las arcas públicas. Todo ello, añade, "por la obtención de beneficios o contratos en el Ayuntamiento de Valencia, dada la mayoría absoluta que ostentaba el Partido Popular, que había generado un sistemático clientelismo".

El fiscal se refiere a Rita Barberá como la responsable de haber "colocado" al frente de las finanzas del PP municipal a la acusada Mari Carmen García Fuster, la persona que manejó la cuenta, en la que también estuvo autorizado Alfonso Grau, que fue utilizada por los acusados "para burlar" dos leyes orgánicas, la de Financiación de Partidos Políticos y la de Régimen Electoral General.

"Dicha cuenta era empleada al antojo del grupo municipal popular y se encontraba al margen de la contabilidad del Partido Popular, y por consiguiente de cualquier fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas", detalla Anticorrupción. En ella se ingresaban "cantidades en metálico, unas de procedencia conocida, aunque ilegalmente ingresadas, y otras de procedencia ilícita que provenían de comisiones o gratificaciones", apunta el fiscal, quien advierte de que el PP carecía de "un sistema efectivo de control que permitiese impedir el descontrol financiero y económico existente".

El método del "pitufeo"

En el periodo previo a las elecciones de 2015, "como habían venido haciendo al menos en 2007 y 2011, decidieron utilizar un mecanismo clásico en operativas de blanqueo de capitales" denominado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como "smurfing/strucking" ("pitufeo"). Así, "emplearon a un número reducido de personas para que hiciesen aportaciones dinerarias fraccionadas (1.000 euros) para no levantar sospechas en los reguladores financieros y de esta forma poder introducir en el circuito financiero el dinero metálico proveniente de las comisiones".

"Como es normal en este tipo de operaciones delictivas, la opacidad, el silencio se impone en los partícipes", pero en estas elecciones (2015), "debido a los problemas judiciales que tenía (el caso Nóos), Alfonso Grau abandonó todos sus cargos en el Consistorio y el partido". En aquel momento la Fiscalía recibió un sobre anónimo en el que se denunció que "el nuevo recaudador, Alfonso Novo (entonces concejal en el equipo de gobierno de Barberá), está realizando dicha operativa delictiva".

"De esta forma, bajo la apariencia de realizar una aportación voluntaria, los concejales y asesores municipales, incluyendo a Rita Barberá, fueron ingresando la cantidad de 1.000 euros en la cuenta del partido, los cuales les eran devueltos en dos billetes de 500 euros por Mari Carmen García Fuster", lo que sucedió, según detalla el fiscal, entre los días 23 de marzo y 16 de abril de 2015.

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