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Los abortos voluntarios cayeron casi un 11% en 2020 respecto al año previo a la pandemia

  • El descenso se dio en todas las comunidades autónomas y en todos los grupos de edad, marcado por la pandemia
  • El 85% de los centros que practicaron interrupciones voluntarias del embarazo fueron privados

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Una mujer se somete a una ecografía
Una mujer se somete a una ecografía.

Las interrupciones voluntarias de embarazo (IVE) cayeron en 2020 hasta las 88.269, un 10,97% menos con respecto al año anterior, cuando llegaron a registrarse 99.149. Así, la tasa de abortos se sitúa en 10,30 por cada 1.000 mujeres entre 15 y 44 años, frente a los 11,53 de 2019, según se desprende del Registro Estatal de IVE publicado este martes por el Ministerio de Sanidad, coincidiendo con el Día Mundial del Aborto Seguro.

Tal y como se apunta desde la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, esta disminución podría deberse a la "situación excepcional causada por la pandemia" provocada por la COVID; un descenso que se produjo en todas y cada una de las comunidades autónomas y en todos los grupos de edad.

Como indica, la mayor parte de las IVE tiene lugar durante las primeras semanas del embarazo. Así, el 71,85% de las mismas se registraron antes de la octava semana de gestación, mientras que sólo el 0,18% se produjo más allá de la vigésimo tercera semana. En cuanto al uso de anticonceptivos, según los datos el 41,31% no utilizaban ninguno.

En cuanto al motivo de la interrupción, la inmensa mayoría (el 90,87%) fue a petición de la mujer, el 5,73% por grave riesgo para la vida o la salud de la mujer y el 3,1% por riesgo de graves anomalías en el feto.

El 85% de los centros que practican abortos son privados

Por otro lado, las 88.269 interrupciones incluidas en el Registro Estatal fueron realizadas en un total de 207 centros autorizados, siendo el 84,51% de los mismos centros privados y el 15,49%, centros públicos. Del total, de centros que practicaron IVE, el 87,25% son extrahospitalarios.

Por comunidades autónomas, Cataluña (13,44), Asturias (12,03), Baleares (11,87), Murcia (11,25), Madrid (10,94), Canarias (10,88) y Andalucía (10,85) son las que presentan las tasas más altas por 100.000 habitantes, mientras que Ceuta y Melilla (1,94), Galicia (5,71) y la Rioja (5,86) son las que ofrecen las cifras más bajas.

El 64,41% de las mujeres que decidieron poner fin a su embarazo en 2020 no habían abortado anteriormente, mientras que el 23,14% de ellas ya había tenido un aborto voluntario.

Más de la mitad de las mujeres (el 52,32%) eran trabajadoras por cuenta ajena, un 23,22% no tenían empleo y un 11,35% estaban estudiando.

Un 45,82% tenían ya uno o dos hijos, mientras que el 45,62% no tenía ninguno. Entre las mujeres con hijos que abortaron en 2020, un 25,44% vivían con su pareja y un 8,91% solas. Por su parte, entre las que no tenían hijos, un 20% vivía con sus padres u otros familiares, un 13,89% en pareja y un 8,47 solas. Y sobre el nivel de estudios, el 66,21% tenía estudios de ESO, Bachillerato o ciclos de FP equivalentes.

El quirúrgico fue el método más empleado para la interrupción del embarazo (76%), frente al farmacológico (20,8%). En cuanto a la nacionalidad de las mujeres, la mayoría de ellas (el 65,8%) eran españolas. Un 13,92% procedía de algún país de América del Sur, un 6,46% de algún país de la Unión Europea, un 5,21% de América Central y Caribe y un 4,99% de África.

Un registro de objetores de conciencia

Este martes, el ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero, ha confirmado a RTVE.es su intención de crear un registro de objetores de conciencia para blindar el derecho al aborto libre y gratuito en la Sanidad Pública, ya las mujeres que quisieron someterse a un IVE en cuatro comunidades (Madrid, Extremadura, Castilla La Mancha, Murcia. Tampoco las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en 2020 no pudieron hacerlo en ningún centro público.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad tiene entre sus prioridades seguir impulsando la Estrategia de Salud Sexual y reproductiva en un trabajo conjunto con las comunidades y ciudades autónomas y las sociedades científicas y asociaciones. Esta Estrategia incluye la prevención de embarazos no deseados y la promoción de la planificación familiar.

"El Departamento que dirige la ministra Carolina Darias tiene el firme propósito de seguir garantizado el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública, mejorando el acceso de esta prestación en el Sistema Nacional de Salud, al tiempo que valora el trabajo que desarrollan todas y todos los profesionales sanitarios dentro y fuera del Sistema a favor de la salud y la seguridad de las mujeres", advierte en una nota.